En el contexto de la causa judicial en el que se condenó a ocho años de prisión a Enrique Ricardo Dell’Orto, por el delito de trata de personas por haber administrado un prostíbulo en el que se explotaba sexualmente a mujeres, el Ministerio Público Fiscal Federal solicitó que “se testimonie copia de la causa, y se remita a la instrucción a efectos de investigar la comisión o no de delitos por parte de la Municipalidad de la localidad de Ituzaingó”.

Lo que se trata de establecer es la posible existencia de protección política al dueño del prostíbulo que estaba ubicado en la calle Laprida, entre Formosa y Tucumán, a unos 500 metros de la Ruta nacional Nº 12, de la localidad ubicada a 231 kilómetros al Norte de la Capital correntina. Según consta en la causa, el imputado “obtuvo habilitación municipal del establecimiento ‘Eros’ en el rubro whiskería desde el 13 de junio de 2005 (...) sucediéndose en el lugar las inspecciones”. La posible relación entre el imputado con los funcionarios locales surge además de las declaraciones volcadas en la causa en que dan cuenta de que el dueño del prostíbulo “tenía un ‘arreglo’ con los de la Municipalidad”. Estos datos llegaron al Fiscal General Federal, Carlos Schaefer, a pedir que se investigue la posible existencia de delitos cometidos por el Municipio de Ituzaingó. La solicitud fue realizada en el debate oral y público que culminó el miércoles y en el que se condenó a Enrique Ricardo Dell’Orto. En ese proceso, en concordancia con lo solicitado en sus alegatos por Schaefer y la Auxiliar Fiscal, Gabriela López Breard, el Tribunal Oral Federal de dicha jurisdicción condenó al dueño y encargado del prostíbulo que funcionaba en Ituzaingó por el delito de trata de personas agravada, en virtud de haber captado, recibido y acogido, al menos, a tres mujeres en situación de vulnerabilidad, para ser explotada en el local nocturno. En el debate oral colaboró también la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La Fiscalía destacó en el alegato que un informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dio cuenta de la situación de vulnerabilidad y explotación en que se encontraban las víctimas, ya que ninguna había finalizado el nivel educativo formal; transitaron situaciones de precariedad económica desde pequeñas; tuvieron experiencias laborales informales y precarias y contaban con niños a cargo. Una de ellas, además, había inmigrado desde Paraguay de donde habría escapado de una situación de sometimiento similar a la que volvió a padecer. Los desplazamientos implicaban la necesidad de residir en el prostíbulo, por carecer de los medios económicos para costear un alojamiento.

Viernes, 1 de junio de 2018