“Lo primero para resolver el tema de los desaparecidos es actualizar los datos”, afirma Oscar Loyola, del Equipo Peruano de Antropología Forense. Las cifras no se actualizan desde hace más de una década.

Desde Lima

Comunidades campesinas arrasadas por uno y otro bando, cuarteles militares convertidos en centros clandestinos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, violaciones, fosas en las laderas de los cerros andinos, cuerpos arrojados a los ríos de la selva, fosas comunesque las autoridades no querían investigar, miles de desaparecidos, fueron dramáticamente frecuentes durante la guerra interna de los años 80 y 90. Conflicto armado que enfrentó al Estado y al grupo armado maoísta Sendero Luminoso, conflicto al que luego se sumó, como actor menor, el guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La población quedó atrapada entre dos fuegos. La violencia se concentró en las empobrecidas zonas rurales andinas, donde se registró el 75 por ciento de las víctimas.

Esos años de plomo dejaron 69 mil víctimas, según un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entregado en 2003. De estas víctimas, según organismos de derechos humanos, algo más de 15 mil son desaparecidos. La Fiscalía habla de 13 mil desaparecidos.

Cajas de cartón arrumadas, y olvidadas, en los depósitos del Ministerio Público guardan los huesos de cuerpos desenterrados que no han sido identificados y siguen como desaparecidos, mientras sus familiares esperan años la restitución de sus víctimas.

Como un paso para resolver este grave problema pendiente de los desaparecidos y la identificación de las víctimas de la guerra interna, el gobierno promulgó recientemente una ley que crea un Banco Genético. Este banco debe reunir información genética extraída de los restos óseos de los cuerpos encontrados en las fosas que se vienen desenterrando y del ADN de los familiares que han denunciado alguna desaparición, para cruzar esos datos e identificar a esas víctimas. Por ahora, el banco solamente existe en el papel.

“Las cifras que se manejan sobre desaparecidos no se actualizan hace más de una década, y hay información nueva sobre casos antiguos que no se conocían aparecida estos últimos años. Lo primero para resolver el tema de los desaparecidos es actualizar los datos”, le declaró a PáginaI12 Oscar Loyola, coordinar del área de investigación antropológica forense del Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf).

La dificultad para identificar los cuerpos desenterrados de personas asesinadas hace más de dos o tres décadas, la mayoría en alejadas zonas rurales donde el acceso a información precisa es complicado, es un grave problema. Un informe de la Fiscalía entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un proceso por tortura y desaparición señala que entre 2002 y octubre de 2016 se han exhumado 3 mil 528 cadáveres de distintas fosas, de los cuales solamente 2 mil 084 han sido identificados. “Información recabada por nosotros indica que entre 2002 y enero de 2017 se han exhumado 3 mil 623 personas e identificado 2 mil 125”, le señaló a este diario Pablo Rojas, dela Comisión de Derechos Humanos (Comisedh). Estos datos revelan que hay alrededor de mil quinientas personas asesinadas que han sido encontradas y desenterradas, pero todavía, después de varios años, no identificadas.

El desentierro de fosas clandestinas -que se estiman en algo más de cuatro mil según el informe de la CVR de 2003 y en unas seis mil de acuerdo con datos más recientes de Comisedh- continúan. Rojas afirma que no se conocen datos oficiales de las fosas ya desenterradas.

“Si funciona adecuadamente, el Banco Genético debe ayudar a identificar a las víctimas. Con su creación se ha expresado una voluntad política que saludamos, pero ahora hay que ver el presupuesto que se le otorga, la calidad de los técnicos que lo constituyan, la apertura que exista para un monitoreo internacional que ayude a un buen funcionamiento. Por supuesto que esto va a superar la actual situación, pero hay que mirar con detalle su implementación”, dice Rojas.

“Que el Banco Genético sea un importante avance dependerá de cómo funcione”, asegura Loyola. “No se trata -precisa- de cruzar masivamente toda la información de los restos recuperados con toda la información de los familiares y esperar que una máquina mágica nos dé un resultado de identificación. No es tan sencillo como eso. Debe haber una investigación forense previa para relacionar los cuerpos encontrados con un evento en particular y a partir de ahí comparar los perfiles genéticos de las víctimas con los de los familiares relacionados a ese evento, si no se encuentra correspondencia cruzar la información con otros casos asociados por cercanía geográfica o fecha y así ir avanzando. Obviar la investigación previa para ir a una comparación masiva cruzando todo con todo traería serios problemas. En los casos que no se obtenga identificación con ese método de cruce masivo, el haber pasado por alto la investigación forense previa dificultaría una identificación posterior. Hay muchos casos de hermanos desaparecidos en distintas fechas y una comparación masiva sin investigación previa podría permitir identificar la relación consanguínea, pero no saber a cuál de los hermanos pertenece el cuerpo encontrado”.

Loyola aclara que no se puede presentar el Banco Genético como la solución que va a permitir identificar a todas las víctimas. “Por el estado de descomposición de los restos óseos después de tantos años-indica el experto de Epaf- no se podrá sacar un perfil genético de todos esos restos, por lo que hay cuerpos que no podrán ser identificados por el Banco Genético. Además, hay muchos cuerpos que nunca aparecerán, que fueron arrojados a los ríos, que fueron calcinados”.

Martes, 5 de diciembre de 2017