El repentino cambio de gobierno abre un período incierto. Sánchez gobernará en minoría y con un Parlamento dividido entre el apoyo de Podemos, los reclamos independentistas y la promesa de una oposición dura encabezada por el partido de Rajoy.

Sin crucifijo ni Biblia por delante, por primera vez en España pese a ser un Estado aconfesional, un nuevo presidente juró su cargo ante el rey y la Constitución. Así decidió hacerlo Pedro Sánchez, el primero también en tumbar a un gobierno con una moción de censura. Ayer por la mañana el Palacio de la Zarzuela albergó la toma de posesión del socialista, con la presencia del mandatario saliente, Mariano Rajoy, a quien el viernes el Congreso destituyó con el voto de todas las formaciones excepto el Partido Popular y Ciudadanos. De ahí Sánchez se dirigió al que ahora es su despacho en la Moncloa para, también por primera vez en la historia del país, deliberar cuál será su equipo de gobierno, cuando lo normal sería llevar a cabo inmediatamente el anuncio de sus ministros.

En esta ocasión todo es diferente, porque la coyuntura en la que se dan los hechos también lo es. En tan solo una semana, el líder del Partido socialista (PSOE) consiguió desbancar al anterior presidente con la propuesta de una moción de censura votada en tiempo récord a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional confirmando la vinculación del Partido Popular (PP) a la trama corrupta Gürtel. El vertiginoso cambio de mando del Estado no dio suficiente margen a Pedro Sánchez para configurar su programa de legislatura ni la lista de nombres que lo intentarán llevar a cabo. Se espera que a lo largo de la semana el nuevo gabinete ya esté decidido y también más avanzadas las negociaciones con el dispar grupo de formaciones que apoyaron la censura a Rajoy.

De momento, más incógnitas que certezas. Empezando por la duración del mandato –que aún no se sabe si será de dos años, para completar la legislatura truncada del PP, o si antes se convocarán elecciones– y continuando con la ardua tarea de aunar posiciones ante temas tan controvertidos como la autodeterminación de Cataluña, los presupuestos generales o la derogación de leyes aprobadas por el anterior gobierno como la de educación o trabajo. Los números no juegan a favor del nuevo gobierno, dada la precaria proporción de diputados que tiene el PSOE, solo 84 de 350. Junto al resto de fuerzas que lo apoyaron para echar a Rajoy –Podemos, Esquerra Republicana, Partido Europeo Demócrata Catalán (PdeCat) y Partido Nacional Vasco (PNV)– los socialistas cuentan con una ajustada mayoría de 180 parlamentarios, pero los 170 restantes del PP y Ciudadanos no les pondrán fácil su voto a favor. Por eso, la pretensión que en las últimas horas manifiesta tener el nuevo presidente de prolongar la actual legislatura por lo menos un año –hasta después de las elecciones municipales, regionales y europeas de mayo del 2019– nadie sabe si será factible o, por el contrario, habrán de convocarse unos comicios anticipados.

Las prioridades que a día de hoy se desprenden del discurso de Sánchez ante el Congreso se centran en la aprobación definitiva de los presupuestos generales promovidos por Rajoy y vetados por los propios socialistas hace poco más de una semana. Ahora el PSOE tendrá que ejecutar unas cuentas tachadas por ellos y por Podemos de “antisociales” para cumplir con la promesa hecha a los nacionalistas vascos durante el debate de la moción. En esta línea el flamante jefe del Ejecutivo se plantea confeccionar cuanto antes los presupuestos para el 2019 para fijar un nuevo techo de gasto en el que se verá cómo encajan sus intenciones de respetar escrupulosamente los acuerdos con la Unión Europea con la premisa defendida a capa y espada por el grupo de Pablo Iglesias de no usar la estabilidad presupuestaria dictada por Bruselas como guía. La posibilidad, en cualquier caso, de un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos no parece estar entre los planes de Sánchez pese al estallido de emoción al grito unánime de “¡sí se puede!” que siguió a la votación que derrumbó a Mariano Rajoy. Tanto Sánchez como la portavoz del grupo socialista, Margarita Robles, repitieron hasta la saciedad que el Gobierno “será del PSOE”, aunque Pablo Iglesias proclamara el viernes– tras la aprobación de la moción de censura– su deseo de que “las elecciones sean en 2020 con un gobierno fuerte, sostenido por 156 diputados”.

Si el nuevo presidente sigue con las intenciones plasmadas en enero por su partido en un decálogo de “acuerdos de país”, los primeros pasos de sus legislatura deberían ir dirigidos hacia la reforma de la ley de pensiones, las precariedad de las actuales condiciones laborales y la anulación de la tan criticada ley de educación del ex ministro Wert. Mientras el gobierno de Rajoy se vio obligado por los multitudinarios reclamos de los jubilados a incrementar entre el 1,6 y el 3 % las prestaciones, Sánchez habló en el debate del jueves de “impulsar un debate sereno sobre el futuro de nuestro sistema público de pensiones”, siempre matizando que “hay que ser conscientes del contexto y la complejidad en la que se va a desarrollar la tarea de este Ejecutivo”. Asimismo el líder socialista defendió la idea de un “pacto de rentas” para mejorar los sueldos y la temporalidad de los contratos, una característica generalizada de los empleos en España tras la reforma laboral del PP, al tiempo que se comprometió a promover una nueva ley de igualdad salarial contra la brecha de géneros.

Con respecto al conflicto con Cataluña, Pedro Sánchez se mostró dispuesto a “restablecer el diálogo” con el nuevo Govern de Quim Torra, que ayer tomó finalmente posesión tras cambiar el nombre de sus consejeros por otros sin procesos judiciales en marcha, tal como le exigió el anterior Ejecutivo central. “Presidente Pedro Sánchez, hablemos. Tomemos riesgos ustedes y nosotros y negociemos de gobierno a gobierno. Esta situación no puede alargarse ni un día más”, pronunció Torra en el acto que tuvo lugar en Barcelona solo unas horas después de la jura del nuevo primer mandatario en Madrid. Pero justamente este posible acercamiento entre los independentistas y el Ejecutivo socialista es el arma de peso que el PP, ahora en la oposición, y Ciudadanos usarán en su contra para achacarles una alianza “con los separatistas”.

Albert Rivera advirtió al PSOE tras la moción de censura del viernes que los tendrán “en frente” si Sánchez pretende “levantar la aplicación de la Constitución” –por el artículo 155 que mantiene intervenida Cataluña gracias al acuerdo entre Ciudadanos, PP y socialistas– o “pactar” con los partidos independentistas. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, tampoco se quedó corto con las amenazas y acusó a Sánchez de “poner en jaque la unidad de España al mendigar para su investidura el apoyo de los independentistas”. Nada quedó en pie tras el terremoto político de los últimos días, ni siquiera la estrecha sintonía entre los partidos de derecha, Ciudadanos y el PP, que también se vio agrietada con declaraciones como la del portavoz del grupo de Rajoy, recriminando a los de Rivera por “deslealtad” y “haber sostenido acusaciones falsas contra el Gobierno que han contribuido a desestabilizar”.

Domingo, 3 de junio de 2018