Estados Unidos, que impulsó la cita aprovechando que este mes preside el Consejo de Seguridad, acusó a Ortega de dictador y de liderar un estado fallido. El embajador ruso desafió a EE.UU. a levantar las sanciones que le impuso a Managua.

El Consejo de Seguridad de la ONU abordó ayer por primera vez la crisis en Nicaragua con una gran división entre los países miembros. Estados Unidos y sus aliados denunciaron las acciones del Gobierno de Daniel Ortega, mientras que Rusia y China acusaron a Washington de injerencias.

“El Consejo de Seguridad no puede ser un observador pasivo mientras Nicaragua sigue descendiendo hacia un Estado fallido, corrupto y dictatorial, porque sabemos a donde lleva ese camino”, defendió en la sesión Nikki Haley, la embajadora estadounidense. Estados Unidos, que impulsó la cita aprovechando que este mes preside el Consejo de Seguridad, insistió en comparar la situación en Nicaragua con la de Venezuela. “Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados con la misma tela corrupta, los dos son estudiantes de la misma ideología fallida y los dos son dictadores que viven atemorizados de su propio pueblo”, recalcó Haley. Haley ya había intentado introducir el caso venezolano el año pasado en la agenda del máximo órgano de decisión de la ONU, pero no tuvo éxito.

La representante estadounidense ante Naciones Unidas fue la más crítica con el Gobierno de Ortega, pero otros países denunciaron también la alegada represión por parte de las autoridades y expresaron su preocupación por el alto número de víctimas registrado desde el inicio de las protestas el pasado abril. Esa fue la postura, por ejemplo, de Francia, Holanda y otros miembros de la Unión Europea (UE), así como de Perú, uno de los dos países latinoamericanos en el Consejo de Seguridad.

El embajador peruano, Gustavo Meza-Cuadra, condenó, por ejemplo, lo que llamó los actos de represión y violaciones de derechos humanos cometidos por la policía y los grupos paramilitares. “Esas acciones incluyen ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas, casos de tortura y de violencia sexual en los centros de detención, así como ataques en contra del clero”, aseguró Meza-Cuadra. En la calle, frente a la sede de Naciones Unidas, varias decenas de manifestantes opositores se concentraron con un mensaje similar.

El Ejecutivo nicaragüense, mientras tanto, estuvo representado por su canciller, Denis Moncada, que defendió que la reunión del Consejo de Seguridad constituía una injerencia y una violación del derecho internacional. Moncada tuvo el respaldo de varios Estados miembros que dejaron clara su oposición a que el órgano se ocupe de la situación en Nicaragua, ya que consideran que se trata de un asunto interno que no pone en peligro la paz y la seguridad internacional.

Entre ellos estuvieron Rusia y China, dos de los cinco miembros permanentes del Consejo y que, como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, tienen poder de veto. El embajador ruso, Vasili Nebenzia, defendió los esfuerzos del Gobierno nicaragüense para estabilizar la situación y denunció que el país estaba siendo víctima de presiones externas que dificultan la estabilidad. Concretamente, Nebenzia se mostró muy crítico con Estados Unidos, a quien acusó de provocar el descontento público con sanciones que minan la economía nicaragüense, con el fin último de lograr un cambio de Gobierno. “Si a Estados Unidos de verdad le preocupan los nicaragüenses, debería levantar sus sanciones económicas”, disparó el ruso.

Bolivia, por su parte, acusó a Estados Unidos de pervertir los mecanismos de la ONU para llevar al banquillo de los acusados a un país miembro y darle el derecho a uso de la palabra a personas que representaban a solamente uno de los puntos de vista del conflicto –el académico nicaragüense, Félix Maradiaga, que denunció los supuestos crímenes de Ortega fue invitado por los estadounidenses a participar de la reunión–. “El interés verdadero de Estados Unidos no es la defensa de la democracia. De ser así, no contarían con una vasta historia de intervencionismo político, de invasiones militares, de apoyo a dictadores y de financiación a golpes de Estado”, dijo el representante boliviano, Sacha Llorenti.

La vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, Rosario Murillo, también se sumó a las voces de rechazo, al afirmar que su Gobierno no se arrodillaba ante nadie. “Queremos vivir como hermanos, queremos recuperar esa condición esencial, generosa, solidaria, fraternal, de nuestra cultura nicaragüense. No somos esclavos, nosotros dijimos: somos libres. ¡Jamás volveremos a ser esclavos!”, exclamó Murillo en un mensaje a través de medios oficiales. “No nos arrodillamos, no somos siervos de los poderosos, no somos mendigos de injerencia”, continuó la vicepresidenta.

Nicaragua vive desde el 18 de abril una crisis social y política, que ha generado varias protestas contra el Gobierno y un saldo de más de 400 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 198 los fallecidos.




Jueves, 6 de septiembre de 2018