Mediante una resolución judicial, el Superior Tribunal de Justicia rechazó una ape­lación del Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor) dejando firme la sentencia de cámara que obliga al or­ganismo a responder por los gastos de traslados, aloja­miento y pensión a un joven que recibió un trasplante he­pático y a su acompañante.

Tras la cirugía el joven se convirtió en persona dis­capacitada, debiendo tras­ladarse con regularidad al Hospital Italiano para efec­tuar controles rutinarios. Había requerido a la obra social el suministro de las prestaciones mencionadas, pero no obtuvo respuesta y a raíz de ello se inició la acción judicial.

El Ioscor adujo tras el pri­mer fallo, que conforme a la ley Nacional 22.431 los trasplantados no eran con­siderados discapacitados, y por lo tanto no podían dis­poner de los beneficios. El Superior Tribunal de Justicia finalmente decidió revocar­lo y ordenó a la obra social brindar en forma inmediata la cobertura solicitada.

Señaló que la medida au­tosatisfactiva procedía en situaciones como la denun­ciada, “donde la coyuntura colocaba a los justiciables en situación de debilidad” y destacó la trascendencia de los derechos cuya tutela se solicitó: la vida y la salud.

“El trasplantado nunca es dado de alta atento a que el tratamiento que debe cum­plir es de por vida, encon­trándose inmunodeprimido y, si bien su seguimiento estricto lo pueden llevar a la reintegración plena y com­pleta de la vida cotidiana, son necesarios exámenes y revisiones periódicas para controlar el funcionamien­to del órgano trasplantado y la ausencia de afecciones a causa de los medicamen­tos suministrados”, sostiene el fallo que se dio a conocer ayer por la mañana.

Allí se considera que esta­ba acreditado el carácter de afiliado del joven, y que en ese carácter requirió al Ins­tituto la cobertura de gastos de traslado, alojamiento y pensión; “que su condición de trasplantado hepático y de discapacitado también estaban acreditados con las historias clínicas y certifica­do de discapacidad”.

Por último, la Cámara indicó que en materia de protección integral de de­recho de las personas con discapacidad, el Estado argentino ratificó dos ins­trumentos internacionales de DD.HH.: “la Convención Interamericana de Elimina­ción de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. La Constitución Provincial brinda además protección a las personas con discapaci­dad y, la ley 24.901, a la que adhirió la Provincia de Co­rrientes instituye un siste­ma de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad”.


Miércoles, 12 de marzo de 2014