Un homicidio sin detenidos; una herencia de 30.000.000 de dólares. Un heredero, un curador y un cúmulo interminable de causas penales y civiles, a los que se le suma una investigación por amenazas de muerte a tres jueces y a los hijos de estos magistrados.

Tres detenidos por las coacciones, ninguno por el crimen sangriento por el que un hombre fue a juicio y fue absuelto.

Estos elementos -que bien podrían ser la trama de película de suspenso- son parte de una investigación que llevan adelante los juzgados de Instrucción y Civiles de la ciudad de Curuzú Cuatiá, donde se trata de desentrañar quién, cómo y porqué mataron a Atilio Güenaga, entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de agosto de 2011 y, además quiénes son los legítimos herederos del fallecido.

Como si la trama no fuese compleja, los jueces fueron amenazados de muerte, presuntamente por quienes se consideran con derecho de recibir la herencia. También una comunicadora social fue amenazada.

Por este último hecho fueron detenidos dos mujeres y un hombre.


Una de las féminas sería familiar directo del fallecido y ya había sido detenida en relación con el crimen, pero ante la falta de pruebas fue desvinculada de aquella investigación. Pero ahora, nuevamente surgen dudas.

Fuentes judiciales dieron a conocer ayer a NORTE de Corrientes que los tres están acusados de haber amenazado de muerte a la asesora de Menores local, María del Carmen Trombotto Jramoy; al juez de Instrucción, Martín Vega; y a la magistrada Cristina Rodríguez de León, titular del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de esa ciudad.

Además, una comunicadora local, Azucena Cáceres de Grebe también fue intimidada, pues en un medio de comunicación local habían dado a conocer que hubo movimientos de bienes del fallecido sin existir autorización judicial.

Los cuatro habían recibido mensajes intimidantes en forma anónima en las que advertían sobre posibles ataques a los hijos -menores-de los funcionarios de no resolver con celeridad la distribución de la herencia del hombre que fue asesinado mientras dormía en su estancia, hace casi una década.

Las víctimas de las amenazas dieron a conocer los hechos a la fiscal de Instrucción, María Talamona y a la jueza Teresa Oria de Gauna, quien activó una investigación en la que contó con la colaboración de la Policía Federal Argentina.

Los peritos analizaron los mensajes recibidos y pudieron establecer que éstos habían sido enviados desde los teléfonos de A. I. Flores, L. Güenaga y G. Canteros. La fiscal Talamona, con conocimiento de la jueza interviniente, pidió la detención de los tres y los acusó por los delitos de amenazas coactivas anónimas agravadas en concurso real (en dos hechos) en concurso ideal con infracción a la libertad de expresión, confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

Luego de conocerse la situación, el Colegio de Magistrados de Corrientes emitió un comunicado en el que repudia “las conductas intimidatorias son totalmente reprobables en un Estado de Derecho, donde deben primar las razones de la ley y el ejercicio de los derechos recursivos ante el desacuerdo con una decisión judicial”.

“Una actitud agresiva y desafiante hacia la función judicial desplegada por particulares mediante mensajes telefónicos, de ningún modo puede ser tolerada en un sistema regido por el orden jurídico”, dice el comunicado.

Martes, 5 de mayo de 2020