El Estado perdió al menos $ 23 mil millones en lo que va del año por dos medidas cautelares, que permitieron a dos empresas no pagar el impuesto mínimo al cigarrillo, lo que afecta también a las provincias productoras de tabaco.

Las compañías Tabacalera Sarandí SA y Espert SA obtuvieron medidas cautelares para no pagar el impuesto mínimo al cigarrillo, lo que generó de enero a mayo de este año una pérdida fiscal de 23 mil millones de pesos y un sobrecosto de entre 9 mil y 14 mil millones de pesos en salud pública. Los datos se desprenden del último informe de la Subsecretaría de Programación Microeconómica del Ministerio de Hacienda de la Nación.

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El informe titulado Impacto del otorgamiento de medidas cautelares para el no pago del impuesto mínimo a los cigarrillos sobre las arcas públicas y la salud pública señala que las empresas que fabrican los cigarrillos Melbour, West, Red Point y Milenio –entre otros productos– obtuvieron en la Justicia medidas cautelares “para no pagar el componente fijo del impuesto interno (el piso de
ese impuesto) y solo tributar mediante el método ad valorem”.

Al respecto, el contador Alberto Marchese, presidente de la delegación San Martín del Consejo de
Ciencias Económicas de Buenos Aires, explica a PERFIL: “El impuesto al cigarrillo forma parte de
los impuestos internos que se aplican sobre determinados productos en los que se quiere restringir el consumo por razones de salud y recaudar para las arcas públicas” y asegura: “cuando uno prende un cigarrillo no fuma tabaco, fuma impuestos”.

El informe de la Subsecretaría dice que “la reducción de la recaudación se produce por dos vías: un
efecto directo (por la reducción del precio de los paquetes de las empresas beneficiadas por la
cautelar) y un efecto indirecto (el resto de las empresas deben alterar su estrategia de precios para
competir con las empresas beneficiadas, fijando precios menores a los que fijaría en ausencia de la
cautelar)”.

Las últimas reformas tributarias sobre el impuesto al tabaco –reducción del componente ad valorem
y el aumento del componente de suma fija– no tuvieron efectos negativos para las tabacaleras que
fabrican cigarrillos de alta gama (como Massalin Particulares y Nobleza Piccardo), aunque
encarecieron los precios de los cigarrillos baratos. Como respuesta, las tabacaleras Espert y Sarandí
plantearon un recurso de inconstitucionalidad a la AFIP, pero como el tratamiento demora mucho
tiempo se apoyaron en medidas cautelares en la Justicia como recurso de amparo.

Al mismo tiempo, la empresa tabacalera Bronway Technology SA, fabricante de los cigarrillos Pier y
Dolchester, también solicitó medidas cautelares para el no pago del impuesto, pero el pedido fue
rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que para reducir el consumo de
cigarrillos “la opción más eficaz y rentable para todos los gobiernos consiste simple y llanamente en
aumentar el precio del tabaco, aplicando impuestos sobre el consumo” y agrega: “un aumento del
precio de un 10% por paquete de cigarrillos debería generar una reducción de la demanda de
aproximadamente un 4% en los países de ingresos altos, y de entre un 4% y un 8% en los países de
ingresos bajos y medios”.

En esa línea, Mario Virgolini, docente universitario y miembro de la Comisión Directiva de la
Unión Antitabáquica Argentina, es categórico: “La política de precios de la industria tabacalera se
orienta a establecer diferencias entre las marcas según poder adquisitivo, de modo de asegurar
asequibilidad en todos los sectores de la población, incluidos los jóvenes que son muy susceptibles al precio. Por eso el sistema impositivo tiene que evitar que los objetivos sanitarios sean burlados por las políticas de precios”.


Según el informe de la Subsecretaría, las medidas cautelares otorgadas a Sarandí y Espert generaron un sobrecosto estimado de entre 9.875 y 14.820 millones de pesos en salud pública por el consumo de tabaco. Al mismo tiempo, señala que un relevamiento realizado por la plataforma Numbeo en 96 países muestra que la Argentina es el noveno país más barato para comprar cigarrillos.

“Un paquete de veinte unidades es 87% más barato que en Reino Unido”, señala.

Economías regionales. Uno de los problemas más recurrentes que aparecen al momento de intentar
disminuir el consumo de tabaco es el gran número de puestos de trabajo que genera esta industria
en las provincias del Norte del país. Solo en Salta hay 1.621 empresas y cooperativas en plantaciones de tabaco que emplean a 27 mil obreros rurales, 1.600 empleados en plantas de procesamiento y otras 20 mil personas vinculadas a los proveedores de bienes y servicios relacionados con esta actividad.

