El nuevo IFE en puerta, debates dentro del Gobierno. Presentación por el canje de deuda en Nueva York. Condicionalidades a empresarios, en el mundo y por acá. La necesidad de recaudar, un desafío urgente. El mini Plan Marshall que imagina el gobierno. Federalismos para todos los gustos.

Se presentará la enmienda de la oferta argentina para el canje de deuda ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC).

* En los próximos días se definirá un nuevo tramo del Ingreso Familiar de Emergencia (“IFE III”). El Gobierno analiza si cubre a menos beneficiarios o si se mantiene el universo original.

* Se prepara otra ronda de Anticipos para el Trabajo y la Producción (ATP III) con cobertura amplísima aunque menor a las previas.

* En Economía comienzan a preocuparse por la emisión monetaria y el déficit fiscal. No han frenado las transferencias masivas de ingresos hasta acá. No causan hiper ni inflación desbocada pero los funcionarios temen que causen problemas cuando se amortigüe la recesión.

* Además se están pensando medidas de creación de empleo, dinamización de obra pública, un “Plan Marshall” exageran a sabiendas en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Habrá que redoblar la inversión pública, reperfilar el gasto estatal. Esa última parte, claro, pospuesta hasta que se aletargue la pandemia. Hasta el momento incierto y deseado en que baje la tremenda curva.

Vamos por partes, decía el economista poco ortodoxo Jack the Ripper.

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EL IFE, más allá del AMBA: El presidente Alberto Fernández convocó al gabinete económico social a Olivos dos veces en la semana que pasó. Readecuar las herramientas de crisis, primera labor. La segunda, planificar la economía política para cuando el panorama aclare.

EL IFE, concebido como herramienta para una sola ocasión, lleva dos renovaciones. La segunda ronda todavía se está pagando, funciona como inyección de dinero bimensual. Definir cuáles serán los beneficiarios está pendiente. Se imaginó focalizarlo en las regiones más castigadas por el coronavirus: AMBA y Chaco. Pronto se añadieron, en la mesa de arena, otros territorios muy castigados: Río Negro y Neuquén.

La difusión del proyecto causó alarma entre los gobernadores. El IFE valió de alivio en todo el país. En Córdoba, por ejemplo, cobraron 740 mil personas. Solo en la capital de la provincia llegan a 350 mil. El intendente Martín Llaryora activó su alarma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) local emitió un comunicado pidiendo la prórroga del IFE. La periodista Bettina Marengo describió en el diario Alfil la preocupación conjunta de funcionarios y los movimientos sociales ante la hipótesis de cortar de cuajo ese flujo de recursos.

El Gran Rosario es otra zona que precisa el auxilio nacional.

La idea de focalizar el IFE se funda en que la mayoría de las provincias han normalizado la actividad económica. Pero la reapertura no equivale a reactivación. El impacto no llega a los informales o desocupados. Se agrava la desigualdad social precedente.

De modo simultáneo, la covid-19 engendra flamantes asimetrías entre ramas de actividad. El turismo, el esparcimiento, las actividades culturales con público, la hotelería tienen por delante meses de parate en el más optimista de los escenarios. La supervivencia impondrá, más pronto que tarde, medidas selectivas para el sector.

Ante ese cuadro desde Economía se aconseja sopesar el nivel de gasto. Con menos experticia, este cronista opina que dado el nivel ya invertido y la subsistencia de necesidades se atraviesa un mal momento para podar la ayuda social. Confeccionar un nuevo padrón de beneficiarios recargaría la gestión y, seguramente, demoraría los pagos.

Por otro lado, el conjunto de perceptores en el AMBA, Gran Rosario, Gran Córdoba, Chaco, parte de la Patagonia y trabajadores ligados al turismo, etc., comprenden acaso las tres cuartas partes del conjunto y podrían cometerse injusticias con parte del resto.

En plena carencia, nada es perfecto. Parece más equitativo prorrogar la actual cobertura del IFE antes que desproteger a un conjunto todavía desvalido. En breve diálogo telefónico informal con este diario, Alberto Fernández explicó que la decisión no está tomada y que quizá el IFE III se mantenga idéntico al IFE II.

