Se trata del primer femicidio del año que generó versiones cruzadas sobre la causa de la muerte como también de la vida y la familia de la joven. A un mes del asesinato, denuncian el mal desempeño judicial en lo civil que decidió separar de forma provisoria a la madre de la adolescente de sus otros hijos y nieto.

El pasado 2 de enero, Irina López murió desangrada tras una feroz violación. Así lo determinó la investigación del hecho. Tenía 15 años y fue encontrada por su madre en una de las piezas del inquilinato donde vivía en el barrio San Marcos. Por el hecho hay cinco hombres detenidos y una mujer. Desde ese entonces, circularon múltiples versiones sobre las causas de su muerte, pero lo cierto es que Irina, no soportó “el violento acceso carnal que sufrió”, como ninguna persona soportaría por más robusta que sea. Así lo afirmó el abogado que representa a Griselda López, madre de la joven, Alberto Salvador Pischedda en diálogo con ellitoral.com.ar.

El hecho conmocionó a la opinión pública que, muchas veces, se detuvo en cuestionar a la víctima y a su familia y en poner en tela de juicio el vínculo de Irina con los hombres que la habían violado. También, se apuntó a la madre como posible responsable de lo ocurrido en base a los dichos del abogado defensor de los detenidos Sebastián Pardo quien, sujetó sus acusaciones en “testimonios de los vecinos de la familia”, así lo denunciaron en un comunicado el Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes.

“Estamos hablando de una víctima de femicidio y de una familia, ese tiene que ser el eje principal de este tema. Hay una mamá, un bebé y dos niños expuestos en esta situación”, afirmó Carolina González de Congénero y parte del Colectivo de Mujeres. Por su parte, Pischedda explicó, que más allá de lo que Pardo pueda suponer sobre la vida de la adolescente, la presunta "violación seguida de muerte no es justificada" y que, por las fotografías a las que pudo acceder en el expediente, queda totalmente descartada la idea de que la joven, tuvo relaciones de manera consentida.

El pasado 23 de enero, un grupo de policías se presentaron en el domicilio de Griselda con el fin de llevarse al bebé de Irina, y a sus dos hermanitos de 6 y 10 años. Según detalla el Colectivo de Mujeres, utilizaron como método el engaño, ya que les dijeron que se los llevarían al hospital. Sin embargo, la realidad era que por orden de la jueza Irma Domínguez los trasladaron a un hogar de menores por un plazo de 90 días aludiendo a que se encontraban en situación de riesgo.

De esta situación, Nora Maciel, apoderada y representante de Griselda en lo civil, explicó a este medio que la Justicia obró de manera apresurada sujetándose en “rumores y presunciones” ya que en un informe “socioambiental”, se apuntaba a la situación económica como un factor a tener en cuenta.

“La pobreza, no es un riesgo”, dijo Maciel y amplio esa idea explicando que si un niño se alimenta bien, asiste a la escuela, responde correctamente los estímulos psicológicos, no se encuentra en peligro. Ese fue el caso de los hermanitos de Irina. A su vez, aclaró que no es una solución separar a la familia, sino que al contrario es “el Estado el responsable de fortalecerla luego de un hecho de vulnerabilidad como el que atravesaron”.

Carolina Gonzalez, también apuntó al accionar judicial y comentó que desde lo ocurrido, no se le garantizó un abogado a la madre, como tampoco asistencia psicológica ni económica. “Ninguna puede estar entera después de un caso así”, expresó.

Para Maciel la Justicia actuó de “modo patronato”, en referencia una Ley de 1919 que fue derogada en el 2005 y permitía a los jueces decidir de forma discrecional sobre el futuro de menores que se encuentren en situación de abandono y pobreza. Aseguró que están trabajando para que esos 90 días puedan acortarse.

“Voy a esperar que la jueza Rosa Esquivel, actúe según su criterio de priorizar los vínculos y de restablecer a la familia”, afirmó. También aclaró que Griselda López no está siendo investigada ni imputada, de esa forma echa por tierra la idea de que estuvo involucrada en el hecho. “Yo veo a una madre preocupada por la vida de sus hijos”, añadió.

Así también Carolina Gonzalez pidió responsabilidad y seriedad para tratar el tema. “Necesitamos que la prensa deje de replicar teorías absurdas basadas en suposiciones e hipótesis. Se sujetan en la figura de Irina, de que era una madre adolescente y en esto hay responsabilidad del gobierno que hace 12 años no aplica la Ley de Educación Sexual Integral en Corrientes”, deslizó.

Desde el día del femicidio, el Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes se encuentra brindando asistencia y acompañando a Griselda. Así también días después organizaron una marcha para pedir Justicia y remarcar al gobierno correntino la urgencia de políticas de Estado para prevenir la violencia hacia las mujeres y el funcionamiento del refugio para contener a las víctimas.

El caso de Irina, fue el primero del 2018. Un día después, el 3 de enero la policía encontró en Curuzú Cuatiá el cuerpo sin vida de una mujer que se encontraba desaparecida desde el 24 de diciembre del 2017, por lo que ese año se registraron un total de 9 femicidios en Corrientes.

El pasado 31 de enero, Irina hubiese cumplido 16 años. Por ella, organizaron una misa donde la madre estuvo acompañada por las mujeres organizadas. Hoy, a un mes de su muerte, exigen Justicia y la inmediata restitución de los menores a su madre.


Viernes, 2 de febrero de 2018