El Frente de Todos quiere llevarlo al recinto la semana próxima, donde tiene el número para convertir el ley el proyecto. Juntos por el Cambio acompañaría la iniciativa con disidencias.

El Senado comenzará a debatir este miércoles por la tarde el proyecto de ley que limita las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático. El texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados será discutido en plenario de comisiones. El Frente de Todos buscará emitir dictamen y dejar al proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto la semana próxima. El oficialismo confía en tener los votos necesarios para convertirlo en ley.

Por su parte, en Juntos por el Cambio prevalecía la idea de acompañar el proyecto con disidencias y la propuesta de incorporar un artículo que “evite” el promocionado “éxodo” de jueces y fiscales. Sin embargo, los partidos que integran la alianza opositora definirán una postura unificada en un encuentro previo a que comience el trabajo parlamentario.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, que preside el pampeano Daniel Lovera, y de Presupuesto, a cargo del cordobés Carlos Caserio, está convocado para las 17 horas en el Salón Illia. En ambas comisiones, el FdT tiene la mayoría necesaria para sacar dictamen al proyecto. También cuenta con las manos para aprobarlo en el recinto.

La bancada del FdT que conduce el formoseño José Mayans no aceptaría modificaciones que hagan que el proyecto vuelva a Diputados. Quieren una sanción rápida que elimine las condiciones de privilegio que gozan jueces, fiscales y diplomáticos y que ayude a descomprimir la compleja situación del sistema previsional. "Los tiempos apremian" para la búsqueda de "soluciones al déficit que provoca el sistema previsional argentino", dijo Mayans y advirtió que durante los gobiernos peronistas "esto no ocurría".

El proyecto enviado por el Gobierno eleva del 11 al 18 por ciento los aportes adicionales al régimen general y, si bien mantiene para los funcionarios judiciales el 82 por ciento móvil, establece que el cálculo se haga sobre un promedio de las últimas 120 remuneraciones y no sobre el último sueldo, como hasta ahora. Además, aumenta en forma gradual de 60 a 65 años la edad de los hombres para acceder al beneficio jubilatorio.

El texto que fue aprobado hace una semana por la Cámara baja también establece que para acceder al régimen especial deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida.

Desde la oposición, el presidente del interbloque de JpC, Luis Naidenoff, no descartó acompañar la iniciativa al señalar que aprueba el fin de los regímenes de excepción en Argentina pero aclaró que no se sometería "a ningún tipo de extorsión".

Para los opositores sería muy complejo votar en contra de la iniciativa que dicen compartir en los objetivos generales. Ya que el proyecto fue enviado desde el Poder Ejecutivo luego de que la oposición lo reclamara en medios del debate sobre el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública.

El proyecto de Solidaridad Social estableció la suspensión de la ley de movilidad jubilaría automática por 180 días –hasta aprobar un nuevo sistema de cálculo-- y excluía de esa suspensión a varios regímenes especiales: docentes, científicos, las pensiones graciables para los hijos de víctimas de violencia de Género, y al Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático. Estos últimos desataron las críticas opositoras, que derivó en el compromiso de Fernández. Los legisladores del oficialismo admitieron después que excluir a jueces fue parte de una estrategia para evitar la judicialización de la ley.

De todas maneras, JpC insistirá –como lo hizo durante el debate en las comisiones de Diputados - en incorporar un artículo que mantengan los actuales beneficios para aquellos miembros del Poder Judicial y del Servicio Exterior a los que ya se les otorgó la aceptación de la jubilación. El argumento es evitar un supuesto “éxodo” de jueces y fiscales del sistema judicial. Aunque consideran que difícilmente el oficialismo lo admita.

En tanto, el lobby judicial comenzó su presión sobre la futura normativa. Ayer se conocieron las renuncias solicitadas por 4 jueces y 1 fiscal, que el gobierno aceptó y publicó en el Boletín Oficial con la firma del presidente Fernández. Se trata de los camaristas Fernando Larraín y Oscar Lemos (TOC y C 2 y TOPE 2, respectivamente); el juez Ricardo Rojas (TOCyC 18); la jueza federal Rita de la Ascensión Garese (EFT 3); y la fiscal general Irma García Netto (TOCy C CABA).



Miércoles, 4 de marzo de 2020