La comisión Bicameral de Inteligencia hará un seguimiento y auditoría de la oficina de escuchas que Mauricio Macri le entregó a la Corte Suprema. Lo definieron los presidentes de ambas Cámaras parlamentarias, CFK y Sergio Massa. Durante los últimos años, el máximo tribunal y los jueces de Comodoro Py transformaron esa oficina en una mini SIDE paralela, vital para las operaciones judiciales y mediáticas basadas en la difusión de escuchas de opositores políticos a través de medios y periodistas serviciales.

Mientras se define si las escuchas vuelven al Ministerio Público Fiscal, el Congreso hará un monitoreo de ese organismo habilitado por convenio firmado en 2016, en la era Macri, que establecía ese seguimiento que nunca se ejecutó. O, al menos, no para lo que está previsto.

La decisión de CFK y Massa quedó plasmada en la resolución 8/20, donde le asignan a la comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia el cumplimiento de un convenio que firmaron el Congreso y la Corte Suprema el 29 de septiembre de 2016. Por entonces Macri había firmado el DNU 256 por el cuál anuló la ley que traspasó las escuchas de la vieja SIDE al Ministerio Público Fiscal y se las entregó a la Corte. Ese DNU es revisado en estos momentos por el Congreso, donde el Senado ya le dio media sanción a su anulación y resta que se trate en Diputados. Si bien las escuchas no son prioritarias en el marco de la pandemia si lo son en la agenda que trazó el presidente Alberto Fernández el día que asumió. Su salida de la Corte es clave en el saneamiento de los sótanos de la democracia.

Hay que recordar, como publicó El Destape, que el 24 de diciembre de 2015 Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 256 que borró de un plumazo el artículo 17 de la ley 27.126 y le traspasó las escuchas a la Corte. Esa ley, sancionada poco antes, establecía que las escuchas debían estar en el Ministerio Público Fiscal, conducido entonces por Alejandra Gils Carbó. La ex procuradora puso al frente de las escuchas a la fiscal Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En la gestión Gils Carbó-Caamaño las filtraciones a medios fueron cero. No pasó lo mismo con la Corte.

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Pese al apuro de Macri, la Corte rechazó el traspaso inmediato. Había necesidad pero no urgencia, y los cortesanos pospusieron el pase de manos hasta el 15 de febrero de 2016. Ese día la Corte trunca de tres miembros, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, firmó la resolución 2/2016 que aceptó el traspaso. En teoría la oficina de escuchas tenía “autonomía de gestión”; en la práctica, quedó bajo la órbita de Lorenzetti.


Entre Macri y Lorenzetti transformaron la esa oficina de escuchas en una suerte de mini SIDE paralela. El 29 de septiembre de 2016, mediante la acordada 30, la Corte Suprema resolvió “reforzar y ampliar sus competencias mediante la transformación de su estructura, manteniendo el marco de la autonomía de gestión que le ha sido conferida”. Según establecieron los Supremos, “intervendrá en casos de tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, trata y explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos y en el marco de delitos complejos, crimen organizado y de carácter trasnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales”. O sea, en casi todo. Transformaron lo que era una oficina de escuchas en un organismo de inteligencia. Y la rebautizaron como Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

El mismo día de la firma de la acordada 30, es decir, a más de siete meses de que la Corte tomó el control de las escuchas, se firmó el convenio con el Congreso que ahora ejecutan CFK y Massa. Fue en un acto en el salón Gorostiaga del Palacio de Justicia. Estuvieron presentes la Corte en pleno, 10 de los 11 jueces de 1ra instancia de Comodoro Py (sólo faltó Claudio Bonadío), el jefe de la SIDE paralela judicial, Martín Doctrina Irurzun, y magistrados de todo el país. Por parte del Congreso, asistieron entre otros los entonces cambiemitas Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ernesto Sanz, Angel Rozas y Mario Negri. Hoy se sabe que todos fueron espiados de manera ilegal por Macri. Por el Gobierno estaban, entre otros, el ministro Germán Garavano y Juan Sebastián De Stefano por parte de la AFI. De Stefano era operador judicial de Angelici y una de sus tareas fue el apriete al juez Luis Carzoglio para que detuviera a los Moyano. Mucho control no habría de esta SIDE paralela. Más bien uso promiscuo.

El convenio que firmado en la era Macri-Lorenzetti dice que “el seguimiento parlamentario de su desarrollo resulta indispensable para garantizar e l respeto de las normas constitucionales”. La ley de Inteligencia Nacional establece a su vez que la Bicameral de Inteligencia puede pedirle a esta oficina “informes con clasificación de seguridad que contengan el listado de las interceptaciones y derivaciones que se hayan realizado en un período determinado” y “cotejar y analizar la información y controlar que tales oficios hayan respondido a requerimientos judiciales”. Una práctica común era primer escuchar y luego armar la orden judicial que justifique.

La Corte Suprema, mientras tanto, no quiere perder el control sobre la oficina de escuchas. El mismo día que el Senado trataba el destino de la oficina de escuchas, el 5 de junio, los miembros de la Corte Suprema firmaron 6 resoluciones en las que prorrogaron 313 contratos de la Dajudeco hasta el 30 de noviembre, entre ellos parientes y amigos de los jueces federales. La cámara de Diputados tiene la llave para que las escuchas salgan de la órbita de la Corte. Mientras, desde ahora, serán auditados.

Miércoles, 1 de julio de 2020