 DEUDAS, INEFICIENCIA Y NEGOCIOS
La DPEC se privatizaría después de las elecciones
El Gobierno Provincial espera buenos resultados en las legislativas 2019 para avanzar con la venta de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), según fuentes legislativas que consideran el endeudamiento y servicio ineficiente como parte de un plan oculto que saldría a la luz después de las elecciones.
El escenario pos comicial vendría de la mano de más ajuste y recortes drásticos en las estructuras estatales supervisados desde Buenos Aires. Ya avanzaron con Vías Navegables y en la delegación de Vialidad Nacional el gremio hizo sonar el alerta.
En las oficinas de Salta y San Martín el aire se enrareció estos días porque advierten el mismo mecanismo de ablande típico de estos procesos. Los empleados podrían ser sometidos a trastornos salariales, cambios de lugares de trabajo y condiciones laborales.
La Gran Deuda
La DPEC, con una deuda de $3.584.538.119, tiene la indeseable segunda ubicación sólo detrás de Secheep de Chaco entre las deudoras de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), empresa que administra el comercio mayorista de la energía.
La alarma saltó cuando, ante nuevos aumentos, las distribuidoras comenzaron a plantear la imposibilidad de pagar a CAMMESA. La deuda total sobre la que tiene derecho la mayorista asciende a $19.000 millones.
En ese contexto la deuda de Corrientes representa el 18,5% del total y hay que tener en cuenta que con el Presupuesto Nacional 2017 ya se le condonaron anteriormente $1.393 millones a la DPEC, en el polémico perdón que incluyó a empresas vinculadas con amigos del Presidente. No son las únicas deudas. Por si fuera poco, en 2016 adeudaba $461.739.831,81 en materia de aportes y contribuciones laborales al IPS y IOSCOR. Para 2017, la cifra se elevó a $810.048.017, 86.
La situación es preocupante ya que la entidad no puede sostener su realidad, aun cuando aumentaron un 700 % en sucesivos tarifazos desde que asumiera el Presidente Mauricio Macri, y a la espera del siguiente aumento en febrero próximo.
DPEC debe más de $2.500 millones al IOSCOR e IPS
El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor), reclaman $2.500 millones; por su parte, el estado contable de la Administración Central declara que arrastra una deuda de $500 millones con esos organismos. Entre ambas contabilidades, la diferencia es de $2.000 millones faltantes.
Estos datos surgen de las inconsistencias que se hallaron en la tardía presentación de la “Cuenta de inversión 2016” hacia finales de 2018, que fuera aprobada por el oficialismo (ECO y Cambiemos), y con observaciones por el sector Justicialista. Las auditorías ordenadas por el Tribunal de Cuentas aún no encuentran respuestas.
Cabe destacar que los números datan de hace más de 2 años, del último año de gestión del ex Gobernador Ricardo Colombi; números que presentaban inconsistencias entre organismos del propio Estado con interventores colocados por él mismo; números que al día de hoy, sólo aplicando inflación e intereses pueden fácilmente duplicarse.
Un poco de historia
El ente energético, que viene intervenido como los otros similares del gobierno desde los años 90, había soportado varios intentos privatistas con Domingo Cavallo presionando a las provincias para desprenderse de empresas codiciadas por inversionistas. Finalmente el organismo pudo zafar de la intentona, aunque los activos del Banco oficial, los Casinos y el servicio sanitario salieron de la órbita oficial para Corrientes.
Hacia el año 2000 se dijo que había un proyecto de inversiones multimillonario de la mano de un magnate estadounidense y que, ante el deterioro de la red provincial y la necesidad de incorporar tecnología, debía aportar cerca de 300 millones de dólares para recuperar ganancias durante 30 años. El primer mandato de Ricardo Colombi transcurrió sin que se concretara el negocio que operaba entonces su ministro de Obras Públicas y primo, Arturo Colombi.
Ya en la gobernación de este último se apostó como paso previo a ponerla en el mercado, reestructurarla con la incorporación de técnicos de la empresa concesionaria del servicio de producción de agua potable. Así funcionó durante algunos meses de manera híbrida, pero lo único concreto fue una tercerización de la cartera de cobranzas, antes del retiro definitivo de ese gerenciamiento y sin resultados aparentes.
Como el modelo estatizador se profundizó en la Nación, la vuelta de Ricardo Colombi al poder no significó cambio durante dos mandatos completos. Enfrentado al kirchnerismo, Colombi eligió aguantar la situación poniendo un técnico de carrera, ingeniero Pascual Parisi, al frente de la DPEC primero, luego entregar las riendas al otrora poderoso Ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres, y finalmente blanquear a Alfredo Aun, que venía con tarjeta amarilla por su participación como ministro del “arturismo”.
En 2015 con la llegada del PRO a la Presidencia, era cuestión de tiempo para que surgieran novedades, y allí advierten algunos que se evalúa la privatización total en una concesión que articularía el gobierno a través de un Ente Regulador Único, proyecto en tratamiento parlamentario desde mediados del año pasado, para manejar desde allí las concesiones de energía, sanitarios, y el transporte.
La tarea legislativa de este año que inicia sería con estos antecedentes crucial para el destino de una joya de la corona estatal que supo soportar las embestidas durante el gobierno liberal de Ricardo Leconte cuando todavía mandaba en Argentina Carlos Menem.
Jueves, 31 de enero de 2019
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