El concejal de Perugorría, Gonzalo Gómez, se presentó ayer ante la Fiscalía de Curuzú Cuatiá para solicitar que se investigue si la actual intendenta incumplió con sus deberes de funcionaria pública al no informar sobre sentencias y convenios que podrían afectar a las finanzas comunales.

“Además del pedido de informes que se aprobó por unanimidad la semana pasada, tal como lo expresé en el recinto, considero que como concejales tenemos que actuar”, dijo el mencionado legislativo comunal a El Litoral. Es que, argumentó “además del embargo que se estaba aplicando en las arcas municipales por un fallo judicial que en total representaría casi $1.500.000; tenemos conocimiento que habría otra sentencia desfavorable para la Municipalidad que superaría los $2 millones”.
“Sobre la existencia de estas causas, y en especial porque podrían terminar afectando considerablemente la administración de los recursos municipales, la jefa comunal tendría que haber informado al Concejo”, agregó Gómez, quien aclaró que “además queremos saber qué sucedió con las maquinarias, si es verdad que éstas eran alquiladas o no. Si existió un acuerdo con una empresa privada, tampoco nos informó a los concejales”.
Por último, afirmó que cumplió con su deber que es ejercer el contralor de la gestión y “ahora será la Justicia la encargada de investigar para determinar si existió algún tipo de incumplimiento como funcionaria pública”.


Martes, 14 de noviembre de 2017