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Ingreso Ciudadano, not yet: El nombre es arquetipo de la cosa, el IFE es un instrumento de emergencia, urdido en semanas. Aún con vicisitudes de ejecución llegó al bolsillo de 9 millones de argentinos. Distante de la prolijidad de las deseables políticas universales, rotundo para mitigar la malaria en toda la geografía nacional.

Recobró fuerza en el Ágora la iniciativa de implantar el Ingreso Ciudadano universal (IC), una medida sofisticada que (en toda su dimensión) no se aplica en casi ningún lugar del mundo.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, planteó un sendero propio, la Renta Básica, combinando la transferencia de dinero con la creación de puestos de trabajo. El propio Fernández, en un par de entrevistas, asumió que sería un cambio interesante.

Tras repasar con detalle y asumir las complicaciones de la coyuntura, AF afirma (textual) que “no es momento para promover semejante cambio”. “Un pago para cada ciudadana o ciudadano sería destinar recursos a gente que no lo necesita esperando que lo devuelva”.

El IC implica abonar un haber básico a toda la población. Las personas más pudientes lo reintegrarían con sus impuestos. Con clases dominantes expertas en evasión, entiende quien esto firma, sería entre altamente factible e inevitable que los más ricos ganaran un plus. Los datos conocidos sobre la cerealera Vicentín, los informes de OCDE sobre la masiva existencia de cuentas off shore (muchas no declaradas) inducen a levantar la guardia.

La necesidad de una reforma impositiva progresista, por ahí, exige recorrer un estadio previo: reforzamiento de capacidad para recaudar los tributos existentes. Con el Congreso empantanado por la polémica sobre sesiones remotas, con una oposición cerril en Diputados, la perfección deviene virtual. El oficialismo parece “condenado” a recaudar valiéndose de los instrumentos reales disponibles. Por ejemplo, el incremento de las alícuotas para el Impuesto a los Bienes Personales, agravado para quien posee activos en el exterior. La norma vigente, pájaro en mano, será más funcional para colectar recursos que el impuesto a las grandes fortunas que sigue en veremos. Por si hace falta: se impone defender ese tributo, transformarlo en ley. Una regla ejemplar, una señal para otras futuras. Pero en el corto plazo, da la impresión, los dineros para la emergencia tendrán que brotar de otras fuentes.

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Inteligencia y condicionalidades: Impresionan las cantidades de profesionales, talento y plata destinados a evadir, fugar divisas, lavar dinero, urdir marañas de empresas fantasmas, crear fideicomisos tramposos. Las revelaciones recientes, la cooperación internacional que combate (bien que mal) esas conductas, habilitan una oportunidad para los organismos estatales de recaudación e investigación. Inteligencia fiscal, desbaratar esas tramas. Con la mira en Tribunales pero más que nada en las arcas públicas.

Funcionarios comprometidos toman nota de cómo reaccionó una fracción minoritaria aunque significativa de las empresas que cobraban ATP cuando se les impusieron condicionalidades. Sorprendidos al principio por falta de costumbre. Enfadados luego. Renunciaron al subsidio clamando al cielo porque se les exigía no tener sede en paraísos fiscales, ni distribuir dividendos ni comprar divisas. Compromisos mínimos, bien mirados, para acceder a un subsidio sin otras contraprestaciones. Los académicos europeos Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni cuentan que rigen reglas similares en Francia y Dinamarca. El presidente francés, Emmanuel Macron, pregona que no hay que salvar a las empresas exclusivamente, también transformarlas. Renault recibe un rescate faraónico bajo compromiso de fabricar un millón de autos “limpios” antes de 2025.

En Estados Unidos, paraíso de los despidos sin causa ni indemnización, se otorgaron préstamos y garantías a empresas aeronáuticas contra el compromiso de retener el 90 por ciento de los empleados, no relocalizar ni tercerizar sus servicios.

En Argentina, resoluciones similares son repelidas con furia. No solo por grandes corporaciones, observan en la Agencia Federal de Ingreso Públicos (AFIP), también en medianas empresas.