“Si vos ponés el atado de cigarrillos a 500 pesos, donde no lo compra nadie, tenés economías
regionales que se caen. Entonces, hay que balancear la recaudación impositiva por cuestiones de
recaudación y salud, pero sin dejar a la gente sin trabajo. Es un tema muy difícil de resolver porque
el tabaco emplea a muchas personas”, explica Marchese.

La Ley Nacional del Tabaco (19.800) estableció la creación del Fondo Especial del Tabaco (FET),
que se financia por medio de un porcentaje del impuesto interno al tabaco y por el 7% del precio de
cada paquete de cigarrillo vendido en el país. Este órgano distribuye el dinero entre los productores
tabacaleros y las economías regionales del Norte Grande.

La Cámara de Tabaco de Salta (CTS), que nuclea a los productores tabacaleros de esa provincia,
repudia la obtención de las medidas cautelares de las empresas. Luis Cevasco, representante de la
CTS advierte: “Impactan en una menor recaudación para la producción primaria tabacalera que se
financia de este impuesto, dado que es la retribución directa que complementa el precio del tabaco
vendido por el productor”.

“También hay que recordar, agrega, que el valor mínimo de los cigarrillos obedece a una ley cuya
finalidad es desalentar el consumo de cigarrillos buscando elevar su precio. Hoy las siete provincias
tabacaleras sufren desfinanciamiento por estos recursos judiciales”.

El impuesto es un arma eficaz para desalentar el consumo de cigarrillos
Mario Virgolini es Director del Centro de Estudios de Prevención de Riesgos y Promoción de la
Salud de la Universidad Isalud, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP y miembro
de la Comisión Directiva de la Unión Antitabáquica Argentina (UATA).
—¿Cuántos fumadores activos y pasivos hay en la Argentina?
—En Argentina, a partir de las políticas implementadas desde 2003, el consumo de tabaco viene
disminuyendo en toda la población, particularmente en los grupos etarios más jóvenes. En efecto, en
2005 el porcentaje de fumadores adultos era de 29,7%, cifra que bajó a 22,1% en 2018. Pero este
descenso había sido más marcado en el grupo de adolescentes: un punto por año entre 2007 (24,5%) y 2012 (19,6%). Sin embargo, se de-saceleró en el último período a 0,3 puntos por año, llegando a 18,0% en 2018. En cuanto al tabaquismo pasivo, hubo grandes mejoras desde que se implementaron las primeras leyes provinciales libres de humo en el año 2005. Entre los adultos, la exposición al humo de tabaco ajeno entre 2009 y 2018, bajó del 34% al 21,8% en los lugares de trabajo, del 47,2% al 21,5% en los bares y restaurantes, y del 33,9% al 25,1% en los hogares. No obstante esta importante disminución, todavía se mantiene la exposición a las sustancias tóxicas del cigarrillo en un cuarto de la población de adultos, especialmente en sus hogares.

—¿Cuál es la importancia del impuesto al cigarrillo para la salud de la población?

—El impuesto aplicado a un producto de efectos tan nocivos como los cigarrillos, tiene el propósito
de desalentar el consumo, especialmente cuando este impuesto se refleja en un aumento del precio
real, de modo tal que disminuya la asequibilidad. Las tabacaleras manejan una cartera de marcas
diferenciadas por precio y por características que se asocian con imágenes o emblemas desarrollados para que sean incorporadas por los adolescentes en la construcción de su identidad.

La política de precios de la industria se orienta a establecer diferencias entre las marcas según poder adquisitivo,de modo de asegurar asequibilidad en todos los sectores de la población, incluidos los jóvenes, que son muy susceptibles al precio. Por eso el sistema impositivo tiene que evitar que los objetivos sanitarios sean burlados por las políticas de precios.
—¿De qué otra manera se puede desalentar el consumo de cigarrillos?
—Las principales formas para desalentar el consumo, además de impuestos y precios, son los
ambientes libres de humo, la prohibición absoluta de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco,
y el etiquetado con advertencias con imágenes fuertes. En este sentido, la legislación argentina
resulta débil, dado que no prohíbe en forma completa la publicidad y promoción, y la industria se
vale de esto para promover sus productos. Argentina tiene que avanzar con políticas más firmes
como la prohibición de la exhibición, el incremento de la advertencia al 80% de la superficie y el
etiquetado desprovisto de rasgos de marca.
—¿Hay cigarrillos más o menos dañinos por cuestiones de calidad?
—No. Todos los productos de tabaco son nocivos para la salud. Las grandes tabacaleras han venido
promoviendo el engaño de productos supuestamente más sanos, como los cigarrillos light o bajos en
nicotina o alquitrán, o con productos “de calidad”. Ahora están los cigarrillos electrónicos y los
denominados “productos de tabaco calentado”, mencionando que emiten “vapor” y no humo, cuando
en realidad son aerosoles que llevan a las partes más profundas del pulmón infinidad de partículas
muy peligrosas.

Martes, 22 de octubre de 2019