Inquietud y malestar ge­neró en miles de adjudica­tarios que adeudan tres o más cuotas al Instituto de Vivienda de Corrientes (In­vico) las intimaciones que recibieron por parte del or­ganismo con amenazas de desalojo. En el documento, el ente provincial otorga un plazo de cinco días para sal­dar lo adeudado, caso con­trario procederá a iniciar los trámites de desadjudicación y ejecución de la hipoteca.

Esta acción fue criticada y calificada de “ilegal” por los referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “El Invico no puede enviar estas intimaciones sin antes haberse interiori­zado acerca de la situación de cada familia. Se trata de un organismo social y no de un banco recaudador. Antes de notificar sobre desad­judicaciones, debe enviar recordatorios, elaborar un plan de pago acorde a las po­sibilidades de cada familia”, comentó a NORTE de Co­rrientes, el referente de ATE en Invico, Juan Arnedo.
La entidad gremial, me­diante un comunicado ad­virtió que “además de in­constitucional, genera zozo­bra y temor en las familias, y hasta enfermedad en casos de personas adultas y que puedan estar padeciendo alguna enfermedad relacio­nada con los factores emo­cionales, hipertensión”.
Agregó que “es totalmen­te inhumano e insensible mandar estas intimaciones y amenazas a las familias adjudicatarias en momentos en que la situación econó­mica oprime cada vez más a la gente, sobre todo a aque­llas familias con trabajos precarios, cuentapropistas, con bajos salarios, madres solteras, desocupados, jubi­lados. En una provincia con uno de los salarios más ba­jos del país, sin industrias, y con más del 50 por ciento de los trabajadores en negro”.
Señala asimismo que “el Invico pretende tapar con esta política hostil hacia la gente, la falta de construc­ción de viviendas, mientras más de 42.000 familias ins­criptas siguen esperando una solución habitacional”.
Por su parte, Arnedo re­saltó que el nivel de recupe­ro financiero del organis­mo de vivienda estatal no mejora con estas medidas, si no por el contrario es mayor el gasto que de­manda implementarla. “El Invico debería ocuparse en gestionar fondos para construir más viviendas y así atender a una demanda que se incrementa en la pro­vincia y no a atacar a las fa­milias. Pero esa es la política que aplican”, dijo.s

Lunes, 7 de julio de 2014