La estadística la reveló Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Argentina Antidrogas de la República Argentina (AARA). Muchas de las llamadas "narcoavionetas" ni siquiera llegan a aterrizar, lanzando la droga a la pista.

El fallo condenatorio contra la banda conocida como "Comando Vermelho", con penas de hasta 20 años para los narcotraficantes, tiene como elemento central la decisión judicial de expropiación de dos enormes estancias en la provincia de Corrientes, donde se habían construido pistas para las avionetas que transportaban los estupefacientes. Más allá de la buena noticia que representa la medida, los narcos saben que es muy difícil investigar lo que ocurre dentro de los predios y que la reacción judicial requiere de órdenes de allanamiento. Estos elementos, entre otros, determinan que en el territorio argentino se registren más de 1.500 pistas clandestinas.


Desde la Asociación Argentina Antidrogas de la República Argentina (AARA), su presidente Claudio Izaguirre explicó que "se realizó un relevamiento en todo el país durante el presente año, derivando en el dato de que en todas las provincias hay pistas clandestinas construidas y utilizadas por narcos, con una cifra que supera las 1.500".



"En Tierra de Fuego, por ejemplo, que es la provincia más austral del país, tenemos cuatro pistas clandestinas manejadas por narcos. Es un ejemplo la decisión del fiscal federal Schaeffer de incautar las dos estancias que el Comando Vermelho tenía en Corrientes. Estos actos deben ser replicados por la justicia de todo el país. No podemos tener miedo a las mafias que destruyen vidas", dijo Izaguirre.



Tal como informó POPULAR en exclusiva, los integrantes de una banda de narcos argentinos conocida como "Comando Vermelho", brazo del poderoso grupo de origen brasilero, fueron condenados con penas de hasta 20 años de prisión. El grupo reclutaba pilotos de avionetas, contadores, cocineros, peones y un largo etcétera que revela el nivel de "profesionalismo".



Esta banda compraba cocaína de máxima pureza en Bolivia y la vendía principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, aunque se extendía en todo el país. Incluso, también estaba operando en Uruguay. Lo concreto es que habían comprado dos mega estancias para tener pistas de aterrizaje y despegue. La fórmula se repite en cada provincia.



"Desde la franja cordillerana hasta el Atlántico, las pistas clandestinas para las narco avionetas están por todos lados. Lo peor es que no hay políticas públicas para detener el ingreso de las aeronaves con drogas desde países vecinos, principalmente Bolivia, Paraguay y Perú. La decisión del fiscal Schaeffer nos trae un poco de tranquilidad porque comenzamos a ver que el Estado, a través del Poder Judicial, comienza a trabajar en este problema", dijo Izaguirre.



En ese sentido, el experto manifestó que "muchas bandas de traficantes usan el agua para el transporte de sustancias, o lo hacen vía terrestre, poniendo en superficie que hay muchas maneras de entrar droga en nuestro país, pero la que más rédito les genera a las mafias son las avionetas, las pistas y los predios, porque saben que en el espacio aéreo no van a sufrir molestias".



"Muchas avionetas ni siquiera aterrizan. Sino que dejan la droga en un lugar estipulado por GPS y se la arroja. Luego vuelven al lugar de origen sin drama. Entran y salen. El país entero está plagado de esta modalidad. Argentina sigue sin la posibilidad de entronarse respecto a lasoberanía sobre su espacio aereo. Ninguna nave puede entrar sin permiso a Estados Unidos, Francia, Rusia o Japón, por citar algunos ejemplos. Acá lo hacen sin problema, y esto deriva en la proliferación de las pistas clandestinas", dijo el titular de la AARA.


Finalmente, Izaguirre dijo que "es necesario que el Estado diseñe ya una política integral sobre este problema, con radares colocados de manera estratégica y el aprovechamiento de todos los recursos que tenemos en este momento, incluso con las Fuerzas Armadas, porque lo que tenemos es una verdaera invasión de organizaciones internacionales que manejan la droga".

Lunes, 16 de diciembre de 2019