Hasta ahora se avanzó de manera remota en cuestiones de consenso. Pero están pendientes temas como la denuncia de la AFI y la ley de alquileres. Y los ingresos de dos proyectos que impulsa el oficialismo, el tributo extraordinario a las grandes fortunas y la reforma de la Justicia. Fuera de agenda, la propuesta de Rodríguez Saá de ampliar la Corte Suprema.

El Congreso tendrá una semana con agenda acordada y sin aparentes contratiempos. Aunque tampoco se descarta que haya novedades en temas más ríspidos que dividen a oficialismo y oposición. Aun están pendientes los ingresos de dos proyectos que impulsa el Frente de Todos: el tributo extraordinario a las grandes fortunas que tiene el aval del Gobierno y el ratificado por el propio presidente Alberto Fernández para modificar el fuero federal en la Justicia. En tanto, la bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia espera las actuaciones realizadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga a un ex agente de la AFI macrista en supuestas tareas de inteligencia ilegal sobre sindicalistas, famosos, funcionarios, jueces, periodistas, miembros del culto católico, referentes de organizaciones sociales, empresarios, diputados nacionales y provinciales, intendentes, gobernadores y hasta ex presidentes de la nación. Con las actuaciones judiciales en sus manos, la bicameral citaría a algunos involucrados en una de las cusas sobre espionaje ilegal.


El Senado tiene agenda propia. Hoy la comisión de Legislación General analizará el proyecto que modifica el Código Civil y Comercial sobre los contratos de alquileres, que tiene media sanción de la Cámara baja desde noviembre pasado, tras un trabajoso acuerdo entre inquilinos y propietarios y de las principales bancadas políticas ahora invertidas en sus roles de oficialismo y oposición.

Si las voluntades políticas sobre el acuerdo se mantienen, el proyecto de la ley de alquileres se podría sumar a la sesión que la Cámara alta prepara para este jueves, donde también transformaría en leyes la regulación de prescripción de medicamentos y estudios médicos a través de recetas electrónicas y la educación a distancia en todos los niveles mientras dure el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de la covid-19.

Diputados todavía no tiene actividades programadas para sus comisiones, por lo que tendría una semana sin mayores sobresaltos. Aunque el día a día del armado de la agenda legislativa puede tener sorpresas.

La Cámara baja sabe que es la puerta de entrada para un proyecto muy debatido y anunciado en el que trabajan y coordinan el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, pero cuyo texto aun se desconoce: el tributo extraordinario y por única vez a las grandes fortunas, para hacer frente a las consecuencias económicas que desató la pandemia.

El oficialismo esperaba que se aprobara el protocolo que habilita el funcionamiento remoto del cuerpo y sus comisiones y que el sistema telemático estuviera lo suficientemente aceitado para avanzar con la iniciativa. Temas que ya están superados con la experiencia acumulada. Aunque la resistencia al proyecto del sector más refractario de Juntos por el Cambio, incluye el reclamo que un tema de esas características debería tratarse de manera presencial.

También está pendiente el proyecto anunciado por Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa para modificar el actual sistema de la justicia federal. El Presidente ratificó en más de una oportunidad la vigencia de su propuesta, el texto no llegó al Congreso en medio de múltiples especulaciones sobre el contenido del texto y su alcance.

Pero un tema que podría sacudir políticamente al Parlamento esta semana, son las resoluciones que podría adoptar la Bicameral de seguimiento y control sobre organismos y actividades de inteligencia. La semana pasada, la bicameral que preside el diputado Leopoldo Moreau (FdT) acordó avanzar con los detalles sobre distintas causas penales sobre espionaje ilegal realizados durante la gestión macrista en la AFI. Entre ellas, la denuncia realizada por la actual interventora del organismo de inteligencia Cristina Caamaño, por el espionaje a unos 80 dirigentes políticos opositores y entonces oficialistas y en la que quedaron imputados el ex presidente Mauricio Macri y el "señor 5" Gustavo Arribas.

La otra es la que investiga el juez Villena sobre una red de espionaje ilegal sobre representantes de los tres poderes del Estado, que se extiende hasta gobernadores, organizaciones sociales y el culto católico. Si Villena remite las actuaciones, la bicameral podría citar a algunos de los involucrados. En una primera lista incluiría al abogado identificado como Facundo Melo, un agente orgánico de la AFI que habría contratado a un arrepentido narcotraficante para un atentado en el marco del espionaje y al periodista del diario La Nación Carlos Pagni, que en abril de 2017 publicó una nota titulada "El pestilente círculo negro del espionaje", en el que se mencionaba la existencia de distintas operaciones de espionaje ilegal vinculadas a la AFI.

Ampliar la Corte Suprema, propuesta de Rodríguez Saa

El tema no forma parte de la agenda del Gobierno, pero el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá volvió a abrir el debate con un proyecto propio: propone ampliar la Corte Suprema de Justicia de 5 a 9 miembros “con una mayor representación federal, equilibrio de género y juristas de distintas especialidades”.

El proyecto de Rodríguez Saá sostiene que para “asegurar la diversidad de género” el tribunal “no podrá integrarse por más de cinco jueces del mismo género”. También “diversidad de especialidades” en la Corte, que “deberá incluir, por lo menos, representantes del derecho civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado”.

Sobre la representación federal, el senador propone que “debería haber al menos un miembro de la Corte Suprema de cada una de las regiones”: Patagónica, Cuyo, Centro, Norte Grande y Buenos Aires, porque considera que la actual integración “está limitada a los sectores más poblados”, como zona centro, provincia y Ciudad de Buenos Aires.

Martes, 2 de junio de 2020