Como si fueran penitentes, centenas de militantes bolsonaristas desfilaron este domingo al mediodía cargando cruces de unos tres metros por el centro de Brasilia entonando consignas en defensa de la familia y exaltando el patriotismo de su líder.

El mandatario, que está en la mira del Tribunal Penal Internacional, no participó en la concentración a diferencia de lo ocurrido meses atrás cuando encabezó actos a favor del golpe de Estado y el cierre del Congreso.

Los participantes en la "Marcha de los Cristianos por Brasil" cubrían sus espaldas con banderas nacionales mientras avanzaban desde el palacio del Parlamento hacia el Supremo Tribunal Federal. Otro grupo permaneció reunido sobre el ancho cantero de la avenida Eixo Monumental con el césped amarillento después de más de dos meses de sequía. La mayoría se rehusó a responder las preguntas de los reporteros de los medios de " izquierda ", categoría en la que ellos incluyen al oligopólico grupo Globo .

Ante los movileros de canales "amigos", como la cadena evangélica Record , explicaron que esta concentración fue solo un combate más dentro de su "guerra" contra la izquierda y denostaron al juez Gilmar Mendes, un magistrado que no tiene nada de izquierdista. Una señora recibió el aplauso de las personas situadas en su entorno cuando comenzó a berrear "fuera, fuera, fuera Gilmar (Mendes) corrupto, comunista".

El pecado de este juez conservador fue haber denunciado por "genocidio" al jefe de Estado y al Ejército, a cuyas filas pertenece el ministro de Salud Eduardo Pazuello, por no haber adoptado medidas contra el coronavirus.

Desde el gobierno se llevó adelante una política que favoreció la diseminación de la dolencia saboteando el aislamiento social ( Bolsonaro repite casi a diario que se debe levantar la cuarentena) , oponiéndose al uso obligatorio de los tapabocas e incitando a los grupos de choque a que invadan los hospitales de campaña.

En plena crisis de la covid-19 Bolsonaro despidió a los ministros de Salud Henrique Mandetta, en abril, y Nelson Teich, en mayo, dos médicos reticentes a la prescripción de la cloroquina -droga cuya eficacia contra el virus es cuestionada por la comunidad científica - y a favor de la cuarentena, mismo que sea de un alcance moderado.

Bolsonaro designó como jefe de la cartera a Eduardo Pazuello, un general sin formación en medicina ni experiencia en políticas públicas de salud, como tampoco la tiene la mayoría de los 23 militares instalados en los puestos clave del organismo.

Cuando el general asumió el cargo, a fines de mayo, había menos de quince mil muertos y al cumplir dos meses en la función el número trepó a 75 mil. Esta semana se llegará a las 80 mil víctimas fatales de acuerdo a una proyección de la Facultad de Medicina de Ribeirao Preto, de la Universidad de San Pablo, que consideró como variables el aumento de los contagios y la cada día mayor flexibilización del aislamiento, así como el retraso en el envío de recursos federales a las provincias.

Desde Europa, donde pasa sus vacaciones de la feria judicial, el magistrado Mendes habló con Bolsonaro para advertirle que debido a su extravagante posición ante la pandemia podría ser condenado por delitos contra la humanidad en el Tribunal Penal Internacional , con sede en la La Haya, Holanda.

La advertencia del juez más influyente del Supremo Tribunal Federal brasileño se apoya en una denuncia presentada por el Partido Democrático Trabalhista, de centroizquierda.

No es común que una denuncia de este tipo sea registrada por el Tribunal Penal cuando se trata de presidentes en funciones.

El sitio especializado en asuntos jurídicos, Conjur, explicó que el inicio del análisis de la acusación no garantiza que Bolsonaro será formalmente investigado, lo cual dependerá de la procuradora del organismo, la respetada Fatou Bensouda.

Fue Bensouda quien autorizó el inicio de una causa sobre presuntos crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos en Afganistán.

El mes pasado Donald Trump reaccionó encolerizado, amenazando con imponer sanciones económicos a los miembros del Tribunal, lo cual no intimidó a la fiscal para quien esa causa es un parteaguas "histórico" para el máximo organismo penal vinculado a Naciones Unidas.

Trump y Bolsonaro gobiernan los dos países más golpeados por el coronavirus además de ser los responsables de políticas que desafían a las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El magnate republicano rompió con ese organismo, y su émulo sudamericano amenazó con hacerlo en cualquier momento.

Desde una concepción ideológica de la crisis sanitaria el canciller brasileño, Ernesto Araújo, llegó a referirse a la covid-19 como "comuna-virus" y acusó a la OMS de ser manipulada por el gobierno chino.

Precisamente uno de los fundamentos en los que se apoyó la denuncia contra Bolsonaro ante el Tribunal Penal fue que el gobierno brasileño no aplica los protocolos de la OMS, a los cuales reemplaza por recomendaciones extravagantes como el consumo de la hidroxicloroquina.

Cuando se "gestiona mal deliberadamente (una política de salud) esto genera consecuencias jurídicas, y esto que ha ocurrido no puede ser omitido", declaró la jueza brasileña Sylvia Steiner, quien integró el Tribunal Penal Internacional.

Cosas de hechicero

Desde que está en cuarentena en el Palacio de Alvorada el excapitán se ha convertido en un publicitario a tiempo completo, a través de las redes sociales, de ese medicamento cuya ingesta es desaconsejada por la OMS debido a sus efectos colatorales.

Para algunos esa prédica es una maniobra de hechicero, a través de la cual el gobernante se dirige a sus seguidores más fanatizados, muchos de ellos evangélicos, para engañarlos con una cura mágica. Nada muy distinto a lo que hacen los pastores sanadores en los templos.

Otros sospechan de que el gobernante estaría interesado en aumentar el mercado de la hidroxicloroquina controlado por empresarios simpáticos al gobierno. Por lo pronto esa estimación no cuenta con pruebas, aunque lo cierto es que desde que Bolsonaro comenzó a recomendarla su venta creció el 358 por ciento.

El juez Mendes dijo estar "horrorizado" con la pésima imagen que Bolsonaro tiene en el exterior, un factor que puede influir en la toma de decisiones del Tribunal Penal.

Y aunque el exmilitar de ultraderecha imite a Trump en todo, o casi todo, el caso es que no está en condiciones de desafiar a esa alta corte y su imponente palacio moderno en La Haya.

No sólo porque el poder de Brasil no es ni la sombra del norteamericano, sino porque mientras Estados Unidos desconoce al Tribunal, el Estado brasileño además de ser signatario del mismo, le dio a su vínculo carácter constitucional. Es decir este gobierno no podrá renunciar al Tribunal ni siquiera a través de ley ordinaria, necesitará una reforma del artículo quinto de la Constitución.

Llevado a la práctica esto significa que Bolsonaro, de 65 años, podría estar expuesto en el medio plazo o largo plazo a una condena y una eventual prisión por delitos contra la humanidad como ya lo estuvieron, por ejemplo, algunos criminales de guerra. En lo inmediato el eventual procesamiento manchará su ya afectada imagen internacional.

Hay más. Si esta denuncia no prospera sí podría avanzar otra presentada el año pasado en la que fue acusado de "genocidio" contra los pueblos indígenas de la región amazónica, alertó la jueza Sylvia Steiner.



Lunes, 20 de julio de 2020