Se trata de los establecimientos rurales “Santa María del Aguapey”y “Santa Úrsula” de 7.000 y 1.889 has. respectivamente, ubicados en el Departamento de Santo Tomé de la Provincia de Corrientes, en los cuales se encontraban las pistas de aterrizaje utilizadas para ingresar cocaína a nuestro país mediante vuelos clandestinos.

En abril pasado, el TOF de Corrientes condenó a María Hilda Calabrese, Florentino Dante Niemiz, Horacio Rubén Acosta Carlos Elías Pacheco, José Alberto Velazco, Carlos Alberto Pereira, José Villán, William Hurtado Suárez, Edison Fernando Álvarez Dzwieleski, Gabriel Pirro Moris y Noelia Rocío Brítez, a penas de entre 8 y 20 años y multas de entre 5 mil y 18 mil pesos, como integrantes de una organización transnacional que ingresaba cocaína a nuestro país mediante vuelos clandestinos hacia la localidad correntina de Santo Tomé, utilizando para tal fin las Estancias y pistas mencionadas, así como una camioneta Toyota Hilux, una moto Zanella Z-B110, una moto Brava Elektra 150, un cuatriciclo Guerrero Mapuche, cuatro avionetas Cessna modelos U206G, 0377, 180 Y 182, un acoplado cisterna de combustible con 3.000 litros de capacidad, un acoplado tipo tráiler, 15.140 dólares y 96.014 pesos, que fueron oportunamente decomisados.

En el marco de las actuaciones, el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Schaefer, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, con la asistencia de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, habían solicitado la designación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como administrador judicial de los campos decomisados, hasta tanto quede firme dicha decisión y pueda ser ejecutada.

Se evaluó en aquella presentación la necesidad de asegurar al Estado la posibilidad de ejercer adecuadamente sus funciones de prevención y control sobre tales predios, que cuentan con una enorme extensión y estratégica ubicación fronteriza, así como también el interés en que dichos inmuebles sean conservados y administrados de manera eficiente, transparente y orientada hacia fines de utilidad social de modo que sirvan para reparar el daño causado a la sociedad y al Estado.

Recientemente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes resolvió, teniendo en cuenta las propuestas de desarrollo y los planes de trabajo presentados por los administradores judiciales designados por el INTA, autorizarlos a realizar contratos de arrendamiento, régimen de capitalización, pastaje y/o pastoreo, bajo condición resolutiva y renovables bajo el mismo régimen, debiendo efectuar la debida rendición de cuentas en forma trimestral de todo lo actuado. En el mismo orden, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco de la Nación Argentina -sucursal más próxima al lugar de gestión- a la orden de ese Tribunal, y como perteneciente a las presentes actuaciones.


Miércoles, 15 de agosto de 2018