El grupo de extranjeros están alojados en la Unidad Penal de San Cayetano, desde agosto pasado. A través de sus abogados hicieron hincapié en su preocupación por la situación de emergencia que se vive ante el coronavirus.

Los colombianos detenidos en el marco de la causa llamada “operación El Patrón”, donde detuvieron a una numerosa banda criminal acusada de otorgar préstamos de dinero en efectivo con el sistema “gota a gota”, exigen que se defina su situación procesal.
La Dra. Mónica Méndez y los demás profesionales del derecho que se encuentran a cargo de la defensa de los ciudadanos extranjeros detenidos desde agosto pasado retiraron en la tarde del martes el pedido formulado y volvieron a hacer hincapié en su preocupación por la situación de emergencia que se vive ante el coronavirus.



“Nuestros defendidos, que se encuentran alojados en la Unidad Penal de San Cayetano, nos volvieron a manifestar su desesperación, ya que van camino a los seis meses de detención lo cual se cumplirá el día 2 de abril y a la fecha están en un estado total de incertidumbre respecto a su situación procesal”, precisó Méndez en contacto con Rompecabezas.
“Respecto a los últimos pedidos que hemos realizado hasta la fecha no obtuvimos una decisión, tampoco hay respuestas sobre las apelaciones ante la Cámara Penal de Mercedes, si bien conocemos la emergencia de salud, pero también sabemos que todos y cada uno de nosotros hemos adoptado los medios, así sea trabajando desde nuestros hogares para cumplir con los casos urgentes, tal es el caso de la libertad de las personas”, siguió contando.
La abogada afirmó que continúan trabajando en conjunto con Derechos Humanos de la Nación y con el Consulado Colombiano con sede en Buenos aires, sobre todo con los casos de las mujeres detenidas madres de menores de edad y con los casos de personas mayores de 60 años, “a quienes en su lugar de detención en los últimos días ya no se les proveyó los medicamentos que estos deben consumir de manera diaria debido a las enfermedades crónicas que los aquejan”, indicó Méndez.



“Consideramos que el Estado más que nunca debe dar una respuesta a estas personas ya que es garante de todos sus derechos. Respecto a las menores de edad, hijas de la detenida Anyivis Meléndez Alvarez, la situación es insostenible ya que al perder el contacto telefónico con su madre han entrado en un estado de desesperación. Claro está, que tal como ha dispuesto el Juzgado desde el principio, que ambos padres detenidos tengan un contacto diario permanente con las menores y de repente quitarles hasta eso, afectó de forma irremediable el bienestar de las niñas”, sostuvo la abogada.
“Además, nosotros como abogados defensores tenemos vedado la comunicación con las detenidas en la Alcaidía de Curuzú Cuatiá, ya que se nos ha solicitado que no volvamos a llamar telefónicamente.
Desde el día en el cual se le hizo llegar a Anyivis la medicación que debió comprar su familia para que se le sea suministrada ya que estaba sufriendo de dolores físicos insoportables no sabemos nada de ella, lamentablemente a esta altura no sabemos nada respecto a su estado de salud”, afirmó Méndez quien añadió que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intentaron comunicarse con la Alcaidía curuzucuateña, pero hasta el momento los resultados fueron negativos”.
(NG)

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Viernes, 27 de marzo de 2020