“Es una causa que comenzó en 2016 en Buenos Aires, a través de una alerta de Cybertipline of National Center for Missing y Explited Children; una ONG que detectó que en Corrientes había un IP que subía material pornográfico a internet”, explicó el periodista.

Esta información llegó a la Fiscalía de Buenos Aires que a su vez avisó a la Fiscalía de Corrientes donde pudieron identificar al dueño de esa dirección de IP –la identificación del servicio-; y constató que se trata de un trabajador del Poder Judicial.


Actualmente, la causa atraviesa un proceso importante. Está en el juzgado de Instrucción Número 4 que será el responsable de definir si la misma es elevada a juicio o no.
El último movimiento que tuvo este expediente fueron los allanamientos que se realizaron tanto en la casa de la persona propietaria del IP como de los vecinos con los que, afirmó, compartía su señal de internet. En todos los domicilios se secuestraron computadoras y otros elementos relacionados a la causa.

Jueves, 6 de junio de 2019