La semana pasada, el Tribunal Federal de Corrientes concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a tres represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en esta capital, Goya y Paso de los Libres. Frente a este contexto, representantes de comisiones de Derechos Humanos de la provincia (Paso de los Libres y Goya) adelantaron que, además de presentar su oposición ante la Justicia, harán escraches sociales para que los vecinos conozcan los crímenes que cometieron las personas con quienes conviven en sus barrios.

En la tarde de ayer, referentes de Derechos Humanos de la ciudad de Corrientes comentaron a El Litoral que esperarán tener datos judiciales para poder avanzar en cuanto a pedidos formales a la Justicia y otras medidas como los “escraches sociales”.
“Hay algunos datos como direcciones que no tenemos precisión, sólo estamos conversando y estando en alerta con varios referentes de toda la provincia”, dijeron ayer a este diario.
Los genocidas que volvieron a sus casas son: el ex militar Rafael Julio Manuel Barreiro, condenado en agosto de 2008 a perpetua en el juicio por las desapariciones, secuestros y torturas en el ex Regimiento 9 de Capital; el represor Carlos Faraldo, un civil que operó para la dictadura cívico militar y que recibió dos condenas, a 25 años de prisión en julio de 2013 y a 16 años en junio de 2017 por la desaparición del estudiante Héctor “Pata” Acosta; Alberto Silveira Escamendi, ex militar condenado a 25 años de prisión por la causa “Panetta”, que en 2011 investigó desapariciones en Goya. Cabe recordar que más de la mitad de los represores en el país están gozando de prisión domiciliaria. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al ex jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Angel Etchecolatz, de 88 años. El ex represor vive hoy en una casa en la ciudad de Mar del Plata.


Miércoles, 10 de enero de 2018