El gobierno de Mauricio Macri tiene previsto citar para el 8 de noviembre a todos los gobernadores a fin de plantearles un borrador de acuerdo que apunta a controlar el gasto público, reducir el rojo fiscal y ponerle límites al ingreso de nuevo personal estatal. Corrientes con más de 80 mil empleados públicos deberá reducir su planta de personal.

La Casa Rosada tiene preparado un borrador de acuerdo que piensa discutir con gobernadores y legisladores y que tiene como objetivo de fondo reducir el déficit fiscal y ponerle freno al gasto público en las provincias.

El pacto con los estados provinciales prevé fijarle límites muy precisos a los gobernadores en materia de posibles incrementos del gasto corriente primario, principalmente el salarial, sobre todo desalentando la incorporación de nuevos agentes a las dependencias públicas.

El periódico digital Infobae, en ese sentido, anticipa hoy el contenido de la propuesta que tiene preparada el equipo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Presentación el lunes

Las ideas vertebrales de ese documento serían presentadas el lunes próximo, cuando Mauricio Macri reúna a funcionarios, legisladores, gobernadores, empresarios y sindicalistas, en el Centro Cultural Kirchner, para exponer el plan de reformas estructurales que quiere llevar a cabo en la segunda mitad de su mandato.

El proyecto sobre el gasto público de las provincias aspira a que las provincias tengan un margen de maniobra claramente definido en cualquier decisión que afecte a los gastos corrientes. Por ejemplo, la Nación quiere que haya un compromiso firmado de que no se incrementará la relación actual entre cantidad de empleados públicos y cantidad de habitantes de cada distrito.

Eso haría que la plantilla de personal estatal sólo pueda aumentar a la par de la evolución demográfica de cada provincia. Sólo aquellas jurisdicciones con superávit fiscal quedarían habilitadas a efectuar incorporaciones de agentes por encima de ese parámetro.



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Límites bien definidos


En cuanto a los gastos corrientes en general (el salarial es una parte de él), la idea de la administración macrista es que cada año no pueda aumentar más que el índice nacional de variación de precios al consumidor, una manera de lograr que la masa salarial de cada provincia crezca únicamente por mejoras de sueldos acordadas con los gremios (asimilándolas a los valores inflacionarios) y no por designaciones masivas de nuevos empleados.

El plan también apunta a mejorar los niveles de eficiencia en las recaudaciones tributarias y a limitar los niveles de endeudamiento de las jurisdicciones.

Quienes no cumplan con las pautas que se fijen, quedarán expuestos a sanciones como pérdidas de avales y de transferencias federales.

Jueves, 26 de octubre de 2017