La última sesión de control al Gobierno español en el Congreso de los Diputados inauguró la campaña electoral para los comicios generales del 10 de noviembre. Los segundos en el año después de que el presidente del Ejecutivo en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, no lograra conseguir apoyos para ser investido al frente del Gobierno.

En un recinto que sonaba ajeno al hartazgo que expresa la sociedad española por el bloqueo político, y en el que abundaron las chicanas y las risas sarcásticas, los líderes políticos se enzarzaron en un debate cuyo único objetivo fue convencer a la ciudadanía de que otro, y no ellos, es el culpable de que se realicen las nuevas elecciones.

Pedro Sánchez repartió culpas de diverso calado. A Pablo Iglesias, líder de Podemos, le achacó dogmatismo por no haber aceptado las ofertas de coalición en julio y programáticas este mes; a Albert Rivera, de Ciudadanos, irresponsabilidad por no haberse abstenido en una votación de investidura, y a Pablo Casado, jefe del Partido Popular, le acusó de no contar con sentido de Estado, por la misma razón que en el caso anterior. Un relato montado sobre la tesis de que el PSOE había sido la fuerza más votada, y, por tanto, el resto estaba obligado a allanarle el camino.



Cruces en el Congreso de los Diputados
Pablo Casado, líder popular, fue el primero en arrojar sus municiones. “Usted ha traicionado a todos, y ha demostrado que no es de fiar. Con el Partido Popular pactó el 155 (intervención de Cataluña) y luego presentó una moción de censura; con Cs pactó una investidura en el 2016, y ahora no se sienta (a dialogar) con ellos; con Podemos pactó unos presupuestos y ahora los intenta humillar”, dijo el dirigente de la derecha, uno de los pocos, junto a Sánchez, que podría beneficiarse en unos próximos comicios.
Respecto a los reproches de la oposición, aunque fueron diferentes, coincidieron en una mismo punto. Señalaron que Sánchez no había demostrado voluntad política para lograr acuerdos, y que en su hoja de ruta siempre había figurado el plan de celebrar una nuevas elecciones para aumentar el número de escaños. Una estrategia que ya probó con éxito el expresidente del PP, Mariano Rajoy, tras las elecciones de 2015, y que muchos le endilgan a Iván Redondo, el estratega electoral de Sánchez.

Posteriormente, fue el turno de Podemos. Su portavoz en el Congreso, Ione Belarra, le dijo a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que mucha gente podría “acabar pensando que ustedes (los socialistas) están donde querían encontrarse, que es en una repetición electoral donde sus gurúes comunicativos les dicen que van a rascar algunos escaños más, o en los que van a poder ablandar de una vez por todas a Ciudadanos”. Esa última posibilidad, impulsada desde el establishment español, dio ayer un nuevo giro cuando Albert Rivera ofreció la abstención de su fuerza con una serie de condiciones de tinte nacionalista, que Sánchez rechazó. En cualquier caso, el paso dado por el jefe de Ciudadanos permite pensar que, tras los comicios de noviembre, el acercamiento entre ambos será menos forzado.

En ese punto del debate, la vicepresidenta Calvo esquivó el dardo sobre Ciudadanos, y le reprochó a Podemos no haber aceptado la oferta de una vicepresidencia y tres ministerios durante los días de julio en que se negoció un Gobierno de coalición entre ambas fuerzas. Aquella apurada propuesta del PSOE que Podemos rechazó por "decorativa", es una de las críticas que los votantes de Iglesias podrían expresar el 10 de noviembre.

A su turno, Albert Rivera cargó contra Pedro Sánchez porque “no acepta que España ya haya votado muchas veces”, y que ha votado “diálogo y acuerdo”, para luego destacar su última oferta, una “opción constitucionalista”, que Sánchez no aceptó. Más tarde, en una rueda de prensa, Rivera prometió ponerse de acuerdo con el Partido Popular y formar Gobierno en un mes si lograban sumar “un escaño más” que la izquierda. Esa opción es un miedo latente de la izquierda, que llegará a los comicios fracturada y con el riesgo de que una abstención del electorado la termine perjudicando. En el caso de que eso suceda, las fuerzas de derecha descuentan el apoyo del partido radical Vox, con el que ya gobiernan en comunidades (provincias) tan determinantes como Madrid.

Para sumarle más pimienta al reproche general, los dirigentes catalanes también se expresaron. Desde el exilio de Bélgica, el expresidente Catalán que organizó el referéndum ilegal del 2017, Carles Puigdemont, dijo que el Estado español había hecho el ridículo, y que los dirigentes eran “incapaces en la democracia y resolutivos en la represión”. Una muestra de lo que se verá el mes que viene cuando el Tribuna Supremo falle contra el resto de dirigentes catalanes que participaron de aquella consulta independentista.

Con este panorama de crispación y con las alarmas encendidas por un posible estancamiento económico, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dio por terminada esta breve legislatura. La socialista, que dejará su cargo por la disolución del parlamento y el llamado a elecciones, se despidió con un mensaje en el que aseguró: “No lo hemos conseguido, y en unos días rendiremos cuenta”.

Jueves, 19 de septiembre de 2019