Ocho provincias argentinas, entre ellas Corrientes siguen sin sancionar un protocolo para abortos no punibles a pesar de que pasaron dos años y medio desde que la Corte Suprema de Justicia instó a las 24 administraciones a reglamentar un procedimiento para este tipo de casos. A raíz de ello, legisladores de distintas fuerzas se unieron para llevar a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para reclamar que se cumpla con la disposición de la Corte. El debate por el aborto y el caso emblema de la ciudad de Buenos Aires.

En concreto, son Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca y San Juan las provincias que hasta diciembre de 2013 aún no habían sancionado los protocolos hospitalarios correspondientes, según la Asociación de Derechos Civiles. En varias de ellas, el catolicismo sigue siendo imperante (la zona del NOA, por ejemplo, es donde más se profesa la religión católica, según una investigación realizada en 2008 por el CONICET), lo que representa un impedimento aún en los casos no punibles, es decir, por violación o demencia de la embarazada.

En mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia dictó en el caso “F., A. L s/ medida autosatisfactiva” que las provincias deben implementar los protocolos hospitalarios para la efectiva atención de los abortos no punibles en Argentina y para asistir integralmente a las víctimas de violencia sexual. Desde entonces, 16 de las 24 administraciones (las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires), se ajustaron a derecho, mientras que las ocho restantes siguen sin sancionar procedimiento alguno.

A raíz de ello, la diputada nacional Carla Carrizo (Suma+ UNEN) presentó junto a Manuel Garrido (UCR), Alicia Ciciliani, Gabriela Troiano (Partido Socialista), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Claudio Lozano (Unidad Popular), Néstor Pitrola y Nicolás Del Caño (FIT) un proyecto de resolución para instar a las provincias a que cumplan con la disposición de la Corte.

En la ciudad de Buenos Aires, el aborto no punible despertó la polémica en 2012 cuando el jefe de Gobierno Mauricio Macri, vetó la ley para regular la interrumpción de embarazos en casos no punibles sancionada en la Legislatura porteña. No obstante, en 2013 el juez Roberto Gallardo declaró inconstitucional el decreto de Macri, por lo que el reglamento votado por los legisladores se puso en vigencia.

En Salta, esta semana, el 29 Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) llevó la discusión más allá y reclamó la aprobación de un proyecto de ley para la legalización del aborto en todos los casos.

Miércoles, 15 de octubre de 2014