Siete personas comenzaron ayer a ser juzgadas acusadas de haber lavado más de 50 millones de pesos por la comercialización de marihuana y que recibían como parte de pago automóviles de alta gama.
En la causa se sindica a Roberto Rodríguez -originario de Santa Fe- como el líder de la organización que legalizaba dinero del narcotráfico por medio de una concesionaria de vehículos instalada en la ciudad de Posadas.

Seis de los siete imputados de la causa se abstuvieron de declarar en el inicio del debate. Se los acusa de haber puesto en circulación más de 50 millones de pesos obtenidos por la comercialización de marihuana.


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El resto de los imputados son Santa Aquino, una santafesina que estaba radicada en la ciudad misionera de Candelaria; Griselda Sosa, bonaerense con domicilio fijado en Posadas; y Daniela Villalba, oriunda de la localidad chaqueña de Villa Angela, aunque está domiciliada legalmente en la localidad chaqueña de Barranqueras. En esa provincia también están domiciliados José Glibota -otro de los imputados-, María de los Angeles Herrera y Rosa Ramos, aunque esta última estaba radicada en Moreno, provincia de Buenos Aires.
El debate se inició ayer a la mañana en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El cuerpo tribunalicio está compuesto por el juez Víctor Alonso, secundado por Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni.
En representación del Ministerio Público se encuentra el fiscal general Carlos Schaefer, con la asistencia de los funcionarios de la Procuraduría Contra el Lavado de Activos y la Unidad de Investigaciones Fiscales. Se dio lectura al requerimiento de la elevación a juicio de la causa y se conocieron las pruebas que existen contra los imputados.
Seis de los acusados decidieron abstenerse de declarar en el inicio del juicio. Sin embargo, Roberto Rodríguez manifestó estar en condiciones de hacerlo. El Tribunal decidió postergar su testimonio para hoy a la mañana. Cabe recordar que los enjuiciados fueron procesados el año pasado en el contexto de la causa 12.000.024/2012. Los siete están acusados de “la puesta en circulación de dinero en efectivo del narcotráfico”.
En este contexto se lo imputó a Rodríguez de, “en nombre propio, mediante la utilización de personas físicas y jurídicas interpuestas y a través de las firmas sociedades RR Vip Automotores y Corralón Cerro Corá, Emsetur, y el Complejo Tangará operaciones financieras, compraventas reales y simuladas, constitución de sociedades de apariencia real sin actividad alguna, mediante las cuales fueron puestos en circulación en el mercado bienes no declarados de origen ilícito; materializadas a través de hechos por interpósita persona”. Algunos de los vehículos incautados a la banda de Rodríguez fueron objeto de supuestas negociaciones ilegales realizadas por funcionarios judiciales que llevaban adelante la causa.

Miércoles, 29 de noviembre de 2017