Energía dejó trascender que la decisión de interrumpir la obra se debe a que el proyecto contenía una serie de irregularidades heredadas del kirchnerismo, pero antes de acordar con el FMI habían convocado a una licitación para avanzar.

El ajuste fiscal llegó al Gasoducto del Noreste (GNEA). El Gobierno no finalizará la obra, prevista para importar gas desde Bolivia y proporcionar el servicio de gas de red al nordeste argentino. Con esta decisión, las provincias perjudicadas son Corrientes, Misiones y Formosa. La Secretaría de Energía, conducido por Javier Iguacel, dejó trascender que la decisión de interrumpir la obra se debe a que el proyecto contenía una serie de irregularidades heredadas del kirchnerismo y que además la importación de gas boliviano pierde sentido con las posibilidades que ofrece Vaca Muerta. Sin embargo, esas supuestas irregularidades no impidieron que el año pasado la propia administración Cambiemos convocara a una licitación para avanzar con la obra, licitación que se encaminaba a ganar Techint por la descalificación de sus oponentes. Lo que llevó al gobierno a cambiar fue la decisión de profundizar ajuste fiscal a pedido del Fondo Monetario Internacional.

El GNEA suponía encauzar la provisión de gas de Bolivia desde el gasoducto Juana Azurduy a través de Campo Durán (Salta), Formosa y después bajar en paralelo a la ruta nacional 11, pasar la frontera chaqueña y conectarse con todo el norte de Santa Fe. Para las comunidades del norte del país implica la esperanza de contar con gas de red y dejar de utilizar las garrafas, que son caras y peligrosas.

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Mario Dell’Acqua, titular de IAESA (sustituta de Enarsa), confirmó que el Gobierno decidió proveer de gas desde el sur a Santa Fe y Chaco, hasta donde llega actualmente el gasoducto en su red troncal (no están terminadas las conexiones locales). En cambio, Corrientes, Misiones y Formosa, que faltan atravesar según el trazado original para llegar a Bolivia, quedarán sin acceso a ese servicio público. De este modo, el gasoducto troncal del GNEA se limita al trecho Santo Tomé (Santa Fe)- río Bermejo (Chaco).

El Gobierno justifica el freno al proyecto a partir de supuestas irregularidades y de la necesidad de la Justicia de investigar a empresas participantes del proyecto en el marco de la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. También se paralizaron obras de aproximación desde el gasoducto troncal hacia localidades del interior del Chaco. Sin embargo, a pesar de que las supuestas irregularidades del proyecto están en boca de Cambiemos desde hace mucho tiempo, recientemente el Gobierno organizó una licitación para la construcción del tramo Salta-Formosa, que estaba encaminada a quedar en manos de Techint, de Paolo Rocca.

El gran problema para la continuidad del gasoducto es el ajuste fiscal al que se comprometió el gobierno para satisfacer las exigencias de los “mercados”. Según los números que el Gobierno presentó la semana pasada ante el FMI, los gastos de capital previstos para este año son de 219.108 millones de pesos (1,6 por ciento del PBI), mientras que para el año próximo se prevé un desembolso de 160.202 millones (0,9 por ciento del PBI). La caída nominal proyectada es de 58.906 millones de pesos, un 27 por ciento menos que este año, pero en términos reales la caída será del 46 por ciento. Incluso los 219.108 millones previstos parecen de difícil cumplimiento este año: entre enero y junio la inversión real directa, transferencias de capital e inversión financiera sumaron desembolsos por apenas 87.000 millones de pesos.

Martes, 11 de septiembre de 2018