Todavía no había terminado la reunión del Superior Tribunal Federal sobre habeas corpus para Lula, cuando surgió noticia de que un militar de la FAB (Fuerza Aérea Brasileña) había caído preso en Sevilla, en un vuelo presidencial para la reunión del G20, en Japón, con 39 kilogramos de cocaína.

Después de la sorpresa –a pesar de que aún este año había ocurrido un caso similar con militar brasileño en vuelo hacia París–, vinieron las preguntas: antes de todo, ¿cómo había salido dicho militar de Brasil con los paquetes de cocaína en su bolso de mano? ¿Qué significa que un miembro de la FAB estuviera envuelto en un caso de trafico de drogas?

Con los errores en la seguridad de la presidencia de Brasil llegaron especulaciones sobre lo extendido que está el narcotráfico hacia el interior de las fuerzas armadas brasileñas. Así, inmediatamente se asoció el decomiso en Sevilla con el uso de las FF.AA. en el combate al narcotráfico en Río de Janeiro y cómo ese contacto con el submundo narco puede haber contaminado a esa institución. La participación de un militar vinculado a la presidencia, viajando impunemente en un avión de comitiva presidencial, es síntoma de que hay otra gente involucrada dentro de la Fuerza Aérea o incluso en otros sectores de las FF.AA.

Otra preocupación es con la falta de seguridad de un vuelo presidencial, lo que refleja el desorden generalizado en el gobierno, que cambia de ministros y de secretarios semanalmente. En plena crisis por las denuncias de The Intercept, el presidente de Brasil abrió frentes con dos sectores fundamentales del gobierno.

Por un lado, cambió a cuatro importantes asesores militares, incluido el de más alto rango dentro del gobierno, a quien sustituyó por un miembro de la Policía Federal de muy bajo rango. El militar sustituido dio entrevista diciendo que el gobierno es un quilombo, que solo se concentra en lo que no es prioritario, generando crisis tras crisis.

Por otro lado, el mandatario despidió al presidente del BNDES, un gran banco público de financiamento, pero sin que se hayan encontrado las irregularidades en el funcionamiento del banco, conforme Bolsonaro siempre pregonó. Los empresarios han recibido de muy mala manera la forma abrupta y sin razones de la sustitución del presidente del banco.

En ese clima el presidente de Brasil cambió su itinerario para ir a la reunión del G20, cambiando Sevilla por Lisboa, como si eso resolviera los problemas. Partió molesto con las declaraciones de Angela Merkel, quien dijo que está muy preocupada por la situación grave que vive Brasil y que pretende tener una conversación seria con el presidente brasileño, especialmente sobre los temas vinculados a la desforestación de Amazonia. Incómodo, el presidente brasileño dijo que aceptaría consejos en la reunión del G20, en la cual no tendrá ninguna figuración significativa, en gran parte por mérito propio, ya que antes de la cumbre tuvo a bien publicar un documento con sus posiciones esdrújulas sobre la globalización y demás temas prioritarios de la reunión de Japón.

Mientras tanto, el STF (corte suprema) votaba dos requerimientos presentados por la defensa de Lula. Uno solicitaba la cancelación del juicio por el que Lula fue condenado por comportamiento parcial de parte del juez que lo presidió. El otro requerimiento pedía una declaración de parcialidad del juez Moro, el cual, en caso de ser aceptado, dadas las evidencias presentadas por The Intercept, haría que todos los procesos dirigidos por ese juez fueran cancelados, llevando a la libertad de Lula.

La presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffman, dijo que Lula está sometido a una verdadera tortura jurídica. Cada tanto se crea un clima alrededor de algún nuevo recurso de la defensa de Lula, tensión, expectativa, como si se tratara de un partido final de un campeonato. Previsiones, análisis, entrevistas con jueces, transmisión por el canal del Poder Judicial, expectativa, todo inunda los medios, los tradicionales y los alternativos.

Lula siempre recomienda tener los pies sobre la tierra y se mantiene sereno, sin grandes expectativas. Pero las decisiones actuales del STF se revisten de características especiales. Son las primeras desde la revelación de las conversaciones hechas por The Intercept, donde los datos reiterados confirman lo que la defensa de Lula siempre dijo: Moro y todos jueces de la Lava Jato no son imparciales, no actúan como jueces, sino como partido, coordinados, moviéndose como partido político, que tiene un objetivo: perseguir a Lula, impedirle ser candidato en las elecciones de 2018, cuando todas las encuestas apuntaban a su victoria en primera vuelta.

Entre las decisiones absurdas del STF está la declaración reiterada de que el juez Moro tiene la imparcialidad necesaria para juzgar a Lula. La revelación de las conversaciones entre el juez y los acusadores de Lula, en las que Moro los instruye directamente acerca de cómo actuar –lo cual está absolutamente prohibido– han replanteado esa decisión.

La primera demanda de la defensa de Lula fue rechazada, pero la segunda fue aplazada hasta agosto, a la vuelta de las vacaciones del Judiciario. Uno que otro juez se ha mostrado asustado con las revelaciones, uno que otro ya ha dicho que no ha cambiado su posición.

Lo cierto es que el clima político ha cambiado con esas revelaciones. A medida que son publicadas, la situación de Moro y de sus colegas queda más y más comprometida. Sospechosamente, Moro y su más cercano colaborador han viajado a EE.UU. para realizar visitas a órganos de seguridad del gobierno norteamericano. En el día mismo en que aparecía el escándalo de tráfico de drogas en el avión presidencial brasileño, Moro visitaba la DEA, órgano norteamericano encargado del combate al narcotráfico, para firmar un convenio en representación del gobierno brasileño.

Viernes, 28 de junio de 2019