El gobierno y un sector de la oposición firmaron un acuerdo de cinco puntos y establecieron la Mesa de Diálogo Nacional. El hecho vino a modificar los ritmos y posibles desembocaduras del conflicto, en un escenario donde el principal espacio de diálogo, mediado por Noruega, había quedado congelado.

La reacción generalizada ante las cámaras enfocadas en la firma fue de sorpresa: no formaba parte de las piezas previstas en el escenario de juego.

En las úlitimas horas ocurrió el primer avance en el marco del pacto: fue liberado el diputado y vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, perteneciente al partido Acción Democrática, quien había sido detenido por haber participado en la acción militar del 30 de abril. El parlamentario opositor deberá presentarse cada 30 días ante los tribunales.

La actuación del gobierno fue en unidad. El chavismo, como acostumbra en estos escenarios, no dejó evidenciar ninguna diferencia ante lo que presentó como un logro central en medio de una escalada de varios frentes, en principal el de la frontera colombiana y el diplomático.

El acuerdo fue ratificado y defendido ante cámaras por cuatro formaciones políticas: los partidos MAS, Cambiemos, Soluciones para Venezuela, y Avanzada Progresista. Las fuerzas de la oposición consideradas mayoritarias, como Voluntad Popular, Se sumó también Javier Bertucchi, ex candidato a la presidencia. Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, rechazaron el acuerdo firmado.

Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) brindó declaraciones en simultáneo con la firma televisada. Allí dio por terminado el espacio iniciado bajo mediación de Noruega -reunido primero en Oslo, luego en Barbados- culpó al gobierno de la imposibilidad de llegar a un acuerdo y minimizó a los sectores opositores firmantes, descartando que eso pudiera ser una posible solución.

Los cinco puntos del acuerdo, a desarrollarse, fueron: la reincorporación de los diputados del chavismo a la AN, la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), trabajar con el sistema de justicia para abordar la situación de los políticos detenidos para aplicar medidas de libertad en los casos que lo permitan, el rechazo a las sanciones económicas norteamericanas, la defensa de la Guyana Esequiba -territorio en disputa internacional- y la aplicación de un programa de intercambio de petróleo por alimentos.

La instalación de la Mesa de Diálogo Nacional deja así entrever la posibilidad de una salida electoral, marcada centralmente por la renovación del CNE, una petición siempre sobre la mesa por parte de la oposición. Sostiene a su vez el intento por salir del choque de poderes estatales marcado por la situación del legislativo, así como el consenso acerca del rechazo al bloqueo internacional que impide una recuperación y normalización económica.

Los puntos negociados evidencian una diferencia con el planteamiento de sectores opositores ausentes, que han defendido la necesidad de las sanciones norteamericanas para forzar al gobierno a una negociación en posición desfavorable, y se han opuesto a una resolución que no tenga como punto inicial la salida de Nicolás Maduro antes mismo de realizar elecciones presidenciales de las cuales, sostienen, no podría participar.

Esas posiciones no son a su vez homogéneas: fuerzas políticas como Acción Democrática se han mostrado favorables a un posible escenario electoral, pero no forman parte del acuerdo firmado, otros han sostenido toda salida por las urnas es inviable y debe ser por la fuerza -como Antonio Ledezma o María Corina Machado- y partidos como Primero Justicia, han mantenido posiciones oscilantes.

La apuesta del acuerdo firmado parece ser el de, además de lograr los puntos de avance anunciados, traccionar a aquellos sectores que están contra una salida violenta con intervención extranjera, y podrían acordar con una posición intermedia.

La cuestión de la resolución nacional y pacífica del conflicto quedó subrayada durante el acuerdo y en declaraciones posteriores. Se trata de una toma de posición en un escenario marcado por tres hechos recientes que indican el avance de las líneas que buscan la maniobra violenta para quebrar la correlación de fuerzas a su favor.

El primero ha sido la denuncia por parte del gobierno de la amenaza de una acción de falsa bandera preparada desde Colombia para provocar una escalada con aceleramiento de tiempos y choques. El segundo, fue la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que será debatido entre los cancilleres de países firmantes en los días de la Asamblea General de Naciones Unidas. En cuanto al tercero se trató de la nueva confirmación, a través de fotografías y testimonios, de la vinculación de Guaidó con sectores del paramilitarismo colombiano.

Todavía resulta temprano saber cómo se darán los próximos pasos, cómo será la posible reincorporación de los diputados del chavismo a la AN, qué se intentará desde esa instancia declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, o cómo será la renovación del CNE.

En ese marco la respuesta de Estados Unidos fue doble. En primer lugar, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones a dieciséis empresas vinculadas a Venezuela. En segundo lugar, el Departamento de Estado emitió un comunicado donde acusó al gobierno de ser responsable del fracaso de los diálogos, ratificó que no quitará el bloqueo hasta tanto Maduro no deje la presidencia, y subrayó la invocación del TIAR para “facilitar más acciones colectivas”.

Con este nuevo escenario el gobierno ha tomado un paso de iniciativa en acuerdo con sectores opositores que fueron inmediatamente calificados de traidores por las otras fuerzas de la derecha. Queda por ver, entre otras cosas, si logrará traccionar a más partidos, y si la propuesta reunirá un consenso suficiente, nacional e internacional, para abrir las puertas de posibles elecciones que serían, según indican repetidas declaraciones de Maduro, legislativas.

Jueves, 19 de septiembre de 2019