La Justicia Federal de Goya, tras un extenso proceso judicial, resolvió reconocer como veteranos de guerra a un grupo de tripulantes del buque ARA Cabo San Antonio, quienes participaron en el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982. La decisión, avalada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, otorga a los actores el derecho a percibir los beneficios previstos en la legislación vigente para los veteranos de guerra.

Superadas las cuatro décadas del conflicto, las prescripciones de la ley 23.848/90 siguen siendo objeto de controversia entre los poderes Ejecutivo y Judicial a la hora de interpretar quien debe ser considerado como excombatiente, la justicia dicto la resolución correspondiente que se haga cumplimiento a lo establecido por la justicia federal de Goya y cámara federal de apelaciones.

Desde ahora ya son excombatientes de Malvinas, algo que el estado tenia pendiente con ellos.

Los argumentos del caso.

La demanda, iniciada en 2019, se fundamentó en que los tripulantes del buque habían cumplido funciones esenciales durante el conflicto, incluyendo tareas de logística y apoyo en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). Según los reclamantes, dichas actividades los expusieron a riesgos reales de combate por Malvinas, lo que debería garantizar su inclusión en los registros oficiales de veteranos.

El fallo de primera instancia del Juzgado federal Goya respaldó esta postura, desestimando los argumentos de la Armada Argentina, que sostenía que los actores no habían participado en "combate efectivo". Este término, según los demandados, excluye a quienes no estuvieron en enfrentamientos directos.

Postura del Estado Nacional.

El Estado Nacional, a través de la Armada, apeló la decisión. Entre sus principales argumentos destacó que las normas vigentes establecen criterios estrictos para definir quiénes califican como veteranos de guerra. Además, cuestionó las evidencias aportadas por los reclamantes y negó que el buque hubiese estado en situación de riesgo de combate.

Sin embargo, la Cámara Federal de Corrientes rechazó esta apelación, concluyendo que el buque ARA Cabo San Antonio sí navegó en zonas consideradas de alto riesgo durante el conflicto. Este dato fue respaldado por informes oficiales y testimonios presentados durante el proceso judicial.

Implicancias del fallo.

El reconocimiento como veteranos de guerra implica que los reclamantes podrán acceder a beneficios sociales y económicos, tales como la pensión honorífica establecida en la Ley 23.848. Este fallo también podría sentar un precedente para otros casos similares, en los que se discute la definición de "combatiente" y la inclusión en los registros oficiales.

Un debate que continúa
El caso del ARA Cabo San Antonio reabre el debate sobre el alcance de las leyes que regulan los beneficios para veteranos. ¿Deberían incluirse aquellos que cumplieron funciones de apoyo bajo condiciones de riesgo? ¿Qué parámetros deben prevalecer al definir la veteranía?

Mientras tanto, los tripulantes celebran este triunfo judicial, que consideran un acto de justicia por su participación en la defensa de la soberanía argentina durante el conflicto del Atlántico Sur. "Es una gran emocion como correntinos poder ser parte de esta deuda que tenemos los Argentinos con nuestros héroes", comentaron desde la justicia.
El ARA Cabo San Antonio (Q-42) fue un buque de desembarco de tanques de la Armada Argentina. Fue puesto en gradas en 1967, botado en 1968 y entregado en 1971. Fue la nave de desembarco de la Operación Rosario en las Islas Malvinas (1982)