Cómo se contruyó el relato que dio base al derrocamiento y proscripción de Evo Morales. Un documento del prestigioso CEPR, que tiene dos premios Nobel en su Junta Consultiva, demuele las conclusiones que alimentaron al discurso golpista.

“Declarar es muy fácil, probar y comprobar es lo difícil”, fue la frase con que Fernando del Rincón, periodista de CNN, abrió su programa destinado a hablar del “fraude” en las elecciones bolivianas. Pese a todos sus esfuerzos, él tampoco lo logró. Declaró mucho y probó poco y nada.

Algo parecido le pasó a la Organización de Estados Americanos (OEA). Dedicada desde la noche misma de las elecciones a darle argumentos a la oposición golpista --sembrando sospechas sobre el recuento de votos y hablando de “un inexplicable cambio de tendencia”--, se cuidó sin embargo de utilizar la palabra “fraude”, que no figuró en ninguna de sus declaraciones.

El único que rompió la consigna fue nada menos que el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, expulsado del Frente Amplio por impulsar la intervención militar en Venezuela, quien aseguró el martes en la sesión extraordinaria de la OEA que “en Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”.

Más allá del uso de la palabra “fraude”, los documentos de la OEA fueron la columna vertebral sobre la que se construyó el relato que habilitó el golpe de estado en Bolivia. La validez de sus conclusiones quedó severamente cuestionada cuando el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) dio a conocer su trabajo ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA , que demuele las apresuradas conclusiones del documento apadrinado por Almagro.

El CEPR es un prestigioso centro de investigación con base en Washington, fundado por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot. Su Junta Consultiva incluye a dos premios Nobel de Economía como Robert Solow y Joseph Stiglitz.

El relato de la OEA
Todo el relato de la OEA se basó en la interrupción por casi 24 horas del escrutinio provisorio (llamado Transmisión de los Resultados Electorales Preliminares, TREP) cuando ya estaban cargadas el 83,85% de las actas.

El sistema electoral boliviano prevé que será declarado ganador el candidato que supere el 50% de los votos o el que, con más del 40%, aventaje por 10 puntos a su inmediato competidor. Cuando el conteo rápido fue interrumpido, Evo Morales había pasado el 45,7% del total y le llevaba 7,87% a Carlos Mesa, el otro candidato con aspiraciones.

Cuando se retomó el conteo rápido y se llegó al 95,63% de las actas, el resultado fue de 46,86% para el presidente y 36,32 para el opositor, con más de 10 puntos de diferencia. Finalmente, en el escrutinio oficial, el oficialismo llegó al 47,08%, un 10,5% por encima de Mesa. En otras palabras, Evo había sido reelegido sin necesidad de recurrir a un ballottage.

El principal argumento de la OEA para reclamar que se repitan las elecciones fue “el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares [del conteo rápido]”. Sin embargo, sostiene el informe del CEPR, “la misión no proporcionó evidencia sustentando estas declaraciones que sugieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o ‘difícil de explicar’”.

El conteo rápido y el oficial
Los investigadores del Centro estadunidense muestran que la mayor parte de los señalamientos de la OEA se hacen sobre el escrutinio provisorio y no sobre el oficial, que se inició poco después y no se interrumpió en ningún momento.

El conteo rápido se realiza en base a fotografías de las actas y su única función es responder a la ansiedad de los medios y la población con resultados creíbles a pocas horas de terminada la votación. (Dicho sea de paso, la propia OEA recomendó que se haga.) Pero esos resultados no tienen ningún valor legal.

En Bolivia, el único cómputo vinculante es el oficial, confeccionado por los Tribunales Electorales en base a las actas verdaderas. Eso explica por qué, en la noche de las elecciones, grupos coordinados de opositores atacaron, y en varios casos incendiaron, algunos de los locales donde se llevaba a cabo el recuento oficial, obligando a trasladar el lugar de trabajo de las autoridades electorales. Esas “mudanzas” serían utilizadas después por la OEA para cuestionar el funcionamiento del escrutinio.

El estudio de CEPR muestra también que, contrariamente a lo sugerido por la oposición, los dos escrutinios confluyeron en un resultado muy similar. “Al final, el conteo oficial, que es legalmente vinculante y completamente transparente, coincidió estrechamente con los resultados del conteo rápido”, explicó Guillaume Long, uno de los investigadores.

El cambio de tendencia
Lo que explica el “cambio de tendencia” que tanto preocupó a la OEA no es otra cosa que el fuerte contraste entre el voto ciudadano y el voto rural. Las preferencias en los centros urbanos, donde crece la participación de los sectores medios y altos, es menos favorable a Evo Morales que en los territorios campesinos, el área pobre de la que él mismo proviene. Lógicamente, las actas de las urnas ciudadanas llegan a los centros electorales antes de las que provienen de los apartados sectores rurales. De allí surge la consistencia de la tendencia proyectada desde el comienzo mismo del conteo, que muestra la paulatina y permanente ampliación de la diferencia entre Morales y Mesa, hasta llegar al 10,5 final.


No conformes con esas proyecciones, los expertos del CEPR realizaron más de 500 simulaciones en base a los resultados informados con el 83,85% de las actas, cuando se interrumpió el conteo rápido, y concluyeron que el triunfo de Evo Morales por más de 10 puntos no sólo era posible sino altamente probable.

