La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó ayer al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con lo que calificó de graves vulneraciones de derechos en el país caribeño.

“Si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, se lee en el informe elaborado tras la reciente visita a Venezuela de la alta comisionada de Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michele Bachelet. El documento, que será presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, fue sin embargo, rechazado por el gobierno de Venezuela, al afirmar que está lleno de errores y realizado bajo una visión distorsionada.

El informe destaca que se han documentado, en 2018, 5.287 ejecuciones extrajudiciales, por supuesta resistencia a la autoridad, cometidas en mayor parte, según estiman, por las Fuerzas Especiales (FAES). Además, entre enero y mayo de este año, se han producido otras 1.569. Estas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el gobierno venezolano. Por ello, la alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las FAES.

La ex presidenta de Chile resalta igualmente la responsabilidad de los llamados “colectivos” en el deterioro de la situación venezolana. “Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”, afirma. Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada, quien visitó el país sudamericano entre el 19 y el 21 de junio pasado.

Venezuela atraviesa desde hace meses una profunda crisis política, con la pulseada entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor y autodeclarado presidente interino Juan Guaidó. El país vive además una severa crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro.

"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela" replicó ayer el gobierno de Maduro. Caracas estimó que la distorsión que denuncian en el informe es resultado de debilidades en la metodología. “Se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado”. Los 70 comentarios publicados ayer por la cancillería venezolana son respuesta a una primera versión “avanzada no editada” que el órgano de la ONU había remitido a Caracas el 28 de junio.

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019. El gobierno de Maduro, no obstante, apunta que el 82 por ciento de las entrevistas fueron realizadas en el exterior del país. “No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas por organizaciones internacionales competentes en la materia”, se defendió Caracas.

El documento denuncia, asimismo que, especialmente desde 2016, el gobierno de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno. Bachelet también lo acusa de una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, al tiempo que atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares. También los culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones. En este sentido documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al gobierno. El documento también detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del Gobierno de imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes.

Ya a principios de esta semana, la alta comisionada había pedido una investigación independiente, imparcial y transparente de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al presidente Maduro.


En uno de sus últimos comentarios, el gobierno venezolano le reprocha la Oficina de Derechos Humanos que no mencione el embargo y otras medidas contra el país caribeño que afectan a su economía. “El informe recomienda al Gobierno adoptar medidas para atender la situación de derechos humanos. En cambio, nada dice (…) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país. Esta omisión es grave e injustificada”, se lee.

De lo que se conoce sobre el documento, Bachelet no hace referencia a las medidas económicas contrarias a Caracas, pero sí hace un llamamiento a que todos los involucrados en la crisis, colaboren. "Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo", sentencia la alta representante.

Bachelet, asimismo, afirma en su comunicado de ayer que el gobierno de Venezuela se había comprometido a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, como las calificó, tal como el uso de la tortura y el acceso a la justicia. "Este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas", expone. Además de la disolución de las FAES y de los colectivos, Bachelet recomienda la creación de un mecanismo nacional imparcial e independiente para analizar esas ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.

Viernes, 5 de julio de 2019