La Justicia correntina ordenó el allanamiento de una propiedad en la localidad de Caá Catí, utilizada por dos colombianos acusados de dedicarse a otorgar préstamos “gota a gota”, un sistema de microcréditos con intereses usurarios, y donde se secuestraron 200.000 pesos en efectivo, informaron fuentes judiciales.

La medida fue dispuesta por el titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, quien además instruyó a la Gendarmería Nacional (GNA) para que incautara toda aquella documentación que acredite la actividad realizada en el mencionado municipio, ubicado a 120 kilómetros de la capital provincial.



Según indicaron los voceros, la investigación comenzó cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció las presuntas maniobras de los prestamistas, tras lo cual se convocó a la Dirección Nacional de Investigaciones y a la GNA para que avanzaran con la pesquisa. En tanto, de acuerdo a la documentación, de la hipótesis delictiva se desprende que “dos personas de origen colombiano, mediante la fachada de venta de muebles en cuotas, prestan dinero en efectivo de manera informal con intereses usurarios y utilizando métodos violentos para el cobro de los mismos”. “Dicha actividad sería controlada y dirigida por una organización con presencia importante en el país, para luego remitir las ganancias de la misma al país de origen (Colombia)”, precisa el acta de la Justicia Federal.



En relación al delito en cuestión, la Procelac alerta sobre “los riesgos de los préstamos ‘gota a gota’” y los califica como “una nueva modalidad de usura”. El organismo también explica que se trata de “microcréditos cuya tasa de interés puede llegar a quintuplicar a la de las entidades financieras o tarjetas de crédito, con cancelación exigible en cuotas diarias, semanales o mensuales y nulos requisitos de acceso”. “Los denominados préstamos ‘por goteo’ constituyen una modalidad de usura que pone en riesgo no sólo el patrimonio de los eventuales damnificados, sino también la integridad física y hasta la propia vida en caso de incumplimiento”, remarcaron. Es que este crédito “rápido e informal” se ofrecen a personas que necesitan un monto de dinero urgente y quienes acuden a él suelen hacerlo porque no pueden acceder a un crédito bancario. Esto, por lo general, porque son personas con empleo informal o que se encuentran desempleadas y porque sienten que las entidades financieras piden muchos trámites para aprobar un crédito, como saber el valor de los ingresos y con ello, si tiene o no capacidad de endeudamiento.



La Procelac advirtió sobre la presencia de “redes delictivas detrás de esta modalidad, que están vinculadas al lavado de activos, la trata de personas y el crimen organizado”. Este organismo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, especializado en criminalidad económica organizada propia del ámbito federal, sugiere a aquellas personas que consideren que han sido víctimas de este tipo de delitos o tengan conocimientos de su realización a terceros que, si así lo desean, pueden formular su denuncia en la sede de la fiscalía federal de la respectiva jurisdicción provincial.



Lunes, 25 de junio de 2018