La única imputada es Teresa Isabel Batista. Se la acusa de regentear un prostíbulo donde se rescató a un grupo de mujeres que eran explotadas sexualmente. El caso fue descubierto en octubre de 2015.

El séptimo juicio por explotación sexual de víctimas de trata de personas en la provincia comenzó en el Tribunal Oral Penal Federal de Corrientes. La Fiscalía analizará la actuación de las autoridades municipales que habilitaron el local donde se prostituía a mujeres en situación de vulnerabilidad.
La única imputada es Teresa Isabel Batista, acusada de regentear el prostíbulo ubicado en la ciudad de Gobernador Virasoro, quien podría declarar hoy.
Gendarmería allanó el local “El Trébol“ el 17 de octubre de 2015 y se rescató en total a 12 mujeres mayores de edad oriundas de Paraguay y de la provincia de Misiones. Dos de ellas eran analfabetas y el resto carecía de estudios completos. Ingresaron a la trata de niñas o adolescentes. Provenían de familias en situación de extrema pobreza, y las víctimas aseguraron que Batista administraba el dinero que ganaban mientras eran explotadas.
En medio de la causa relataron que vivían en el mismo local donde las obligaban a prostituirse; la encargada las identificaba con pulseras plásticas de colores. Para el fiscal Carlos Schaefer, el caso encuadra en explotación sexual de víctimas de trata, dado que la mujer las acogía y obtenía un rédito económico aprovechándose de su estado de vulnerabilidad.
Algunas de las víctimas, en su mayoría oriundas de la provincia de Misiones y una de ellas de la república de Paraguay, declararon que vivían en el prostíbulo en compañía de otras mujeres y que ellas se encargaban de preparar, comprar su comida y de la adquisición de artículos de higiene personal.
Según la acusación, las víctimas debían hacerse cargo de los gastos de la libreta sanitaria, la cual era firmada por una médica ginecóloga. Lo que se le endilga a la imputada es haber recibido a las víctimas y arreglar con ellas la condición en que estarían dentro del prostíbulo.
De acuerdo a la pesquisa, “las mujeres señalaron que el primer contacto una vez arribadas al lugar era con una mujer apodada Triny (la imputada)”.
Sostienen que “era ella quien les indicó la modalidad de funcionamiento del lugar, así como las condiciones en las que se encontrarían dentro del mismo, haciendo mención a los valores de retención de copas y pases”. Agregaron los investigadores que “el acogimiento era permanente, se prolongó en el tiempo”.
Para los fiscales, la acusada “se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, de su indefensión y pobreza, su bajo nivel de instrucción y la necesidad económica que padecían muchas de ellas, las cuales ante dicha necesidad tenían una libertad de elección acotada”.
“De los relatos de las víctimas, se detecta un estado de vulnerabilidad preexistente a su arribo a la ciudad, ya que estaban en situación económica precaria y pesaba en la mayoría de ellas la existencia de familiares a cargo”, se explayaron.
En la acusación consta también “la vulnerabilidad que presentaban las mujeres halladas en el local y las malas condiciones de habitabilidad de los espacios que ocupaban, también los riesgos y consecuencias que implicaron los pases para la salud y seguridad de las víctimas”. El debate continuará hasta mañana viernes, cuando se daría el veredicto.


Jueves, 29 de noviembre de 2018