A pesar de los TARIFAZOS, la Dirección Provincial de Energía (DPEC) sigue sin depositar los aportes y contribuciones de los trabajadores en IPS y IOSCOR, con un pasivo que llevas cerca de dos décadas. “350 millones que no se depositaron para la Obra Social y la Jubilación de los trabajadores”, acusó el diputado justicialista Martín Barrionuevo, sus datos no están muy alejados de la realidad. La DPEC, más allá de la tremenda ayuda del gobierno de Mauricio Macri, está totalmente quebrada.

Un informe de 1588, pasó prácticamente desapercibido cuando se conoció 5 días de las elecciones del 8 de octubre de 2017. Allí se daba cuenta que la entidad energética hasta diciembre de 2016, tenía un rojo de más de 460 millones de pesos.


La decadencia de la empresa estatal más importante de la provincia se inició con la tristemente célebre intervención federal de Ramón Mestre y Oscar Aguad con su timba financiera asentada en los bonos CECACOR en el año 2000. Nunca más más pudo respirar económicamente.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó en 2013 reintegrarles a los usuarios facturas mal cobradas en el tarifario 2008. No solo que nunca devolvió el dinero, sino que el propio Vaz Torres salió a los medios de prensa a aseverar que jamás lo harían.


Alrededor de 1900 millones de pesos (1870.743.373,56) es el rojo acumulado de la DPEC en el último lustro. La condonación aplicada por el gobierno de Mauricio Macri en el Presupuesto nacional 2017, a la deuda de $1393 millones que el organismo energético correntino tenía con la Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (CAMMESA), logró sacarla de la quiebra total. A este inmenso pasivo se le sumaban hasta su balance de 2016 unos $461.739.831,81 de deudas sociales (aportes y contribuciones laborales) que debe al IPS y al IOSCOR. La acción continuó en el 2017, cuando la cifra trepó a los $810.048.017, 86. Todo corresponde a dinero que le cobraron a los usuarios como a las retenciones salariales de los trabajadores, y que por una u otra razón, no terminaron haciendo caja en la entidad de la peatonal Junín. Desvío de Fondos, mala gestión, o una posible fuga de capitales, integrarían la trilogía de interrogantes sobre la entidad intervenida ahora en manos de un apadrinado de José Enrique Vaz Torres, su coterráneo, Alfredo Aun. Diario 1588



Martes, 15 de mayo de 2018