La apli­cación del sistema, provisto por una firma de viscoso antecedente, no resultó efectivo y tuvieron que repetir los simulacros en varias oportunidades hasta que por fin dieron en la tecla, eso sucedió hace no más de 20 días. Después de aquel acierto no volvieron a pro­bar, es decir que hoy habrán de salir a escena con apenas un ensayo correcto.

No es ilógico entonces que la Justicia Elec­toral, a cargo de la veterana magistrada por­teña María Romilda Servini, haya dispuesto, a 72 horas de la realización de los comicios, que un grupo de veedores judiciales se encar­gue de controlar el procedimiento. Respon­diendo así a un planteo que hizo la oposición -puntualmente el Frente de Todos-, pero también aceptando el convite del Gobierno, ambos propusieron que haya vigilancia del escrutinio provisorio.

A tres días de las elecciones las alianzas no habían recibido el software que se utilizará para la carga de los datos, la materia prima del escrutinio provisorio. El Gobierno había prometido que lo tendrían un mes antes de las urnas, por su parte la Justicia Electoral ha­bía estipulado que debería ser entregado seis meses antes. Ni una ni la otra, en el umbral de la veda, llegó el software a mano de los parti­dos de la oposición.

“Ahora ya no hay tiempo para estudiarlo, esto es grave y es una irregularidad mani­fiesta”, dijo Roberto Lavagna, precandidato presidencial. Lavagna puede ser acusado de muchas cosas, menos de no ser serio. Y si lo dice él, habrá que estar alertas.

En el centro de la polémica está la firma Smartmatic, que ganó en 2018 una vidriosa licitación para quedarse con el negocio de la informatización del escrutinio. La empre­sa, creada por dos hermanos venezolanos, trabajó más de una década para el régimen chavista, que paradójicamente es cuestiona­do por el gobierno de Mauricio Macri por su escaso apego democrático.

Aquí, en la Argentina, Smartmatic se abrió camino gracias a la gestión de Juan Born (h), uno de los aportantes de la campaña de Ma­cri, así lo reveló en un libro el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon. Na­die lo salió a desmentir. Como si esto fuera poco, los que participaron de la licitación con Smartmatic -y perdieron- impugnaron ese acto. No tuvieron eco; los venezolanos se quedaron con el negocio

Domingo, 11 de agosto de 2019