Mientras despotrica contra el intervencionismo, menor que en el centro del mundo, la Unión Industrial Argentina (UIA) hace llegar al Gobierno un frondoso documento: “Hacia una nueva normalidad. Propuestas para una reactivación productiva”. Reseñarlo trasciende los márgenes de esta columna. Vale chimentar que contiene una pléyade de reclamos de bajas de impuestos y tasas careciendo de cualquier compromiso de repatriar divisas o hacer un esfuerzo fiscal o algo que se le parezca.

Una paradoja signa la etapa del “Estado presente” magnánimo para repartir fondos a toda la pirámide social. La innegable necesidad compele a defender el tramado productivo existente. La injusticia del capitalismo globalizado se preserva como mal menor para evitar una catástrofe.

El Gobierno compensa en parte mediante acciones contracíclicas, adecuaciones de la mejor tradición peronista: prohibir despidos por fuerza mayor, la doble indemnización. En el plano administrativo el rechazo que recibirá, tras algunas semanas de trámite, la tentativa de LAN argentina (Latam) de valerse del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para ahorrar indemnizaciones y gambetear la quiebra por cierre.

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Federalismos surtidos: La cuarentena acentuada en el AMBA encuentra a la población fatigada. Hay renuencia a prestarse a controles. Las relocalizaciones son a veces traumáticas, gente común intenta evitarlos. No es sencillo que comente ante los profesionales de la salud quiénes fueron sus contactos recientes. El personal redobla esfuerzos que la sociedad tendría que valorizar más y pagar mejor.

En las antípodas de sus colegas Jair Bolsonaro y Donald Trump, Alberto Fernández se empeña en ahorrar vidas. A diferencia del brasileño y el estadounidense, lleva un rumbo similar a los gobernadores e intendentes. Sería temerario hablar de unanimidad con miles de municipios pero prevalece la tendencia a acentuar las cuarentenas cuándo y dónde crecen los contagios. Pichones de Bolsonaro hay, entre los opositores sin tierra. Quienes comandan ejecutivos obran con precaución.

En provincia del Neuquén, la zona de la Confluencia (la capital de la provincia, Centenario, Plottier) regresó a fase I. El gobernador jujeño, Gerardo Morales, abandonó ideas de “importar” la Superliga cuando recrudecieron contagios.

El invierno encuentra al Gobierno complicado. Cometió errores tácticos no forzados respecto de Vicentin. Escenifica internas que lo debilitan en materia de Seguridad.

Aún con esos bretes y con trabas en la sintonía fina, los rumbos son lúcidos, sensatos. La proporción de personas fallecidas se sostiene baja comparada con la media regional. La protección del empleo, el gasto social sostenido, la asistencia alimentaria, la articulación con la sociedad civil conforman un abanico de aciertos en un contorno de incertidumbre mundial.

El “Plan Marshall” (se subrayan las comillas) prevé créditos a tasa subsidiada. En zonas neo-normalizadas el comercio se recupera de modo dispar: “la gente” dispone de poca plata y se concentra en bienes esenciales. La industria puede producir stocks a la espera de mejores horizontes… hasta un punto.

La obra pública y la construcción de viviendas prometen círculos virtuosos más tangibles. Tienen que ser motor de la recuperación económica. Gloria y loor al compañero Lord Keynes. No es menester importar los insumos más necesarios, se entusiasma el Presidente: ladrillos, cemento, vidrio se producen acá. Mano de obra abunda, el Estado sostendrá… cuando el aplanamiento de la pandemia lo permita. Tremendos esos puntos suspensivos.

Ojalá las próximas semanas --cuarentena, activismo del sistema de Salud y acompañamiento colectivo mediante-- se vaya despejando el horizonte. Gobernantes, ciudadanos y trabajadores esenciales ponen lo mejor de sí, se empeñan, laburan 24 x7.

En otra trinchera se agolpan, minoritarios y brutales, los anticuarentena, los indignados perennes, lo peor de la derecha argentina. Entre ellos, el secesionista mendocino Alfredo Cornejo, patético exponente de las carencias de la oposición. Los que gobiernan, de cualquier signo partidario, son en promedio más sensatos y comprometidos. Por el rol que cumplen, por suerte para los argentinos de a pie.

Domingo, 5 de julio de 2020