Un estudio de investigadoras de la Universidad Nacional del Nordeste y Conicet, Mirian Miranda y María Alejandra Silva, revelaron la relación entre jóvenes en conflicto con la ley penal y el trabajo infantil en la provincia de Corrientes. De acuerdo con el análisis sobre el tema, comprobaron que “las enormes desigualdades regionales y los problemas de pobreza infantil extrema ofrecen condiciones para que el trabajo infantil y los jóvenes en conflicto con la ley penal aumenten”.

Una investigación comprueba que “las enormes desigualdades regionales y los problemas de pobreza infantil extrema en la provincia ofrecen condiciones para que el trabajo infantil y los jóvenes en conflicto con la ley penal aumenten”.



En esta investigación centran la atención “en niños soldados y la situación de los niños en conflicto con la ley penal de Corrientes”. En este sentido, remarcan que “se utiliza a niños como mulas de transporte en los barrios”.
“Se comprueba que las enormes desigualdades regionales y los problemas de pobreza infantil extrema de Corrientes ofrecen condiciones para que el trabajo infantil y los jóvenes en conflicto con la ley penal aumenten. Los niños son, al mismo tiempo, consumidores y entrenados para trabajar en la venta de droga”, advirtieron en el informe.
A la vez, precisaron: “El 59,7% de los jóvenes concuerda en que la droga es la causa por la cual la gente delinque, y prácticamente los mismos (58,2%) encuentran que los pibes se meten en la droga (datos a nivel nacional). También se verifica lo mismo en la provincia de Corrientes, donde informantes calificados del sistema penal lo confirman. De los datos de 2005 hasta la fecha se verifica el aumento creciente de niños y adolescentes adictos, siendo que algunos son derivados al Hospital San Francisco de Asís”.
El aumento de casos observados desde el sistema penal se vincula con lo demostrado de que el negocio crece, al punto de que hoy la Argentina es el tercer país exportador de cocaína y el segundo de metanfetaminas de América para el mundo. Con las rutas que siguen vigentes hasta el presente: la 11 y el río Paraná, para la marihuana que viene del Paraguay y Brasil; por el aire y las rutas 34 y 38, para la cocaína que viene del Perú y Bolivia.
En este contexto, las investigadoras señalan que “se observa lo mismo que a nivel nacional, la discusión sobre la edad límite de imputabilidad de los menores, como si fuese la panacea y solución de todos los males”.
Respecto a los determinantes económicos que generan condiciones de posibilidad para que niños, niñas y jóvenes participen de la explotación laboral de las dos formas (trabajo infantil y narcotráfico) recordaron que la pobreza alcanza al 40,1% del Nordeste, según datos oficiales.
“Del trabajo de campo se verifica que más allá de las medidas de protección impuestas por los órganos judiciales, no se han revertido las situaciones de riesgo en que se encontrarían los jóvenes, propensos a conductas antisociales, que demuestran el efectivo riesgo en el que se encuentran inmersos los adolescentes, denotando un panorama desfavorable, de alarma social y de alta vulnerabilidad, no continuando los tratamientos aconsejados luego de las externaciones de los Centros de Contención aludidos”.
Cabe señalar que la semana pasada publicaron, desde la Unne, una investigación sobre “Falencias en normativas para erradicar el trabajo infantil”.


Viernes, 22 de diciembre de 2017