La Secretaría de Derechos Humanos participó de las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde expuso la postura del Estado argentino con relación a dos casos emblemáticos de violencia policial de los años 90.

En un gesto inédito, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak "dio un paso histórico con un pedido de disculpas y reconocimiento sobre la responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos acaecidas".

En diálogo con Página/12, una fuente oficial explicó que los casos abordados se estudian en las facultades porque ponen en evidencia la necesidad de revisar las facultades policiales para detener personas de manera arbitraria, sin orden judicial", y en ese sentido indicó: "Citamos partes de discursos de la ministra Sabina Frederic porque hay una nueva política de seguridad, y le pedimos a la Corte que nos ayude en la tarea de modificar la legislación, por ejemplo para revisar las leyes que hoy permiten detenciones para averiguar identidad".

Tal como informó el organismo oficial, la delegación argentina manifestó el compromiso de asumir las consecuencias que la Corte disponga en su sentencia, que podrían consistir en medidas tendientes a la no repetición de los hechos. Argentina ya fue condenada en 2011 en ese tribunal internacional por la desaparición forzada del joven mapuche Iván Torres, en Comodoro Rivadavia, y en 2003 por el caso Walter Bulacio.

En las audiencias públicas programadas para el 134° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se están desarrollando en la ciudad de San José, Costa Rica, fueron tratados los casos "José Delfin Acosta y familiares vs. Argentina" y "Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina". Por ambos casos se escucharon las declaraciones de testigos y peritos, así como también los alegatos de cada una de las partes, incluyendo el de la Secretaría de Derechos Humanos, representada por Pochak, acompañada por funcionarios de Cancillería.

José Delfin Acosta era afrodescendiente. Había migrado de Uruguay a la Argentina por la persecución racial que allí vivía, y junto a su hermano Ángel Acosta fueron militantes de la causa de los afrodescendientes. El 5 de abril de 1996, José Delfín fue detenido arbitrariamente por la policía en aplicación de un "edicto de ebriedad" cuando quiso evitar la detención ilegal de un ciudadano afrobrasilero. Murió bajo custodia policial y hay severos indicios que indican que lo habría matado la policía. A pesar de la enorme perseverancia y lucha de Ángel Acosta y de la madre de ambos, Blanca Rosa Martínez, la detención y la muerte nunca fueron debidamente investigadas. 25 años después la causa judicial se reabrió por el impacto del caso internacional.

"Fernández Prieto y Tumbeiro son dos casos distintos que fueron acumulados por la Comisión Interamericana por la similitud en sus temas de fondo. Constituyen el emblema de lo que se conoció como la vigencia del 'olfato policial' en la Argentina durante la década del 90, que consistió en la práctica de las fuerzas policiales de detener personas de forma absolutamente discrecional, con el pleno aval de la justicia", indicó la Secretaría que conduce el nieto recuperado Horacio Pietragalla. Las detenciones y requisas de los señores Fernández Prieto y Tumbeiro, que luego derivaron en su condena penal, no se fundaron en una orden judicial ni se efectuaron bajo el supuesto de flagrancia. Pochak fue clara al anticipar que más allá del reconocimiento que hizo el Estado argentino está dispuesto a asumir las consecuencias de un eventual fallo condenatorio.

Jueves, 12 de marzo de 2020