La investigación sobre la banda de agentes de la AFI macrista dedicada a realizar espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos y empresarios cierra cada vez más el círculo en torno al expresidente Mauricio Macri. Las pruebas que constan en la causa relacionan a la organización criminal con una funcionaria de la Casa Rosada. Susana Martinengo, quien era coordinadora de la oficina de Documentación Presidencial durante la administración Cambiemos. El jueves pasado, un allanamiento en el domicilio de Darío Nieto, secretario privado de Macri, arrimó la pesquisa al entorno político más cercano del exmanatario. Además, un dato no puede soslayarse: el director general de la AFI, Gustavo Arribas, es íntimo amigo de Macri. Difícilmente el escribano desconociera el accionar de los agentes, tal como lo reveló Mercedes Funes Silva, una de las espías imputadas, en un escrito que presentó en el Parlamento en el que describió la “verticalidad” que rige al organismo de inteligencia.

Según se desprende de la investigación, la banda de los Super Mario Bros tenía contactos en la Casa Rosada, el gobierno bonaerense y el Servicio Penitenciario Federal. Los agentes de la AFI involucrados. Y sus conflictos.

En la causa que instruye el juez federal Federico Villena hay referencias al vínculo entre Martinengo y Nieto, por eso se el jueves se realizaron operativos en el domicilio del exsecretario privado de Macri.

Por su parte, la relación entre integrantes de la organización -que supera los 15 miembros- y Martinengo está comprobada. No sólo hay chats e ingresos registrados en Casa de Gobierno de algunos de ellos, como Jorge Sáez, Leandro Araque o Facundo Melo, para encontrarse con esa funcionaria sino también están los testimonios de algunos agentes en la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. Al menos dos afirmaron que le llevaban a Martinengo los informes de su “trabajo realizado”. ¿Con qué fin? ¿Quién era el destinatario final de esos documentos? Incluso, Diego Dalmau Pereyra, director de Contrainteligencia y sucesor de Horacio Stiuso en esa poderosa dependencia desde la llegada de Macri hasta 2018, confirmó en el Congreso que se reunió con esa funcionaria de la Casa Rosada.

Como reveló este medio el 3 de junio, la causa que instruye Villena no es la única por espionaje ilegal que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora. Existe otro expediente en el juzgado a cargo de Juan Pablo Augé, que tomó impulso a partir de una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Allí se investigan actividades ilegales de inteligencia contra Cristina Kirchner. En ambos casos la fiscal es Cecilia Incardona. Pero hay una diferencia: en el de CFK, Incardona tiene delegada la investigación. La banda que es investigada es la misma. Y se repiten víctimas. Es decir, los dos casos tienen fuertes puntos de contacto y es de esperar que terminen confluyendo. No es un dato menor que Villena haya sido recusado por las defensas de algunos acusados, que le reprochan haber estado involucrado en los espionajes que hoy están siendo investigados (así se desprende de las causas G-20 y Segovia). La decisión de si continuará al frente de la pesquisa la tiene la Cámara Federal de La Plata. Mientras tanto, ambas investigaciones avanzan rápidamente, una con mayor estrépito mediático, la otra de forma más silenciosa.


En la causa del Instituto Patria se detuvo e indagó a un agente clave en todo este proceso: Alan Ruiz, el director de Operaciones Especiales de la AFI macrista, quien era el jefe de la banda de los Super Mari Bros, tal como se desprende de los dos expedientes. Aparece detrás de las órdenes de las distintas operaciones.Es, hasta ahora, la única detención en ambos procesos.


Ruiz tenía la voz de mando sobre la banda de agentes de la AFI acusada de espionaje ilegal. Varios de los super mario bros conocían a Ruiz de la Policía Metropolitana. Es que la banda se nutrió de varios policías que llegaron a la exSIDE en comisión desde la Policía porteña. Ruiz, no obstante, antes de desembarcar en la exSIDE pasó por el gobierno de La Pampa y el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde estrechó vínculos con Eugenio Burzaco y Patricia Bullrich.

A pesar de que en su indagatoria –en la que puede mentir- Ruiz le intentó bajar la intensidad a su relación con Silvia Majdalani, la subdirectora de la AFI macrista, lo cierto es que tenía una relación directa con ella.


El encargado de llevar a Ruiz a la AFI fue Dalmau Pereyra, tal como relató el propio exjefe de Contrainteligencia ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, el martes pasado. Pero apenas coincidieron unos 15 días. El sucesor de Stiuso también recomendó el ingreso de Sáez y Araque, según señaló en aquella audiencia. Ambos provenían en comisión de la Policía porteña y seguían cobrando el sueldo desde la fuerza de seguridad de la Ciudad, algo que se repitió con otros espías como Funes Silva, por ejemplo, una expolicía de la Federal que luego pasó por la Policía de la Ciudad y en 2016 llegó en comisión a la AFI.

Dalmau Pereyra, según contó, conoció a Ruiz a través del "Turco" Sáez, quien era su amigo. Sáez había pasado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Allí había revistado en el área de inteligencia. Luego desembarcó en la Policía de la Metropolitana. En el SPF una de sus tareas era recapturar prófugos. Hoy teme por su vida y pidió custodia. “Yo lo conocí a Ruiz porque me lo presenta Sáez para trabajar con la gente del Ministerio de Seguridad”, dijo Dalmau Pereyra en la bicameral parlamentaria. Aseguró que también llevó a Funes Silva (Mecha o Mechi) y a Araque.

Sáez aparece como un nexo entre varios de los espías hoy imputados. Trajo a distintos agentes que terminaron integrando la banda. Y a un abogado de barras: Facundo Melo, que cruza varias operaciones de la AFI macrista. La particularidad es que Melo ingresa a la exSIDE sin haber tenido formación en ninguna fuerza de seguridad y mucho menos en Inteligencia. Estuvo en la agencia entre septiembre de 2016 y junio de 2019. A la par, era abogado de Damián Lagaronne, involucrado en la causa de la barra brava de Independiente, donde se apuntó contra Pablo y Hugo Moyano. Esa coincidencia y la forma en que el macrismo utilizó ese expediente para presionar a los Moyano dejó a este letrado en el centro de la escena. Los dos sindicalistas fueron víctimas de esta banda. Hoy son querellantes en los tribunales de Lomas de Zamora.

Melo al igual que Emiliano Matta tuvieron un paso en el proyecto AMBA, la iniciativa por la cual la AFI buscó desplegar distintas bases de inteligencia en la provincia de Buenos Aires, lo que fue un fracaso. El director del proyecto AMBA era Pablo Pinamonti, quien será indagado en el marco del D’Alessiogate el 3 de julio próximo.