El economista que puso incómodo al ministro Dujovne cuando le preguntó, en España, por qué tenía sus ahorros en el exterior y pedía inversiones hace una tomografía de la crisis española y saca conclusiones útiles para estos pagos. Los desafíos para el PSOE.

Una de las “dos Españas” de las que hablara el poeta Antonio Machado, que hace un siglo ya vio “la grieta” que atraviesa todas las sociedades injustas, celebra el triunfo de la moción de censura parlamentaria presentada por el socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que forzó la destitución del gobierno del neoliberal-franquista Partido Popular (PP) presidido por Mariano Rajoy. La moción, aprobada el 1 de junio, fue apoyada por casi toda la oposición, incluyendo a los izquierdistas Podemos e Izquierda Unida (que forman la coalición electoral Unidos Podemos) y a los nacionalistas de centro derecha catalanes (PdCat y ERC) y vascos (PNV). La excepción fue Ciudadanos (C’s), neoliberales extremistas en lo económico con ideario político que combina aires de la nueva y vieja extrema derecha, que pretenden disfrazar con un discurso regeneracionista. Este nuevo partido es el preferido por las grandes corporaciones del selectivo bursátil IBEX35 y ha estado sosteniendo al gobierno del PP en sus medidas antisociales y represivas de la libertad de expresión (“ley mordaza”) o de protesta social. Su falsa condición de azote de la corrupción se puso en evidencia cuando quedó como valedor de la del gobierno al mantenerle su apoyo en la moción de censura, después que varias sentencias judiciales concluyeran que en el PP existía una organización delictiva para saquear a toda la sociedad en beneficio propio y que Rajoy no podía ignorarlo.

Las políticas neoliberales que aplicó el Partido Popular y apoyó Ciudadanos hundieron la economía, perjudicando a las amplias mayorías sociales mientras favorecían a las corporaciones monopolistas y empresas de familiares o amigos del gobierno. Después de seis años de sus políticas, la derecha que decía que venía a rescatar al país de la crisis, lo deja peor que cuando llegó: con una deuda pública que creció desde el 68,5% al 98,3% del PIB, sin aumentar el PIB y con menor empleo (37 millones de horas trabajadas menos en 2017 que en 2011), que se disimula con el número de ocupados precarios a tiempo parcial y salarios miserables. Después de diez años de ajuste hay 500 mil ocupados menos que en 2007 antes que se desatara la recesión, y con peores y más desiguales salarios que entonces: los sueldos más bajos perdieron un 15% mientras que subieron los de los ejecutivos (el CEO de una empresa del IBEX gana 207 veces más que los que menos ganan en esas compañías). La desocupación sigue muy elevada (entre los jóvenes alcanza el 37%) y la participación de los salarios en la renta nacional cayó 4 puntos. Eso se tradujo en una desigualdad insultante en la que el 1% más rico posee el 25% de toda la riqueza (el mismo porcentaje que posee el 70% de la población), mientras que el 50% más pobre solo recibe el 10% de la riqueza. (El 10% más rico posee 53,4%, es decir más que el 90% de la población). Más sangrante es la pobreza, que alcanza a 13 millones de personas, a la vez que creció hasta casi 700 mil el número de hogares sin acceso a una comida proteínica cada dos días. Hay además cinco millones de personas que no pueden pagar la luz, el gas o el agua, servicios que sufrieron tarifazos sucesivos. Cada día mueren en el país 90 personas dependientes sin recibir ayudas y crece el número de personas sin hogar. Estos datos desoladores, sumados a la represión a inmigrantes y al abandono en el Mediterráneo de los desesperados que intentan llegar a España, muestran la cara más antihumana del gobierno de derecha. Su política neoliberal destruyó el mercado interior, hundió la recaudación fiscal y de la seguridad social (a la que además saqueó 60.000 millones de su Reserva). La consecuencia ha sido el ajuste permanente del gasto público (que hoy es 10% menor que al asumir el PP), principalmente el gasto social: el porcentaje del PIB destinado a educación (3,7%) y sanidad (5,6%) –gradualmente privatizadas– es el más bajo en 20 años y ha llevado a un brutal deterioro de ambos servicios fundamentales y del nivel educativo y sanitario. La propaganda oficial hasta el último minuto ha sido que todo se debe “a la herencia recibida” (¡hace casi 7 años!), que sin duda era de crisis pero mucho menos mala que la que dejan.

La grave situación de España hace comprensible que la mitad de la población, la que se mira en el espejo de políticas progresistas, solidarias y defensoras del limitado Estado de Bienestar existente, esté festejando el cambio. La celebración se explica porque no hay comparación entre el corrupto, autoritario, antisocial y mentiroso gobierno PP-C’s y el que ha configurado el PSOE, incluso con algunos ministros de dudoso progresismo, demasiado bien vistos por el establishment, y ante la incógnita sobre la verdadera orientación de su programa. En lo social se espera que impulse políticas en defensa de la igualdad de género, guiños al ámbito de la cultura –vapuleada por la derecha–, la restitución de la universalidad de la sanidad –atención a inmigrantes, por ejemplo (ver recuadro)– y del ajuste por inflación para pensiones y jubilaciones. También que recupere un mínimo de pluralidad en los medios de comunicación públicos –convertidos por la derecha en ministerio goebbeliano de propaganda gubernamental–, que aumente becas estudiantiles y algunos subsidios sociales no muy costosos –compatibles con el equilibrio presupuestario–, y la reversión de algunas medidas antiecológicas impuestas por el PP para favorecer a las petroleras (gravamen a la energía solar de autoconsumo o “impuesto al sol”). Es previsible el rescate de órganos de la Justicia, convertida por el gobierno en ariete contra la oposición que se enfrentaba a sus políticas, y quizás la anulación de los artículos más regresivos de la anticonstitucional “ley mordaza”.Medidas ampliamente reivindicadas pero que no cuestan dinero, no afectan a las corporaciones del IBEX35, ni son en absoluto suficientes.

