Jordi Turull no consiguió los votos de la CUP y por eso volverá mañana al Parlamento catalán para buscar la mayoría simple necesaria para asumir. Pero el Tribunal Supremo podría enviarlo hoy a la cárcel.

A la tercera no va la vencida, al menos no en Cataluña. Jordi Turull, número tres de la lista de Carles Puigdemont y tercer candidato propuesto por los independentistas a la presidencia de la Generalitat, se sometió ayer al Debate de investidura en la Cámara regional pero no pudo asumir su cargo al no contar con la mayoría absoluta de 68 escaños, sino con los 64 de Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat). El partido independentista CUP no le dio a Turull el sí de sus cuatro diputados y, por tanto, quien fuera consejero de Presidencia durante el anterior gobierno de la Comunidad tendrá que volver al hemiciclo mañana para intentar convencer, en esta ocasión, no a una mayoría absoluta sino simple, es decir, más votos a favor que en contra. De no conseguirlo, la cuenta regresiva hacia unas nuevas elecciones se pondría en marcha, con un lapso de dos meses para que los partidos acuerden otro candidato.

El hombre elegido por Junts per Catalunya- la formación de Carles Puigdemont- y Esquerra Republicana gracias a un pacto in extremis este miércoles, cuando se hizo pública la renuncia del candidato anterior- el activista encarcelado, Jordi Sánchez- no convenció a la tercera fuerza que conforma el bloque independentista con mayoría de escaños tras las elecciones del 21 de diciembre. La CUP mantuvo en suspenso su resolución hasta una hora antes del pleno celebrado ayer y, finalmente, en un comunicado confirmó su postura negativa a cualquier plan que no sea el de la desobediencia y la implantación de la república catalana. “La propuesta de programa de gobierno de JxCat y ERC no avanza en la construcción de medidas republicanas ni sociales”, anunció la CUP, dando portazo a las ofertas hechas estos últimos días por los otros dos partidos independentistas para conseguir su apoyo.

Efectivamente, el candidato a la presidencia de la región no hizo referencia alguna a la “república catalana” ni mostró la más mínima intención de desobedecer a las autoridades estatales sino más bien todo lo contrario, ofreció “una mano tendida” al Ejecutivo de Mariano Rajoy. “Después de la victoria incontestable de las fuerzas independentistas vuelvo a hacer una llamada al diálogo con el gobierno español. Alguien dirá que es golpear en hierro frío, pero tendremos siempre la mano tendida”, aseguró, en clara apelación a los reproches del sector más radical secesionista.

Jordi Turull habló frente al hemiciclo durante poco más de una hora, subrayando que él no debería ser el candidato a presidir la Generalitat, sino Carles Puigdemont o Jordi Sánchez, los dos dirigentes postulados previamente pero que renunciaron para evitar la cárcel. El veterano político catalán–siempre en las filas del partido conservador nacionalista que ahora encabeza Puigdemont desde Bruselas– dijo aceptar “el desafío” porque prefiere “ser víctima de la injusticia que agachar la cabeza” y volcó en el atril una larga lista de halagos al pueblo catalán, del que se siente muy orgulloso, principalmente, por su “pacifismo”.

La principal promesa que Turull lanzó al Parlamento fue la de terminar con la intervención del Ejecutivo de Rajoy en el autogobierno regional desde noviembre –tras la declaración unilateral de la independencia de Carles Puigdemont– y recuperar las instituciones catalanas cuanto antes. “Podemos deshacernos de las garras del 155”, proclamó el candidato de la Generalitat, en referencia al polémico artículo de la Constitución que el Partido Popular, en acuerdo con los socialistas y Ciudadanos, pusieron en marcha y que ya anunciaron en numerosas oportunidades que no se levantaría si quien aspira a la presidencia catalana no está libre de procesos judiciales.

Desde el denominado “bloque constitucionalista” y desde Catalunya en Comú, la coalición de Podemos y el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el rechazo hacia el candidato independentista fue absoluto con el voto en contra de sus 65 diputados en el Pleno celebrado ayer en la capital catalana. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, remarcó que el ex conseller formó parte del núcleo duro que diseñó el referéndum de autodeterminación y la declaración unilateral de independencia y, por tanto, “no puede ser la solución porque fue parte del problema, fue protagonista del choque institucional y la ruptura”. La diputada del partido que obtuvo mayor número de votos en las elecciones de diciembre, le recriminó a Turull “no haber reconocido su error, ni haber dicho que va a cumplir la ley” en su discurso de ayer, así como el no reconocer que “la independencia era una mentira” y el “haber decepcionado a todos, tanto a los independentistas como a quienes rechazan la separación de España”.

Pero no solo fue el escepticismo hacia la hoja de ruta marcada por los secesionistas lo que llevó al rechazo de Jordi Turull por parte de la CUP, Catalunya en Comú y el bloque constitucionalista, también fue la forma en que se precipitó un debate de investidura que estaba previsto, como temprano, para dentro de una semana, lo que motivó la crítica generalizada. La urgencia con la que el presidente del Parlament llevó a cabo la ronda de consultas con los partidos y el anuncio de la fecha- todo en menos de 24 horas- surgió de la necesidad de adelantarse a la citación judicial que Turull tendrá hoy, viernes, y en la cual podría ser enviado nuevamente a prisión preventiva, algo que los partidos no independentistas ven como un uso partidista del Parlament y la CUP como “un condicionamiento del quehacer político de Cataluña a la acción represiva del Estado”.

Jordi Turull es uno de los veintiocho acusados de rebelión, sedición y malversación en la causa que investiga el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, vinculada a la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Junto con el ex vice president de la Generalitat, Oriol Junqueras; el ‘exconseller’ de Interior, Joaquim Forn; el ex presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez y el líder de otra importante entidad independentista, Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; el candidato al gobierno de Cataluña pasó un mes en la cárcel y fue liberado bajo fianza el 4 de diciembre, mientras que el resto continúa aún en prisión.

Hoy se espera que el juez Llarena haga público el auto de procesamiento donde concretará qué delitos considera que cometió cada uno de los imputados y además decidirá si envía al centro penitenciario de Madrid a seis personas más, entre las cuales podría estar Jordi Turull. En ese caso, su inhabilitación para ejercer cargos públicos sería inminente y la investidura de un President para Cataluña quedaría, una vez más, en el aire.

Viernes, 23 de marzo de 2018