Núcleo simbólico de la acción en defensa de los Derechos Humanos en el mundo, la Unión Europea (UE) hace rato que ha dado sobradas pruebas de su variabilidad en ese campo. Su política migratoria le ha valido ahora la acusación de “crímenes contra la humanidad” por el tratamiento que la UE proporcionó a los migrantes provenientes de las costas libias.

Dos abogados, Omer Shatz y Juan Branco, denuncian a la Unión Europea de haber “orquestado tanto la interceptación como el arresto de 40.000 migrantes” que huían de su país. La denuncia consta de 242 páginas muy documentadas y fue interpuesta ante la CPI, la Corte Penal Internacional de La Haya. El texto de la querella es contundente. Los dos abogados apuntan hacia la Unión Europea por cargos como “asesinato, tortura, tratamientos inhumanos y desplazamientos forzados”. La posibilidad de que una acusación como esta prospere dentro de la CPI es incierta o más bien baja. Según los estatutos de la Corte Penal Internacional, la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, no está obligada a actuar cuando los informes son remitidos por individuos u organizaciones no gubernamentales.

Ello no le quita todo el mérito que tiene un trabajo que se basa en el análisis de cinco años de políticas migratorias de la Unión Europea cuya implementación ha sido fuertemente cuestionada desde el principio, tanto más cuanto que la crisis migratoria estalló luego de la cruzada contra el Coronel Kadafi lanzada por el ex presidente francés Nicolas Sarkozy con el apoyo de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A partir de allí, los denunciantes alegan que esa política buscó “frenar a todo precio los flujos migratorios hacia Europa, incluido mediante el asesinato de miles de civiles inocentes que huían de la zona del conflicto armado”. Si bien los abogados aclaran que los representantes de la UE “no cometieron personalmente los delitos”, en cambio sí “concibieron, organizaron y facilitaron” la aplicación de esa política”. Para Omar Shatz, miembro del Global Legal Action Network (Red Mundial de Acción Jurídica), y Juan Branco, un abogado defensor de Julian Assange y ex asistente del Fiscal de la CPI, la Unión Europea “hizo caso omiso del destino de los migrantes perdidos en el mar con el fin de disuadir a quienes atravesaban una situación parecida de buscar un refugio en Europa”. Esta es la primera parte de la denuncia. La otra concierne a otro capítulo de la política de la UE, es decir, la colaboración directa con los libios. Según lo denunciado, a partir de 2016, debido al respaldo que la Unión Europea le brindó a los guardacostas libios, la “UE habría orquestado, directa o indirectamente, la interceptación y la detención de 40.000 personas que habían logrado escapar del infierno libio”. Entre 2016 y 2018, esas 40.000 personas tuvieron un destino cruel: al ser interceptadas en el mar gracias a la información suministrada por la UE, todas fueron trasladadas a centros de detención y tortura situados en Libia. Los responsables europeos jugaron desde 2017 una carta peligrosa. Desde ese momento, con la excusa de ayudar a la “reconstrucción” de Libia, la Unión decidió reforzar el dispositivo de los guardacostas libios. Solo que ese refuerzo se tradujo, como ya fue revelado antes de esta denuncia, en entrega de material y “suministro de informaciones como la localización de los migrantes perdidos en altamar”. Allí radica el corazón de la documentada denuncia interpuesta ante la CPI. Los dos abogados sostienen que, mediante estos actos, los responsables de la Unión Europea fueron “cómplices de expulsión, asesinato, encarcelamiento, esclavitud, tortura, violaciones, persecusion y otros actos inhumanos cometidos en los campos de detención y los centros de tortura libios”. La tragedia de los migrantes fue tanto más honda cuando que los guardacostas libios no están bajo la autoridad de un gobierno central unificado. Como lo señaló la ONU en 2018, algunos incluso integraron grupos de milicias armadas al frente del trafico de migrantes. En Bruselas, la Comisión Europea rechazó las alegaciones con el argumento según el cual su “prioridad siempre consistió y consiste en proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano a las que atraviesan las rutas migratorias”. No obstante, este espeso legajo acusatorio de 240 páginas no es sino una pieza más que se agrega a las advertencias de otras ONG y de la misma ONU sobre la deplorable e inhumana política migratoria europea en el Mediterráneo que hizo de este mar el mayor cementerio a cielo abierto del planeta.

Martes, 4 de junio de 2019