El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó una serie de recursos de casación presentados por el ex gobernador Raúl “Tato” Romero Feris y confirmó la sentencia de cuatro años y seis meses de prisión por un hecho de peculado cometido en su paso por la Intendencia de la capital.

De acuerdo con lo informado hoy por la corte provincial el rechazo a los recursos de casación lleva la firma del presidente del máximo estrado provincial Guillermo Horacio Semhan, y de los ministros Martha Altabe de Lértora y Héctor Cornejo.

De esa manera fueron rechazadas las presentaciones de la defensa de los condenados Raúl Rolando Romero Feris y de su ex compañera de fórmula en la intendencia Lucía Plácida Ortega, con lo que fue confirmada la sentencia condenatoria como coautores del hecho.

Se trata de una condena a la pena de cuatro años y seis meses de prisión con inhabilitación perpetua por la comisión del delito de peculado y acción civil resarcitoria a favor de la Municipalidad de Corrientes, por la suma de 420.000 pesos más intereses.

En el caso, que tuvo sentencia de un tribunal oral en octubre de 2011 y es conocida como “Causa Santa Catalina”, se investigó el desvío de unos 420 mil pesos que debieron ser destinados a obras en centros de evacuados por inundaciones durante su último periodo en la intendencia de Corrientes, de 1997 a 1999.

Ahora, tras la presentación de recursos de casación, para el alto tribunal de la provincia quedó demostrado que “los acusados procedieron a la toma de dinero público, que -pese a lo pretendido por la defensa de Romero Feris- sí estaba bajo la administración y custodia de los encausados”.

Consideraron que el tribunal oral penal transmitió en base a las pruebas colectadas cual fue la conducta desplegada por los acusados: la condenada efectuó una rendición de cuentas con facturas que se comprobaron falsas, las obras no se realizaron, que se intentó justificar la ausencia del dinero, cada uno cumpliendo su rol, dentro de la intendencia capitalina.

Asimismo, los jueces del Superior Tribunal indicaron que el dinero “fue habido y manejado” en forma “irregular y antirreglamentaria” y que en tanto al ser votado como intendente “el poder de discrecionalidad que se le otorga no incluye el uso arbitrario de los caudales públicos”.

Jueves, 15 de mayo de 2014