El verdadero respaldo popular a este gobierno va a depender por lo tanto de si –como plantea una brillante colega– gobiernan desde la S de socialista, resolviendo problemas sociales claves, mediante políticas solventes de empleo, mejora de jubilaciones y salarios, una fiscalidad más justa, planes de sostenibilidad del sistema de pensiones, programas de reducción de la pobreza e indigencia y de atención a las personas dependientes, y legislación de igualdad plena de género, entre otras. Si en cambio –en línea con gestiones anteriores– gobiernan solo desde la E de español de sus siglas, manteniendo el centralismo con algunas concesiones al independentismo catalán, mientras en el plano socioeconómico se limitan a una gestión gatopardista (cambiar algo para que todo siga igual), la protesta está asegurada. Los previsibles argumentos liberales relativos a los compromisos de austeridad con la Unión Europea, la subida de los tipos de interés, el aumento del precio del petróleo, o la caída del comercio mundial, serían rechazados por la población, pues son los pretextos que el PP usó durante su mandato y el mismo PSOE en 2011.

Para un verdadero programa de progreso será necesario anular la reforma del art 135 de la Constitución que prioriza el pago de la deuda, la regresiva reforma laboral (que copia Macri en su proyecto), la “ley mordaza” y la ley de Educación. Habrá que desarrollar una política de vivienda que garantice los derechos humanos –el de vivienda lo es–, y recuperar la sanidad y educación pública, en línea con lo que reclama Unidos Podemos. Esto se consigue con recursos obtenidos en la persecución del fraude y con una reforma fiscal que desgrave los salarios y los productos de primera necesidad y a la vez aumente los impuestos al capital y grandes fortunas, orientando las inversiones a la creación de empleo de calidad y a una transformación productiva que pudiese profundizarse si una alianza de progreso gana en 2020.

Algo similar podría hacer quien quiera ganar las elecciones en Argentina con legítimo apoyo popular, pues las políticas de Cambiemos en estos dos años y medio de gobierno tienen demasiadas coincidencias con las que aplicó el gobierno de Rajoy y apoyó Ciudadanos: nepotismo, auto condonación de deuda (“Correo”) y favoritismo a familiares en la concesión de la obra pública, intromisión en la justicia, control del congreso mediante intercambio de favores con sectores corruptos de la oposición, control de la prensa pública y privada, represión a la protesta social, en la que destaca el ensañamiento con los más pobres usando tácticas de la dictadura, como en el caso de La Garganta Poderosa.

Cambiemos imita en muchos aspectos la estrategia de Ciudadanos, reserva de la derecha para 2020. En primer lugar en que inicialmente atrajeron a votantes que creyeron en su falso discurso de renovación democrática y supuesto “centrismo” que venía a combatir la corrupción. Por otra parte, quemado Rajoy, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, representa el recambio para hacer la misma política neoliberal con una nueva figura. Cambiemos prepara a la gobernadora Vidal –corresponsable de las políticas de Cambiemos– como reemplazo del desgastado Macri, para volver a demostrar la capacidad de la propaganda, vendiendo un producto que nadie ha visto: el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

En la estrategia del macrismo cumple un papel clave la política de creciente deuda pública. Por una parte sirve para garantizar divisas para la bicicleta financiera propiciada por la alta tasa de interés con la que se intenta administrar las devaluaciones del peso frente al dólar, fuertemente demandado para la fuga de capitales al exterior ante el hundimiento de la economía. A su vez, las devaluaciones combinadas con la contención de los salarios nominales buscan bajar los salarios reales en dólares. El endeudamiento sirve además para financiar los desequilibrios fiscales causados por la eliminación de retenciones (que además de generar ingresos permitían contener la inflación al limitar la subida del precio de los alimentos empujados por los precios de exportación). La deuda financia también la política de obras públicas que beneficia a los socioamigos del gobierno y el déficit récord de la balanza exterior (incluyendo las importaciones de energía) provocado por la política de destrucción de las fuentes de producción y empleo local. La población lo paga con recortes en educación, sanidad, jubilaciones, y tarifazos en los servicios esenciales que pegan fuerte en trabajadores que cobran bajos salarios, que tenían un alivio en dichos subsidios. El recurso de Macri al FMI indica que el endeudamiento es insostenible a medio plazo, como se vio en España, que fue virtualmente intervenida por la “troika” compuesta por el FMI, BCE y Comisión Europea, y que ha justificado la política de destrucción económica y social de la “década perdida”. La deuda de 50 mil millones con el FMI –justificada con delirantes argumentos de “desendeudamiento”– la pagarán los argentinos con más ajuste del gasto social, más pérdida de poder adquisitivo, más desempleo y tarifazo y en un plazo no lejano con una nueva crisis como la de 2001. La eliminación de financiación del Banco Central al Tesoro equivale a una Convertibilidad II con tipo de cambio flotante o devaluaciones tipo “tablita”, camino a una virtual dolarización, que garantice al régimen dominante llegar a las elecciones de 2019 con una macroeconomía “estabilizada” a costa de desestabilizar las economías familiares. Los espectros de 1969 y 2001 empiezan a sobrevolar Argentina mientras el gobierno habla de un futuro idílico. La experiencia nos muestra que los paraísos neoliberales son paraísos fiscales offshore para su dinero, que suponen infiernos de miseria para los trabajadores.

Lunes, 18 de junio de 2018