Más cerca de la libertad. El Superior Tribunal de Justicia aceptó, parcialmente, la apelación de Luiz Inácio Lula da Silva al acortar en cuatro años y tres meses la condena por la que está preso desde el 7 de abril del año pasado en Curitiba, sur brasileño. “El problema no es reducir la pena, la pena tiene que ser cero (..) hasta ahora no tuve derecho a un juicio justo”, protestó desde la Superintendencia de la Policía Federal a poco de conocida la decisión de los magistrados que sesionaron en Brasilia

“La lucha tiene que continuar. De la misma forma que fui juzgado políticamente voy a ser liberado políticamente por la resistencia del pueblo, empezando por la vigilia” apostada diariamente frente a la sede policial, le dijo en su celda del cuarto piso de la Superintendencia al diputado petista Emídio de Souza.

Por unanimidad los cuatro miembros de la Quinta Sala de la corte de la tercera instancia determinaron que corresponde aplicarle una pena de ocho años, diez meses y veinte días. El Código Procesal establece que al cumplirse un sexto de la pena, lo que ocurrirá en setiembre u octubre, el interno puede acogerse al régimen semiabierto por el cual pasa el día fuera de la cárcel a la que retorna por la noche. La reducción de la condena debe tener en cuenta, además, que el imputado tiene más de 70 años y sufrió un cáncer a la laringe diagnosticado en 2011.

Esta fue la primera victoria, aunque módica, del líder del Partido de los Trabajadores desde que fue condenado en 2017 por el entonces juez de primera instancia federal de Curitiba Sergio Moro, mentor de la megacausa Lava Jato. Por lo mismo la sentencia del Superior Tribunal conocida después de las 18 horas significó un revés para Moro, apodado como el “superministro” de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro. El ex capitán y actual presidente probablemente no celebró la mitigación del arresto del político al cual más le teme, y al que no habría vencido en los comicios de octubre del año pasado.

Cuando Lula fue quitado de la disputa electoral en setiembre de 2018, gracias a una cadena de medidas judiciales politizadas, contaba con cerca del cuarenta por ciento de intenciones de voto, con una tendencia al crecimiento, mientras Bolsonaro sumaba 20 puntos o menos. Lula en libertad parcial o total a partir de setiembre sería una amenaza para un gobierno con una popularidad reducida al 32 por ciento en menos de cien días de gestión, según una encuesta de Datafolha realizada a comienzos de abril.

Un síntoma del liderazgo vivo del ex tornero mecánico fue la expectativa que despertó la semana pasada la decisión del Supremo Tribunal Federal (máxima corte) de levantar la censura y permitirle que conceda una entrevista a los diarios El País de Madrid y Folha de San Pablo.

Los magistrados Felix Fischer, relator del caso, Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca y Ribeiro Dantas coincidieron ayer en modificar la extensión de la pena pero ratificaron las condenas a por corrupción y lavado de dinero en el caso sobre un departamento en el balneario Guarujá.

“Respetamos la posición presentada hoy por los ministros del Superior Tribunal de Justicia pero expresamos nuestra disconformidad por entender que el único fallo posible es la absolución del ex presidente Lula porque no cometió ningún delito”, declaró el abogado defensor Cristiano Zanin.

Además de comandar el equipo de letrados, Zanin dirige el Instituto Lawfare, con sede en Londres, donde se denuncia la guerra jurídica lanzada contra varios líderes populares latinoamericanos a través de un poder judicial en colusión con la prensa oligopólica y otros factores de poder incluso externos. Junto al abogado australiano Geoffrey Robertson, Zanin presentó una denuncia sobre las violaciones de las garantías procesales de Lula ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ya hizo lugar a la causa.

En su apelación al Superior Tribunal la defensa de Lula alegó, entre otros motivos, la nulidad completa de las condenas en las primeras y segunda instancias a las que se atribuyen vicios de origen. Posiblemente el más grave es haber basado el caso casi exclusivamente en delaciones de arrepentidos, como la del empresario Leo Pinheiro, en la ausencia pruebas fehacientes.

En su sentencia de hace dos años Moro consideró que Lula era propietario de un departamento en Guarujá, aún reconociendo que el expresidente no pasó ni una noche allí y que no existe un título que documente su propiedad. La falta de pruebas se hizo más elocuente en 2018 cuando nuevos documentos indicaron que el departamento en cuestión fue entregado como garantía por una empresa constructora.

La decisión de ayer del Superior Tribunal es sólo uno de los capítulos de una saga judicial que incluirá en un plazo aún no determinado una sesión del Supremo Tribunal Federal en la que se decidirá si es constitucional que un condenado en segunda instancia, como es el caso de Lula, puede ser arrestado. O si todo imputado puede permanecer en libertad hasta agotar las apelaciones en los cuatro niveles de la justicia brasileña.

También habrá que aguardar un nuevo veredicto del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, de segunda instancia, sobre otra condena contra el ex presidente, ésta por una quinta en Atibaia, interior de San Pablo, que la justicia atribuye a Lula y éste lo niega, indicando que se la prestaba un amigo.



Miércoles, 24 de abril de 2019