Mientras la Cámara Comercial confirmó que el Correo Argentino debe seguir intervenido por irregularidades, el grupo empresario del expresidente hizo una serie de presentaciones judiciales en busca de detener la investigación sobre el vaciamiento de la firma, su sospechosa relación con el Meinl Bank y otras maniobras.

La guerra de los Macri para evitar la quiebra del Correo Argentino y seguir sin pagar su deuda millonaria escala con ferocidad. Mientras la Cámara Comercial les rechazó un planteo y confirmó que la empresa debe seguir intervenida por irregularidades en el proceso del concurso de acreedores, ellos presentaron tres escritos en catarata con los que pretenden frenar la investigación que puso en foco las operaciones de vaciamiento de la firma, la relación sospechosa con el Meinl Bank (un banco austríaco investigado por lavado de dinero y al que se le quitó la licencia) que figura como su principal acreedor, y otras maniobras para manipular mayorías que necesitaría para salvarse. Las presentaciones intentan denostar a la fiscala de Cámara Gabriela Boquin y amenazan con llevar toda la discusión al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que pertenece a una jurisdicción ajena a la Justicia nacional, porque confían en que encontrarán aliados.

El Correo primero tuvo un coadministrador y luego la Justicia decidió su intervención ante la multiplicación de anomalías detectadas en el proceso concursal. La interventora actual, Flor Inés Farber, designada en marzo del año pasado, es sistemáticamente rechazada porque --entre otras cosas-- denunció manejos de la empresa con gastos dudosos que no sólo se remontan a tiempos pasados sino al año 2020. El Correo es una empresa que en los papeles está inactiva y tiene una gran deuda con el Estado y con privados, que se acerca a los 6000 millones de pesos. Por fuera de eso, fue multiplicando además un pasivo adicional que cuya magnitud no se pudo determinar. El fallo de la Cámara habla de al menos 191.997.055 pesos, parte del cual había sido ocultado hasta que fue designada una coadministración. En parte son deudas con las firmas del mismo grupo, Socma y Sideco, con las que surge una relación poco transparente, según señala el fallo. A eso se suman deudas impositivas que escalarían a 600 millones, señalados en un dictamen de Boquin en el que se apoya el tribunal.


"El dictado de la medida (la intervención), desde la visión de este tribunal, resulta adecuado a los efectos de controlar el desempeño de la deudora en este tramo del procedimiento de cramdown (salvataje) donde no debería aumentar el pasivo, por lo cual deben despejarse las situaciones que pudieran conducir a ello", dicen las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini. Y señalan "relaciones de la concursada con su accionista y exaccionista que en este estadio procesal necesitan ser controladas por el magistrado concursal a través de sus auxiliares, en este caso de la figura del interventor". En la actualidad está pendiente la definición del salvataje, y la posible declaración de quiebra por parte de la jueza de primera instancia, Marta Cirulli.

El acreedor principal es el Estado, y entre los privados es el controvertido Meinl Bank, que compró parte de la deuda del Correo entre 2005 y 2006: la Corporación Financiera Internacional le cedió su acreencia por 57,9 millones de dólares y el Banco Interamericano de Desarrollo hizo lo propio por 62,7 millones de dólares. Como gestora habría participado una offshore, también ligada a los Macri, llamada Mervet. Con la conformidad de ese banco austríaco quebrado y denunciado, el Correo de la familia del expresidente pretende pagar una sexta parte de su deuda real y salvarse de quebrar.

Todo esto es parte de lo que se ordenó investigar en la última resolución de la jueza Cirulli, además de los desvíos de dinero ligados con Socma y Sideco. Son todas operaciones que podrían demostrar un posible fraude concursal. Eso explica en buena medida que el mismo día que la Cámara decidió que continúe la intervención, el Correo a través de su presidente, Jaime Cibils Robirosa, y su apoderado, Jaime Kleidermacher --ambos imputados en Comodoro Py en la causa donde se investigan posibles delitos en el acuerdo sellado en 2016 para licuar la deuda de la empresa postal--, presentó tres escritos que pretenden frenar esa investigación crucial. Uno, de hecho, se titula "suspensión de las medidas de investigación". Como es habitual, cuestionan a la fiscala Boquin, que fue quien denunció el posible pacto espurio con Mauricio Macri de los dos lados del mostrador, para que la empresa fuera eximida del 98,87 por ciento de la deuda. Dicen que se excede en sus funciones, que los perjudica y que su último dictamen se emparenta con la "prensa amarilla". Ellos --que desde hace dos décadas dilatan con colaboración judicial el concurso-- dicen tener un comportamiento ejemplar.

La recusación contra Boquin, la llevaron al Tribunal Superior de la Ciudad, pese a que pertenece a la Justicia porteña, y es ajeno a la nacional, a la que pertenece el fuero comercial. Es porque se trata de una corte integrada por una mayoría afín al macrismo. Ahora amenazan con llevar allí también toda la discusión sobre la investigación de las irregularidades que se les adjudican en el concurso.

Jueves, 10 de junio de 2021