El secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, aseguró que "la justicia federal ordenó la inmediata reincorporación de los 36 trabajadores despedidos en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán".

En una conferencia de prensa realizada esta tarde en el Auditorio de la sede sindical de Sarmiento 341, Palazzo también explicó que el Secretariado General Nacional solicitó para la semana próxima una reunión al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para analizar junto con los presidentes de las cámaras empresarias "la realidad creada por la aplicación del injusto impuesto a las ganancias".




"El gremio aceptó la reunión para la semana próxima y deben participar, además de Tomada, los titulares de las cámaras y un representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Hay que analizar la realidad creada por el impuesto a las ganancias", señaló Eduardo Berrozpe, secretario de Prensa.

El dirigente aseveró que también "se impone analizar en ese encuentro de partes el incumplimiento de los acuerdos salariales suscriptos" en paritarias y expresó que de no producirse decisiones sobre ganancias "los bancos deberían hacerse cargo".

"Los bancos deberían hacerse cargo de ese impuesto de no haber soluciones a los reclamos gremiales. De lo contrario, el sindicato exigirá la reapertura de las paritarias a partir del impacto que ese injusto tributo tiene sobre los salarios", afirmó.

Berrozpe también adelantó que si luego de ese encuentro y todas las gestiones realizadas no se ofrecen soluciones justas "el gremio y los trabajadores retomarán el plan de lucha".

En otro orden, los magistrados de cámara de la justicia federal Juan Fernández Madrid y Luis Raffaghelli ordenaron hoy la inmediata recincorporación de los 36 despedidos en la Caja.

La Bancaria fue notificada hoy de ese fallo, que tuvo "obvias consecuencias para toda la actividad en materia de libertad sindical y de garantí­as de los activistas", sostuvo Berrozpe.

La sentencia interlocutoria 37.249 de la Sala VI del juzgado 12 en los autos "Asociación Bancaria c/Caja Popular de Tucumán s/acción de amparo" indicó que esa figura "se inició para que la entidad financiera cese de inmediato en el ejercicio de prácticas antisindicales como el despido discriminatorio de 36 dependientes, que habrí­a adoptado como represalia por protestas gremiales".

El juez Fernández Madrid sostuvo en el fallo que esas protestas fueron implementadas por "las resoluciones adoptadas por la Caja, que pusieron en riesgo la estructura económica y financiera del ente y, como consecuencia, la fuente de trabajo de empleados".

"Se efectuó un relato sobre la situación precaria del personal contratado y se solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 769/12 y de las que discontinuaron contratos de la Caja de Tucumán como medida de acción antisindical", añadió.

El juez subrayó que entraría "en cuestión en el artículo 47 de la ley sindical que tutela a todo trabajador o asociación impedida u obstaculizada en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical y, en el caso, se traduciría en la posibilidad de expresar libremente su opinión en protestas contra actos del empleador, lo que aparece como violatorio de esa libertad".

También del artículo 53, inciso E, que considera prácticas desleales a las represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical.

Esos derechos prevalecen sobre los de orden patrimonial que puede invocar la Caja, siempre remediables cuando "la pérdida de los derechos sindicales sería definitiva y se proyectaría sobre otros derechos de igual rango constitucional", puntualizó.

El juez Raffaghelli sostuvo en su fallo que es relevante a los efectos de la solución que propicia el primer voto "las actuaciones labradas ante el Ministerio de Trabajo en los expedientes 15408484/12 y 1574366/13, obrando en ese último la nómina de los accionantes en autos como objeto del reclamo".

Añadió que el 16 de julio de 2013 Trabajo dispuso intimar a la Caja a abstenerse de adoptar represalias de ningun tipo con el personal representado por la Bancaria ni con ninguna persona.

El tribunal resolvió revocar la Resolución de fojas 73/74 e hizo lugar a la medida cautelar, ordenando a la Caja que reponga de inmediato en sus puestos de trabajo al personal en las mismas condiciones que antes de los despidos, bajo apercibimiento de "una multa de 30.000 pesos por cada día de demora".

Jueves, 10 de julio de 2014