La existencia de “fichas” de 597 funcionarios públicos, tanto en actividad como jubilados, definidos como “antifascistas”, confirmaría la persecución política e ideológica de los adversarios.

En medio del torbellino que vive Brasil – al mediodía se supo que el número de infectados por la covid-19 superó los dos millones 400 mil, y el de víctimas fatales se acercó a 90 mil –, surgieron nuevas y graves denuncias contra el ultraderechista Jair Bolsonaro.

La más contundente fue la presentación, en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, de un documento que acusa a Bolsonaro de haber cometido “crimen contra la humanidad y genocidio”. Presentada en la noche del domingo, la denuncia trae un peso extra: viene firmada por un millón de trabajadores en el sector de Salud, de enfermeros a médicos. Aunque el Tribunal de La Haya tarde meses en decidir si acepta juzgar denuncias recibidas, la repercusión ha sido muy fuerte y podrá traer consecuencias.

Los 64 folios del documento están repletos de acusaciones detalladas y de ejemplos impactantes. Su divulgación contribuye para corroer aún más la ya ultra-desgastada imagen del ultraderechista y del país.

Hoy hay otra denuncia contra el gobierno brasileño, esta vez en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigiendo inmediatas informaciones y providencias.

Se trata de algo que fue creado en tiempos de Sergio Moro, el ex juez que condenó Lula da Silva en un juicio manipulado facilitando la elección de Bolsonaro, de quien luego fue ministro de Justicia: la SEOPI (Secretaría de Operaciones Integradas), un servicio de inteligencia paralelo a los previstos por la Constitución y la legislación vigente.

Luego de la salida de Moro del gobierno, el sucesor, André Mendonça, transformó la SEOPI en secretaría Nacional. De esa manera se consolidó parte del deseo expresado en reiteradas ocasiones por Bolsonaro: tener un esquema de inteligencia bajo su control directo.

La revelación de las verdaderas actividades del SEOPI surgió a través del periodista Rubens Valente, del grupo vinculado al diario Folha de S.Paulo.

Valente reveló la existencia de intimidadoras “fichas” idénticas a las de los órganos de represión de la dictadura militar (1964-1985) tan defendida por Bolsonaro y los uniformados esparcidos por su gobierno, con nombres, fotos y direcciones en las redes sociales de 597 funcionarios públicos, tanto en actividad como jubilados, definidos como “antifascistas”.

Entre los nombres revelados llamaron la atención los de Luis Eduardo Soares, quien ocupó el puesto de secretario nacional de Seguridad Pública en el primer gobierno de Lula da Silva (2003-2006) y fue uno de los guionistas de la película “Tropa de Elite”, y principalmente el del embajador Paulo Sergio Pinheiro, ambos profesores universitarios.

Además de haber ocupado la secretaría nacional de Derechos Humanos durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Pinheiro integró la Comisión de la Verdad instituida durante el mandato de la ex presidenta Dilma Rousseff. Nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, preside desde 2011 la comisión independiente de la organización sobre derechos humanos en Siria.

La revelación de la existencia de ese dossier confirma algo que se insinuaba desde la llegada de Bolsonaro a la presidencia: la creación de un aparato estatal destinado a persecución política e ideológica de adversarios. Es fácil suponer la existencia de otros dossiers cuyo blanco sean intelectuales, artistas, periodistas, activistas sociales y ambientales y, claro, políticos opositores.

Al conocer la actividad de la SEOPI, Paulo Sergio Pinheiro se dijo “absolutamente perplejo”, y pidió una inmediata investigación tanto por parte de la Fiscalía como del Congreso.

Luego de trazar la inevitable comparación con los tiempos de la dictadura, Pinheiro ironizó: “Todo lo que hablo y escribo es público. Además de ilegales, esas prácticas ahora son inocuas. ¿Por qué gastar recursos con funcionarios para espiarme?’.

Ya llegaron al Supremo Tribunal Federal pedidos de investigación, incluyendo que se averigüe la existencia de otros dossiers. El gobierno, por su parte, optó por declaraciones formales, que no dicen ni justifican nada.

Con relación a la denuncia presentada en La Haya, la reacción de Bolsonaro, acorde a sus auxiliares directos, no trajo ninguna sorpresa: dijo que el tema no está en la “pauta presidencial”. Para los que rodean al ultraderechista, “no es hora de darle atención a eso. Si la denuncia es aceptada, entonces el presidente sabrá contestar las acusaciones”.

Martes, 28 de julio de 2020