Funcionarios municipales y Natalia Romero, madre de la niña, detallaron las acciones que realizarán para impulsar en la Provincia de Corrientes la conformación de un Plan de Protección Integral que se aboque a la asistencia y reinserción familiar de chicos fugados.

“No se los puede aislar en un instituto o en una comisaría, hay que buscar mecanismos de vinculación en un espacio de contención y nunca en lugares de alojamiento porque allí siempre hay presencia policial” señaló el abogado Hermindo González, defensor de la familia Romero y asesor del Instituto Municipal de Promoción de los Derechos Humanos. Funcionarios municipales garantizaron acompañamiento a la familia en las instancias que sean necesarias para aclarar los hechos que ponen en duda la hipótesis de suicidio de la joven.


Organismos dependientes de la Secretaría de Coordinación General y la Subsecretaría de Coordinación Políticas Sociales de la Municipalidad de Corrientes, brindaron este jueves 2 de septiembre una conferencia de prensa junto a Natalia Romero, madre de la niña Micaela Romero que se presume fue violada en una comisaría y luego hallada muerta en un orfanato tras haberse alejado de su hogar.



Las autoridades municipales expusieron su posicionamiento frente al hecho ocurrido la semana pasada y comentaron que junto a la madre de la menor se encuentran a la espera de los resultados de la nueva autopsia de la que “podrían surgir más datos, de los que ya existen, que hagan presumir la existencia de algún delito sobre la niña”, dijo el abogado la familia y asesor del Instituto Municipal de Promoción de los Derechos Humanos, Hermindo González.



Hermindo González, que también integra la Red Infancia Robada, junto a Natalia Romero; la Subsecretaria de Coordinación de Políticas Sociales del Municipio, Dra. Mirian Sosa; el Director del Instituto Municipal de Promoción de los Derechos Humanos, Miguel Ángel Miño; y la Directora de Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Gómez; instaron a crear en la Provincia de Corrientes un protocolo de actuación específico para el tratamiento de casos de niños y niñas fugadas de su hogar.



Se trata de un Plan de Protección Integral de Derechos de Niños/as, Adolescentes y sus Familias que “reconvierta el sistema de institucionalización de niños, donde no haya intervención policial en el proceso, y que cuando exista una denuncia de fuga haya un gabinete interdisciplinario que se aboque a la búsqueda y que a la vez brinde asistencia no sólo al fugado sino también a su familia”, explicó Hermindo González.



El abogado indicó que un menor “que se va de su casa, por diferentes motivos, lo coloca en una situación de vulnerabilidad absoluta; entonces este gabinete interdisciplinario cuando recupera al niño fugado debe darle contención y generar inmediata revinculación con la familia. No se los puede aislar en un instituto o en una comisaría, hay que buscar mecanismos de vinculación en un espacio de contención y nunca en un espacio de alojamiento porque allí siempre hay un tratamiento policial”, argumentó.



Además el Plan contempla la revisión en un plazo máximo de 30 días -por parte de los demandados- de la situación particular de cada uno de los niños, niñas y adolescentes separados de su grupo familiar; para presentar las acciones destinadas a la revinculación y protección de los derechos de los menores de acuerdo a lo establece la Ley Nacional Nº 26.061.



Respecto de las circunstancias y/o motivos por los que la menor Micaela Romero se alejó de su hogar, la Subsecretaria de Coordinación de Políticas Sociales del Municipio, Dra. Mirian Sosa, aclaró que “si bien es importante conocerlas, no es momento de poner en el centro de la escena el comportamiento de la joven”.



“Debemos focalizarnos en la desprotección de los chicos cuando son judicializados, ese es el punto, preguntarnos por qué la mandan a un hogar en el que no existe ningún tipo control”, remarcó la funcionaria municipal.



Para el asesor legal del Instituto Municipal de Promoción de los Derechos Humanos se trata de “una causa bisagra que pone al sistema judicial provincial de cara a la sociedad correntina, demostrando que no lleva adelante ningún tipo de control de qué ocurre en el interior de esos lugares. Por eso hay que analizar en profundidad de quiénes son las responsabilidades funcionales en este caso, para que esto no vuelva a ocurrir con otra persona”, agregó González.



ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL A LA FAMILIA ROMERO


Las autoridades municipales manifestaron “acompañamiento incondicional” a la familia de Micaela Romero en todas las instancias judiciales que sean necesarias para aclarar las circunstancias de la muerte, que ponen en duda la hipótesis de suicidio de la joven. De hecho el abogado defensor comentó que están “a la espera de la nueva autopsia” de la que podrían surgir nuevas pruebas.



“En razón de la presión que generó la familia y que generamos a través del Instituto Municipal de Promoción de los DD.HH. e Infancia Robada, y en virtud de lo que establece el protocolo para víctimas de delitos contra la integridad sexual; logramos que se vuelva a realizar una autopsia al cuerpo de la menor”, manifestó Hermindo González.



Por eso aclaró que la primer autopsia de la causa de la muerte “indicó asfixia por ahorcamiento”, pero que a raíz del informe verbal que le dieron los especialistas a la madre y al abogado; cuando retiraron el cuerpo y que por sus características físicas “surge la imposibilidad de un suicidio”.



Ante ello González esgrimió que es “una muestra clara de que este lugar no es seguro” y consideró que “la principal responsable de controlar lo que sucedía era la Jueza Irma Domínguez, quien primero ordenó el alojamiento en una comisaría, donde habría sido violada, y luego en una institución”.



“También hay otras responsabilidades inferiores que surgen de la aplicación de las directivas que emanan del juzgado y que estarían implicadas directamente en los hechos, que deben ser investigadas”, finalizó el abogado penalista.

Viernes, 3 de octubre de 2014