El presidente boliviano rechazó el ultimátum que le lanzó un líder opositor santacruceño, quien le dio “48 horas para renunciar”. Morales convocó a dirigentes sindicales y sociales para “defender el proceso de cambio", mientras el ministro de Gobierno mencionó informes de inteligencia que hablan de preparativos para una “acción violenta y confrontacional”.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a dirigentes de organizaciones aliadas a raíz de la situación generada por el ultimátum que le dio la oposición para que renuncie antes de este lunes en la noche. "Voy a pedir una reunión de emergencia con nuestros dirigentes sindicales, nacionales, la COB (Central Obrera Boliviana), Conalcam (Coordinadora Nacional por el Cambio), otros sectores sociales, para planificar qué están pensando; yo dependo del pueblo, las fuerzas sociales", dijo el mandatario a la radio San Gabriel.

"El pueblo también dirá su palabra", agregó el mandatario, para quien "ahora ya no es elecciones ni fraude" el motivo de la protesta opositora sino "un tema de golpe" de estado. "Hago un llamado a la oposición para que no nos enfrentemos entre bolivianos", pidió.

Asimismo, Morales aseguró que grupos de sindicatos están preparados para hacer vigilias en defensa de su gobierno. "Ya estamos preparados, sectores por día vamos a cuidar, hacer vigilias en la Casa Grande del Pueblo (sede del gobierno), por circunscripción, pacíficamente, para defender nuestro proceso de cambio", dijo.

La tregua solicitada, tanto por oficialismo y oposición, para que el pueblo boliviano conmemorara en la paz de los cementerios el tradicional “Día de Todos Santos”, con feriado mediante el día sábado, se vio alterada en tres aspectos de la crisis que afecta al país a partir del rechazo opositor a consagrar la victoria de Evo Morales en la primera vuelta electoral del 20 de octubre.

Tres aspectos agravan la endeble situación social e institucional: en lo político, el cívico cruceño Luis Fernando Camacho, junto a otros sectores reaccionarios que han cobrado poder y visibilidad durante las dos semanas de convulsión, dio el sábado a la noche un ultimátum para que Morales renuncie a la presidencia; en lo estrictamente electoral, el mexicano Arturo Espinosa Sills, a cargo del equipo de especialistas de la OEA que comenzó a auditar el escrutinio de los comicios generales, renunció la noche del viernes, poco después de pisar suelo boliviano; y en lo judicial, investigaciones policiales determinaron seis detenciones por los asesinatos de dos hombres ligados a la Juventud Cruceñista el 30 de octubre en enfrentamientos en la ciudad de Montero, otro dolor de cabeza para el gobierno porque las pesquisas indican la participación de allegados al MAS.

El movimiento cívico nacional, con eje en el Comité pro Santa Cruz al mando de Camacho, y el Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (CONADE) volvieron a extremar el sábado sus posiciones al poner un plazo de 48 horas para la renuncia de Morales. “Tomemos decisiones mucho más duras. El tirano tiene 48 horas para renunciar porque el día lunes a las 19 horas, y en cumplimiento al compromiso que hicimos en el Cabildo, aquí las mismas personas vamos a tomar determinaciones de que él se vaya”, amenazó sin ambages en un acto en el que intentó aleccionar al Alto Mando de las Fuerzas Armadas leyendo una carta “para que se pongan del lado del pueblo y no se dejen amedrentar”.

Camacho advirtió en el Cristo Redentor de Santa Cruz que “la llama se vuelve a encender” y que, si Evo Morales no renuncia, impondrán “medidas complementarias” al paro cívico hasta conseguir “no el derrocamiento, sino la liberación de la patria”. Morales minimizó las advertencias al señalar que no son más de dos mil los adherentes de Camacho.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista a medios estatales, apuntó hoy que las amenazas “significan constitucionalmente una ruptura del orden establecido, pero fundamentalmente es la develación de la estrategia golpista: no importaban las elecciones, se había anunciado que no eran creíbles, fraudulentas, antes de su realización". Y denunció que los dichos de Camacho coinciden con informes de inteligencia de que para el lunes “se prepara una acción violenta confrontacional hacia plaza Murillo -eje político del país en la ciudad de La Paz-, a cargo de grupos de choque organizados por los cívicos”.

Otro hecho que empantana la salida de la conflictividad fue el sorpresivo anuncio que hizo el coordinador técnico de la Organización de Estados Americanos, Arturo Espinosa, sobre su retiro del equipo de expertos auditores. “He decidido retirarme de la auditoría para no comprometer su imparcialidad. Debí informar a la OEA sobre manifestaciones públicas previas acerca del proceso electoral en Bolivia”, explicó Espinosa vía Twitter. El 16 de octubre, en la misma red social, había aseverado: “El domingo habrá elecciones en #Bolivia y @evoespueblo va por su 4to periodo. Te cuento todas las maromas y enredos que ha hecho para saltarse la Constitución”.

Pese a que la auditoría cuenta con el aval expreso de la ONU y en los últimos días países como Alemania, Estados Unidos, Francia y Rusia -con especial énfasis de Vladimir Putin para que se evite cualquier tipo de injerencia sobre Bolivia- han reiterado su apoyo, la renuncia de Espinosa fue la comidilla de la oposición y sus medios acólitos, explotando las suspicacias del propio Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana, acerca de la unilateralidad con que la OEA y el gobierno boliviano habrían convenido el recuento. También valdría la pena preguntarse por qué la OEA destinó como jefe a Espinosa -teniendo en cuenta sus antecedentes respecto a Morales-, y por qué él no rechazó la propuesta en lugar de renunciar en medio de un país convulsionado.

De allí que el propio Morales haya señalado en un acto en Cochabamba que “vamos a ser respetuosos a las conclusiones, al informe de la OEA y los países, esperamos que sea un informe técnico y jurídico y no político”. A su vez, hoy el canciller Diego Pary insistió con que “no se puede engañar a la población diciendo que hay fraude sin presentar pruebas, se espera que los líderes políticos sean responsables”, y anunció que, a instancias del cuestionado Tribunal Electoral Plurinacional, se gestiona “una auditoría paralela” con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA).

Una de las nuevas medidas que se adoptarán en defensa del gobierno partió de la Alianza Democrática y Cultural de Organizaciones Sociales de Mujeres, que reúne a trabajadoras, campesinas, indígenas y militantes con el objetivo de “proceder a la inmediata investigación y juzgamiento de los actos discriminatorios que venimos padeciendo”, y a movilizarse “contra el odio, el racismo, por la pacificación y el cese de bloqueos y paros que perjudican a las familias, al pueblo y el desarrollo económico del país”, además de denunciar “la utilización del miedo, la mentira, el alarmismo y la desinformación entre hermanos bolivianos”.



Domingo, 3 de noviembre de 2019