No hubo acuerdo en la audiencia realizada ayer entre la Unión Tranviario Automotor (UTA) seccional Corrientes y las empresas de transporte de la ciudad, y se abre un compás de es­pera. Luego de las impug­naciones planteadas por el gremio al proceso preventi­vo de crisis presentado por las firmas Ersa SA, Turismo Miramar y San Lorenzo, los referentes de ambas partes volvieron a congregarse en la Subsecretaría de Trabajo local.

En el marco del procedimiento pre­ventivo de crisis el sindicato rechazó la reducción de francos y la suspen­sión de 60 choferes.

La UTA solicitó que el organismo de Trabajo de Corrientes declare su in­competencia, debido a que cualquier modificación al Convenio Colectivo de Tra­bajo tiene que ser analizado por el Misterio de Trabajo de la Nación.

“Pedimos que se declare su incompetencia y que se remitan las actuaciones al Ministerio de Trabajo, para que el trámite vaya por esa vía. Mientras no se agote el procedimiento preventivo de crisis las empresas no pueden despedir, ni sus­pender, ni modificar las condiciones de trabajo. Se ha pedido la intervención del Consejo Directivo de la UTA nacional para que participe del procedimiento preventivo de crisis”, seña­ló un vocero gremialista local.

El sindicato había soli­citado que cada empresa presentara su estado fi­nanciero y los balances para fundamentar el esta­do de crisis.

“Hemos rechazado el acuerdo con las tres em­presas en virtud de que no han presentado las docu­mentaciones que tendrían que haberse homologado en el Ministerio de Traba­jo, donde la Subsecretaría de Trabajo debería remitir el procedimiento de crisis. Vamos a esperar a ver qué resuelve la Subsecretaría, y si tenemos que llegar a una medida de fuerza, lo vamos a hacer, porque no vamos a aceptar la reducción de horas, la suspensión de 60 compañeros y no tener los seis francos que nos co­rresponden por mes”, dijo Omar Correa, titular sindi­calista en Corrientes.

Por su parte, el represen­tante legal de las empresas de transporte, Gustavo La­rrea, fustigó el requerimien­to de la UTA, asegurando que “no hay impedimento para seguir tramitando, dis­cutiendo y homologando acá”.

En ese sentido, agregó que existe un decreto, el 265, que delega la facultad a la jurisdicciones, y que hay una resolución de Trabajo de la Nación, la Nº 337, que específicamente faculta a las jurisdicciones a tomar intervención en los estados de crisis.

“Este proceso no tiene determinado nuevas au­diencias. Se tiene que re­solver dentro de 10 días, y si existe acuerdo termina el proceso. Si hay un principio de acuerdo, se solicita un audiencia y se homologa el acuerdo”, señaló.

Dijo además que no soli­citaron la reducción del 70 por ciento del salario de los trabajadores sino “el pago no remunerativo”, y que pi­dieron establecer la “jorna­da partida”, es decir, turnos de cuatro horas a medida que exista más demanda. Se pone la cantidad de servicio de acuerdo a la cantidad de pasajeros. Se corta la jor­nada en cuatro horas y se retoma el servicio cuando se retome la operación”, ex­plicó.

Martes, 23 de julio de 2019