Del fraude a la inconstitucionalidad
Todos estos datos explican por qué poco a poco se fue abandonando el argumento del “fraude” en el escrutinio de los votos, para resucitar con más fuerza la “inconstitucionalidad” de la participación del Presidente aymara en las elecciones. Cabe recordar que Evo Morales perdió en 2016 por estrecho margen un prebliscito sobre la posibilidad de habilitar su candidatura para un nuevo periodo. Y que finalmente logró en 2017 un fallo del Tribunal Supremo que le dio luz verde a sus aspiraciones.

Más allá de las opiniones que merezcan esas dos iniciativas del presidente depuesto, actualmente no pueden tener la menor relevancia. El fallo que lo habilitó fue aceptado tanto por la oposición interna, que legalizó las elecciones al presentarse, como por los organismos internacionales que ahora aparecen al frente del cuestionamiento, como la OEA, que le dio pleno respaldo en mayo de 2018. “Decir que Evo Morales no puede participar sería absolutamente discriminatorio”, proclamó por aquellos días el propio Luis Almagro.

Pero los vientos cambiaron. Una de las pocas definiciones de la autoproclamada presidenta provisoria de Bolivia, Jeanine Áñez, fue justamente anunciar su decisión de anular ese fallo del Tribunal Constitucional.

Si lo hace, quedaría expuesto el principal objetivo del Golpe: la proscripción de Evo Morales, de la misma forma que la destitución de Dilma Rousseff y la prisión de Lula da Silva tuvieron el objetivo de proscribir al primer presidente obrero de la historia de Brasil.

¿Serían democráticas unas elecciones con el principal candidato proscripto, aunque acaba de obtener nada menos que el 47 por ciento de los votos? Los argentinos están calificados para opinar al respecto, después de todo algo muy parecido se vivió después del golpe militar que derrocó a Juan Domingo Perón y lo proscribió por décadas.

Algunos datos más que interesantes para seguir leyendo
1. Antonio Costas, el vicepresidente del Tribunal Electoral que con su renuncia abonó buena parte de las denuncias periodísticas sobre el supuesto “fraude”, aseguró a los medios que quisieron escucharlo que su disgusto fue con la “innecesaria” suspensión del conteo rápido. Y reveló que ésta se produjo por una alerta de ataque informático, pero que el “alboroto” técnico y la “impericia” del Tribunal, no cambiaron de ninguna manera la veracidad de los resultados.

2. Según la ley boliviana, una vez que los jurados electorales firman el acta de recuento de una mesa, el día de las elecciones, los votos físicos ya no tienen valor, puesto que en ningún caso se ha de volver a contarlos. Si un acta recibe observaciones, se vuelve a votar en la mesa a la que esta corresponde. Así que nadie se preocupa demasiado por conservar con cuidado los votos. Eso explica por qué pasaron al olvido los videos de denuncia, que se viralizaron en las redes y los medios en la noche de las elecciones, donde jóvenes exaltados mostraban papeletas y urnas como “prueba” del fraude, mientras sus compañeros les prendían fuego.

3. Declaraciones de Evo Morales al diario español El País desde México: “El golpe de Estado empezó el 21 de octubre, después de las elecciones, con la falsa acusación de que había fraude. Ahora me doy cuenta de que la denuncia es el verdadero fraude. Durante dos semanas, se va intensificando y el golpe se consuma cuando la policía se amotina y pasa a ser golpista. Pedimos un diálogo con los cuatro partidos que tienen representación parlamentaria. Para evitar muertos y heridos, yo digo que no haya segunda vuelta sino elecciones y sin Evo candidato, con nuevos miembros del tribunal electoral. Y siguieron agrediendo. Hasta que renuncié, no había muertos de bala. Después, van cuatro o cinco.

En la madrugada del domingo, la OEA ya tenía listo el informe preliminar haciendo ver que había habido fraude. El compromiso era otro, porque nos habían dicho que no lo tendrían listo entero hasta el 12 y nos pidieron hasta el 13, es decir, hasta hoy. Yo pedí que me contactaran con el secretario general, Luis Almagro, a las tres o cuatro de la mañana, pero no quiso. Hablé con su jefe de Gabinete, Gonzalo Koncke, le dije que con ese informe iban a incendiar el país, que iba a haber muertos. Dicen que gané, pero no con claridad, entonces, debería haber segunda vuelta, pero no, quieren nuevas elecciones. Es una decisión política. Ahora dicen que hicimos un autogolpe. Luis Almagro espera instrucciones del Gobierno de Estados Unidos, así se puede entender. Yo tenía cierta esperanza en la OEA. Le dijimos que hicieran la auditoría, estaba convencido de que no hubo fraude. Nunca en la vida me ha gustado hacer algo ilegal. El tema de fondo es que no aceptan el voto indígena. Después del primer informe, el TREP, ganaba con el 7% pero faltaba el voto rural, el voto indígena. Dije que íbamos a ganar. Rechazan el voto indígena, es regresar a tiempos del pasado, a tiempos de la colonia.”

Viernes, 15 de noviembre de 2019