La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) emitió el martes por la noche un decreto constituyente que “autoriza la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado Juan Guaidó”, en aplicación del artículo 200 de la Constitución. El texto fue leído por el presidente del cuerpo colegiado, Diosdado Cabello, en respuesta al pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quien había solicitado a la ANC que le allanara la inmunidad parlamentaria a Guaidó.

La decisión tomada implica que continuará la investigación, a través de las leyes ordinarias, de las responsabilidades de Guaidó. El Ministerio Público le ha abierto en enero, con autorización del TSJ, una investigación sobre “hechos violentos en el país, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la república, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional”. Con el levantamiento de la protección parlamentaria seguirá el proceso a través del TSJ.

El pedido fue hecho a la ANC y no la Asamblea Nacional (AN), como dicta el artículo 200, ya que la AN se encuentra en desacato desde el 2016 –debido a la negativa de repetir las elecciones de tres diputados electos de manera fraudulenta– y no ha respetado decisiones tomadas por el poder judicial. Varias competencias han sido entonces asumidas por la ANC, conformada por 537 miembros electos el 30 de julio del 2017, con poderes enmarcados en lo dispuesto en el artículo 349 de la Constitución que le otorgan un rango superior al poder constituido, el cual queda subordinado a sus mandatos.

El quite de la inmunidad parlamentaria abre un nuevo escenario político. Las amenazas de represalias anunciadas por voceros del gobierno norteamericano ante un posible arresto de Guaidó han sido repetidas desde que se autoproclamó presidente el 23 de enero. Marco Rubio, senador republicano de Florida, uno de los principales promotores del intento de derrocamiento de Nicolás Maduro, tuiteó el martes en la tarde que “cualquier intento de secuestro de Guaidó debe ser considerado un Golpe de Estado por todas las naciones que lo reconocen como legítimo presidente interino de Venezuela”.

La respuesta de Guaidó, quien habló ante los medios luego de saber la decisión de la ANC, fue desconocer la legalidad de la misma, así como del TSJ, y contestó con la reafirmación de su voluntad de continuar con su plan: “Si quieren avanzar háganlo, asuman las consecuencias. ¿Cuál es el costo político para un régimen que secuestra a un presidente encargado?”, afirmó, al tiempo que calificó al “régimen” de “desesperado”, y que en caso de ser arrestado se trataría de un golpe de Estado.

Convocó a sus seguidores a no perder la calle, a concentrar fuerzas para el sábado 6 de abril, día en el cual será el “simulacro de la operación libertad”, y a poner en marcha la “mega protesta estratégica organizada”. Hasta el momento no ha dado detalles sobre cómo será la operación, aunque ya había anunciado que crearían “comités de libertad y ayuda” que conformarían “células de libertad”, sobre las cuales tampoco informó del funcionamiento.

La decisión de la ANC se da un momento político de estancamiento y retroceso del proceso de acumulación de Guaidó. Sus llamados a movilizaciones no han logrado recuperar mayores niveles de fuerza, a pesar de la narrativa que afirma que representa al 90 por ciento de la sociedad, y no ha conseguido nuevas iniciativas que permitan un avance para cambiar la relación de fuerzas. Sus últimos movimientos se centraron en intentar capitalizar e impulsar los descontentos provocados por los apagones -de los cuales es acusado por el gobierno- y consecuente falta de agua, aunque sin mayor impacto. Su plan público no tiene más hoja de ruta que el próximo sábado.

La posibilidad real de que Guaidó sea arrestado pondría a prueba su real apoyo nacional: ¿Generaría una movilización masiva como pronostica, o, por el contrario, no lograría más apoyo que el de su misma base social que se siente, en parte, defraudada porque sus promesas de inmediatismo no se han cumplido? Y también y sobre todo su apoyo internacional: ¿Qué estará dispuesta a hacer la administración de Donald Trump ante el posible hecho? ¿Darán un paso más? Sus ambigüedades discursivas, que en oportunidades amenazan con una intervención militar y en otras no, entrarían en una situación de definición mayor.

El debate en la ANC, conformado por diputados y diputadas chavistas debido a que la oposición no se presentó en las elecciones del 30 de julio del 2017, contempló dos tiempos centrales: el de la justicia, y el político nacional e internacional. En el primer caso, la necesidad de no permitir que exista impunidad ante la gravedad de los hechos encabezados por Guaidó. En el segundo caso, las correlaciones de fuerzas, los tiempos del intento de golpe a lo interno, así como en la pulseada internacional. Esta último ha ido en escalada en particular con la presencia del gobierno de la Federación de Rusia, quien ha realizado acciones diplomáticas y de cooperación militar con el gobierno venezolano. Un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano ha planteado que EE.UU. llevará ese punto a la reunión de la OTAN que se realizará esta semana en Washington.

Los próximos días, y en particular el sábado, quedará evidenciada qué capacidad real de respuesta movilizada tiene Guaidó. En este punto siempre es importante recordar dos elementos. En primer lugar, que existe un plan enunciado, y otro que se prepara en las sombras, que involucra a grupos armados, mercenarios, con un esquema de escalada militar. En segundo lugar, que son sectores del gobierno de Trump y del Estado profundo norteamericano quienes dirigen la estrategia y financian las acciones.



Jueves, 4 de abril de 2019